“La violencia contra periodistas compromete a la libertad de expresión y a la democracia”
CIDH
Esta semana la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertaba sobre uno de los graves efectos derivados de la violencia contra periodistas, el cual consistente en su preocupante normalización. Es por eso necesario, combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia.
Ciertamente, la región latinoamericana este es un problema cada vez más constante. Tan solo por recordar, en 2008, el entonces presidente ecuatoriano gustaba con calificar como “sicarios de la tinta” a quienes escribieran en los diarios opiniones contrarias a su gestión gubernamental. O bien, en el caso Perozo y otros. vs. Venezuela, seguido ante la Corte IDH, por actos violentos de particulares contra el canal de televisión Globovisión, a partir, de un discurso del público airado.
Y sin embargo, resulta ser todo lo puesto, realmente, la obligación de los distintos niveles de gobierno es, el de requerir a los funcionarios y las funcionarias públicos, para que se abstengan de realizar declaraciones que expongan a periodistas y trabajadores de medios de comunicación a un mayor riesgo de actos de violencia (CIDH, 2013).
Además, como señala la Corte IDH (2006), se necesitan de mecanismos de prevención, y, sobre todo, de medidas para resolver algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas, desde luego, combatir la impunidad.
Otro punto nodal, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2013), está en recordar, a los distintos niveles de gobierno, la obligación de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación.
Aquí, en este punto, debe estar incluida la capacitación de funcionarios públicos, y muy en especial las fuerzas policíacas y de seguridad, a fin de abstenerse de cualquier acto de hostigamiento. Cabe recordar, la experiencia latinoamericana recogida en el caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, los hechos derivan del ataque a un camarógrafo por miembros del Ejército Nacional, tras capturar imágenes de los militares agrediendo a personas que participan en una manifestación (Corte IDH, 2012).
En sentido contrario, vale la pena ejemplificar como una buena práctica pública, el ejercicio de la alcaldía de Nueva York, que instruyó a los miembros policiacos a no interferir en el trabajo de los periodistas, cuando registran incidentes ocurridos en lugares públicos mediante grabadoras de video o cámaras fotográficas (2011).
De momento se agotan las líneas de mi espacio editorial. Las y los espero el próximo viernes, para analizar más implicaciones derivadas de la violencia a este sector social.
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