El pasado 30 de septiembre de 2025, en el auditorio de CANACINTRA San Luis Potosí, se celebró el 2º Foro de Seguimiento a la Reglamentación del Impuesto Ambiental en San Luis Potosí. Empresarios, especialistas, representantes gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil nos dimos cita para evaluar lo que ha significado, hasta hoy, este gravamen que, en teoría, nació para financiar la transición hacia un modelo más sostenible, pero que en la práctica sigue siendo percibido —y con razones sólidas— como una simple carga fiscal.
Los apuntes más claros que surgieron del foro apuntan en una misma dirección: el impuesto ecológico en San Luis Potosí se ha convertido en un lastre más que en un motor de cambio.
1.- Carácter meramente recaudatorio. Lo que se cobra como “impuesto ecológico” se gasta como recaudación general. No existe evidencia de que los recursos obtenidos se destinen efectivamente a proyectos ambientales.
2.- Opacidad y falta de transparencia. A la fecha, no existe información pública verificable sobre el uso de los recursos. La ciudadanía, las empresas y la academia desconocen por completo en qué se aplican los montos recaudados. Esta opacidad no solo mina la confianza, sino que también genera inseguridad jurídica.
3.- Carga duplicada para el sector productivo. El gravamen se suma a las obligaciones ambientales ya existentes en los tres niveles de gobierno, sin que exista una coordinación normativa ni incentivos claros.
4.- Desigualdad entre sectores. Se cobra igual a empresas limpias que invierten en procesos responsables que a aquellas altamente contaminantes. El mensaje es perverso: no importa si cuidas el ambiente o no, pagarás lo mismo.
Uno de los puntos más discutidos en el foro fue la incapacidad del impuesto, hasta ahora, de convertirse en un verdadero motor de innovación. La promesa inicial era impulsar proyectos de transición energética, eficiencia hídrica y reducción de emisiones. La realidad es otra.
• No hay reinversión ambiental. Lo recaudado no financia programas verdes ni tecnologías limpias.
• Los estímulos fiscales son letra muerta. Existen en papel, pero en la práctica no operan.
• Desconexión internacional. El impuesto no se alinea con los mercados de carbono ni con las metas del Acuerdo de París.
• Ausencia de participación. No se han generado mecanismos abiertos ni inclusivos de participación ciudadana y empresarial, en abierta contradicción con el espíritu del Acuerdo de Escazú.
• Efecto inhibidor. Lejos de atraer inversión verde, este esquema la ahuyenta al percibirse como un costo sin beneficios tangibles.
El debate no se quedó en la crítica. Se trazaron también propuestas concretas sobre cómo corregir el rumbo de cara al 2026, si realmente se quiere que el impuesto funcione como un incentivo a la innovación y la sostenibilidad.
1.- Crear un Fondo Verde Estatal transparente. Cada peso recaudado debe destinarse a proyectos ambientales verificables, con informes públicos anuales y con acceso ciudadano en tiempo real.
2.- Establecer incentivos diferenciados. Quien invierta en tecnologías limpias, economía circular o certificaciones ambientales debe recibir estímulos fiscales reales.
3.- Formar un Consejo Consultivo multisectorial. Empresarios, academia, sociedad civil y gobierno deben sentarse en la misma mesa para supervisar el destino de los recursos.
4.- Alinear con estándares internacionales. Diseñar el impuesto conforme a los principios de la OCDE y del Banco Mundial: equidad, eficiencia, transparencia, confiabilidad.
5.- Convertirlo en un impuesto correctivo. Que realmente aplique el principio “quien contamina paga”, en lugar de ser un simple impuesto recaudador.
6.- Plataforma digital abierta. Publicar en tiempo real montos recaudados y proyectos financiados, garantizando el acceso a la información.
7.- Planeación plurianual. Vincular la recaudación a metas claras de reducción de emisiones rumbo al 2030, en línea con la Ley General de Cambio Climático y el Acuerdo de París.
8.- Vinculación internacional. Usar lo recaudado como contrapartida para acceder a financiamientos internacionales (BID, Banco Mundial, Fondo Verde del Clima).
El foro dejó un consenso incuestionable: San Luis Potosí no puede seguir atrapado en un impuesto que se anuncia como verde pero que opera en gris. Si no se corrige, seguirá siendo una carga fiscal más, un freno a la competitividad y un desincentivo a la inversión.
En el 2026 habrá una nueva oportunidad. Que este impuesto deje de ser un simple renglón en la contabilidad de la Secretaría de Finanzas y se convierta en lo que debe ser: una herramienta para garantizar nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, a la competitividad responsable y al futuro de las próximas generaciones.
Delírium Trémens. ¿Nueva ley ambiental sin inventario de conflictos y sin consulta ciudadana como manda el Acuerdo de Escazú? Es como recetar cirugía mayor sin diagnóstico ni consentimiento del paciente: puro voluntarismo legislativo del Congreso del Estado, sin brújula y sin mapa.
@luisglozano