Los números son aparentemente fríos cuando hablamos sobre seguridad. Cuántos homicidios hubo, cuántas personas fueron secuestradas, cuántas mujeres asesinadas, cuántas extorsiones se denunciaron. Pero las cifras delictivas no son una abstracción. Detrás de cada una hay una víctima, una familia y una historia. Por eso importa la investigación que realizamos en Causa en Común sobre anomalías en las cifras delictivas (acortar.link/xJ1NNS). Revisamos diez delitos y construimos cinco alertas para identificar problemas en tres momentos fundamentales: el registro, la clasificación y la comunicación. En el fondo, la pregunta es sencilla pero decisiva. ¿Estamos utilizando las estadísticas para medir la realidad o para construir una narrativa sobre ella?
Una alerta no demuestra por sí misma manipulación o falsedad. Significa que existe una variación, discrepancia o patrón que necesita explicación. Hay estados donde determinados delitos disminuyen más de 80 por ciento e incluso entidades que reportan algunos en cero. Una caída extraordinaria puede ser una magnífica noticia, pero requiere una explicación extraordinariamente clara.
Las dudas aumentan al observar cómo se clasifican algunos delitos. Mientras en ciertos estados disminuyen los homicidios, aumentan los registros en categorías como “otros delitos contra la vida”. En otros, bajan los feminicidios mientras crecen los homicidios dolosos de mujeres. Esto no prueba una reclasificación deliberada, pero obliga a revisar qué ocurre. Cambiar una categoría estadística no cambia lo que le ocurrió a la víctima, pero sí cambia la realidad que percibe quien mira los datos.
El subregistro plantea el mismo dilema. Encontramos hechos documentados por medios, colectivos e incluso autoridades que después no aparecen de la misma manera en las estadísticas oficiales. Lo que no entra en la estadística deja de formar parte del diagnóstico, y lo que no aparece en el diagnóstico difícilmente se convierte en prioridad de política pública. Si un gobierno cree —o decide creer— que un delito prácticamente desapareció, ¿qué incentivo tendrá para destinar investigadores, policías o presupuesto a combatirlo?
También hay que mirar las desapariciones. Una persona desaparecida no puede considerarse automáticamente víctima de homicidio. Pero si los homicidios bajan mientras las desapariciones aumentan, no basta con celebrar una parte de la fotografía. El Estado debe mirar la realidad completa, incluso cuando contradice la narrativa más conveniente.
Ahí aparece el problema de la comunicación. Una cifra puede ser técnicamente correcta y, aun así, presentarse de manera engañosa. Elegir como referencia un mes excepcionalmente violento puede magnificar una reducción. Una disminución importante de homicidios merece reconocerse, pero exagerarla le resta credibilidad.
Las estadísticas públicas no deberían servir para que un gobierno demuestre que tiene razón. Deberían servir para saber qué está pasando, corregir políticas y exigir resultados. Cuando los datos se convierten en propaganda, dejan de ser una herramienta para gobernar mejor y empiezan a servir para contar una historia engañosa.
Por eso necesitamos auditorías independientes, criterios homologados para que las fiscalías clasifiquen los delitos de la misma manera y autoridades dispuestas a explicar las discrepancias. Cuando un homicidio se clasifica mal, una extorsión no se registra o una víctima simplemente no aparece en los números, no sólo se altera una estadística. Se modifica la realidad sobre la que el Estado decide actuar. Y ésa es quizá la consecuencia más grave. Una mala cifra no sólo puede engañar a los ciudadanos sobre el desempeño de un gobierno. Puede dejar a una víctima fuera de una investigación, de una prioridad pública y, finalmente, de la posibilidad de obtener justicia. Exigir cifras confiables es, antes que nada, una exigencia de justicia. Porque detrás de ese número que falta hay alguien esperando que el Estado lo vea.
(Presidenta de Causa en Común)