Los ingredientes están servidos pero no se sabe si serán mezclados, pues de hacerlo producirían un coctel altamente explosivo. La afirmación de que los cárteles de la droga mantienen "una alianza intolerable" con el gobierno de México, no es un exabrupto de Donald Trump. Es un párrafo contenido en un documento oficial del gobierno de los Estados Unidos -una Orden Ejecutiva- suscrito por su presidente. En su primer día de gobierno, el mandatario norteamericano firmó otro documento similar para declarar a los cárteles mexicanos como "Organizaciones terroristas extranjeras", que entre otras cosas autoriza a sus dependencias ejecutivas a combatirlos incluso en territorio de otros países. Los alcances de este mandamiento trumpiano son enormes, pues autoriza acciones punitivas contra cualquier persona, empresa, despacho o dependencia oficial que preste o haya prestado cualquier tipo de apoyo o servicios a los narcos.
No hay manera de racionalizar que la acusación de esa "alianza intolerable" se centre en la presidenta Claudia Sheinbaum, que recién ha cumplido cuatro meses en el cargo. Por lógica elemental ese grave señalamiento se refiere a los sexenios anteriores, comenzando por el de Andrés Manuel López Obrador y su terriblemente cuestionada estrategia de "Abrazos no balazos". A esto súmele usted que apenas un día después de que Trump aceptara diferir la aplicación de los aranceles, un avión espía y varios barcos de guerra del ejército norteamericano se hicieron presentes en las inmediaciones de nuestro territorio. Hay motivos para el nerviosismo en el noroeste y por los rumbos de Palenque. No está de más recordar quién impuso severas restricciones a la actuación de la DEA en nuestro país hace seis años.
En ratos pareciera que Ricardo Gallardo Cardona está convencido de que su adversario político más temible es Enrique Galindo Ceballos, y que consecuente con esa idea ha decidido echarle encima el caballo tantas veces como se pueda. Y aunque suene en clave de humor, también hay veces que queda la impresión de que el alcalde quiere matar de un coraje al gobernador. Ya lo vio usted con ese casi chusco episodio de las furias que se desataron porque Galindo se adelantó a anunciar un nuevo vuelo internacional. En ese contexto se inscribe también el triste papel de hombre de uso que han obligado a jugar al titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois. La revisión de las cuentas municipales del 2023 son un proceso inacabado. Tardará meses en que se diga la última palabra, lo que, si hay desacuerdos entre las partes involucradas, la dirá un tribunal.
Y para que vean ustedes que ninguna necesidad hay de inventar nada, ya que incluso cosas tan extrañas como eso de que uno quiera matar a otro de un coraje son ciertas, le cuento que recientemente se presentó ante un juzgado de distrito la controversia constitucional que promueve el Ayuntamiento de la capital contra el decreto aprobado hace algunas semanas para modificar el uso del suelo de los terrenos desocupados en la Zona Industrial, que promovió el gobierno de Gallardo Cardona. Son lotes que vendidos para instalar hoteles, restaurantes, bancos, consultorios, etcétera, valen muchos millones de pesos, que tanta, tantísima falta le hacen a las arcas estatales. En unos días el juez de la causa determinará si la admite o la rechaza.
Dijimos aquí mismo la semana pasada, que el secretario de Seguridad Pública del estado, de quien depende el sistema carcelario, faltó flagrantemente a la verdad cuando declaró que las internas que se estaban trasladando de La Pila al reclusorio femenil de Xolol, en Tancanhuitz, estaban ya sentenciadas. Comentamos que para no quedar en falta, tan sencillo como proporcionar las cifras correspondientes. Se hizo el desentendido, y ahora se verá porqué: al martes pasado, de las 115 mujeres privadas de su libertad en Xolol, únicamente 30 ya están sentenciadas. Las demás, trasladadas en distintos momentos del último año y medio, siguen procesadas. En La Pila, hay 55, de las cuales sólo cuatro han sido sentenciadas. Si Ruiz Contreras sigue pensando que con una visita patrocinada al mes se sustituyen las dos visitas semanales aquí, que le pregunte a su jefe por qué su familia desembolsó tantísimo dinero para que lo cambiaran de Hermosillo a Ocampo, no obstante que podían viajar a visitarlo una vez a la semana. Qué memoria tan flaca.
Sobre esta misma temática, recibí un dato que no he podido confirmar. Lo publico porque es algo que en otros tiempos podría sonar disparatado pero que con el estilito de la actual se vuelve verosímil. Me dicen que el afán de vaciar el área femenil de La Pila no tiene nada qué ver con cumplir recomendaciones académicas como se ha querido hacer creer desde el gobierno. La verdad, me dicen, es que se quiere disponer de ese espacio para remodelarlo y crear una especie de área VIP, con todo tipo de comodidades, para alojar ahí, mediante un buen entre y una renta mensual, a reclusos con posibilidades económicas. No es de dudarse, ya ve usted que hasta los excusados de la feria son un filón de ingresos sucios.
El miércoles de la semana pasada ocurrió algo muy interesante en el Congreso del Estado: la aprobación en el pleno para aumentar del 3.0 al 4.5 por ciento el impuesto local sobre consumo de bebidas alcohólicas se logró con únicamente 15 de los 27 votos posibles. Votaron a favor los 9 diputados verdes, los cuatro petistas, el de Nueva Alianza y, sorprendentemente, el de MC. Los doce restantes se abstuvieron, se ausentaron o, los menos, votaron en contra. Llamo interesante al suceso porque lo normal había sido que incluso cuestiones delicadas y políticamente contraproducentes se aprobaran con mayorías abrumadoras, si no es que unanimidades. ¿Qué pasó esta vez? Confluyeron varias cosas que les cuento la próxima semana, pero por lo pronto quedó en claro que El Inútil es cada vez más inútil, y que ya ni con arcas abiertas y plazas laborales por mayoreo para los cuates de los diputados le alcanza para cumplir su chamba.
El cinismo exhibido por nuestros señores diputados, si no todos sí la mayoría, ya raya en la ofensa. Por si no lo saben, en todos los parlamentos, congresos o asambleas legislativas del mundo hay integrantes que viven en lugares distintos a la sede de su cargo, en muchos casos a grandes distancias, y en ninguno, que yo sepa, se han abandonado las sesiones presenciales para sustituirlas por las videoconferencias (salvo en circunstancias muy especiales). Si lo que buscan son pretextos para echarse la güeva, más de lo que ya lo hacen, de perdido que se busquen otros menos estúpidos.
Muy discretamente, sin hacer el menor ruido, por lo menos dos de los involucrados en el llamado Fraude del Siglo en la Dirección de Pensiones ya recuperaron su libertad, y según ha trascendido les salió bastante barato. Como se recordará, la cifra más mencionada en ese ilícito fue por 700 millones de pesos, aunque en algún momento se llegó a hablar de más de dos mil millones. Hasta donde ha sido posible saber, uno de los liberados -banquero y cerebro financiero de la operación- logró que lo dejaran irse a su casa mediante el desembolso de 30 millones de pesos. No está del todo claro si fue un pago resarcitorio del daño causado o un depósito por fianza. Del otro beneficiado lo único que se sabe es que se trata de un pariente del anterior director de la dependencia, Oziel Yudiche. No nos sorprendamos si una vez más se confirma que este gobierno tiene más espíritu centavero que justiciero.
Gente con acceso a los círculos donde se manejan estas cosas, recientemente ha esparcido la especie de que para garantizarse un futuro post 2027 lo menos azaroso posible, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya tiene un plan B. Según esto, si por cualquier razón le resultara imposible imponer un sucesor o sucesora a modo, alguien que irreductiblemente asumiera su defensa a partir del séptimo año, dejaría la gubernatura unos meses antes del final de su sexenio para postularse como candidato a diputado federal, con el fuero que trae aparejado. Luego, nos dicen, en el 2030 iría al Senado para asegurarse otros seis años de protección. No suena descabellado, aunque llegado el caso la decisión de esas alternativas no quedaría totalmente en manos de RGC, pues como es sabido en nuestro país el monopolio del registro de candidaturas a cargo de elección popular lo tienen las dirigencias nacionales de los partidos políticos. Es decir, tendría que haber amarres con los verdaderos mandamases del PVEM, llámense Niño Verde o Manuel Velasco. Igual y ya se están frotando las manos.
El cambio de la prisión preventiva por el arresto domiciliario que recientemente otorgó el juez al doctor Miguel Ángel Lutzow, tiene su principal sustento en la improcedencia de las pruebas de cargo presentadas por la Fiscalía General del Estado, lo que apunta a su probable absolución en algunos meses más. La pregunta, para la que ofrezco tener pronto una respuesta fiable, es si en el caso de ser declarado inocente, luego de casi tres años de prisión, el extitular de los Servicios de Salud quedaría en posibilidades de demandar a la Fiscalía o al Ejecutivo estatal por una indemnización que repare en algo los estragos causados a su vida profesional, personal o familiar. No tengo el gusto de conocer a Lutzow, pero sí a varias personas que lo conocen bien y no hay una que dude de su inocencia ni de su condición de víctima de una marranada. Tengo idea que ante los perjuicios que le han causado, podría demandar por una muy elevada suma.
Rescato del tintero algo que ya tiene un mes de rezagado. William Shakespeare es una de las cumbres de la literatura universal no sólo por su manejo del lenguaje sino también porque inventó palabras que enriquecieron el idioma inglés. Los eruditos dicen que más de 2 mil 500. Muchas de ellas, 400 años después, han llegado hasta nuestros días. Pues con la novedad que ya le surgieron émulos en estas gloriosas tierras. Uno inventó el vocablo "desgraciante" y el otro el de "desgobernabilidad". ¡Qué orgullo!
Hasta el próximo jueves.