Cuando un gobierno no consigue la reforma que quería, se enfrentar un dilema: admitir el fracaso u optar por una victoria sustituta. Todo indica que eso es lo que ocurrió con el llamado plan B electoral de Claudia Sheinbaum.
La hipótesis política es bastante razonable. La reforma de mayor calado no parecía contar con condiciones plenas de viabilidad: ni acuerdos suficientes con fuerzas aliadas y opositoras, ni un respaldo social tan claro y movilizado como para empujar una transformación del sistema electoral y de representación de este país. Ante ese escenario, el oficialismo necesitaba algo que mostrar. No podía quedarse con las manos vacías. Y entonces apareció el plan B: un paquete de medidas con el que se podrá salir a la plaza pública a decir que, al menos, se “abarató” el costo de la democracia.
Si uno revisa el contenido de las iniciativas (googlead que ya están por todos lados), encuentra una lógica muy definida. Por un lado, se insiste en la austeridad: topes y restricciones a remuneraciones y prestaciones de consejerías electorales, áreas ejecutivas del INE, organismos públicos locales y tribunales electorales; además, en la iniciativa constitucional, también se plantea ajustar presupuestos de legislaturas locales y rediseñar ayuntamientos bajo el lenguaje de la reducción de privilegios.
Por otro lado, el paquete incluye medidas de control financiero sobre partidos: publicación trimestral de remuneraciones, obligación de manejar recursos mediante cuentas registradas, trazabilidad obligatoria de aportaciones, reporte de operaciones a la autoridad electoral e incluso intercambio de información financiera para fines de fiscalización.
Hasta ahí podría pensarse que, ahora sí, el centro del ajuste serán los partidos políticos, históricamente impopulares y vistos por buena parte de la ciudadanía como estructuras costosas, opacas y autorreferenciales. Pero una lectura más cuidadosa sugiere algo distinto: el ahorro simbólico se construye, otra vez, golpeando también a las instituciones que organizan, arbitran y procesan la competencia política, y no a los propios partidos.
Una de las falacias que más se repiten en este país es que en México tenemos la “democracia más cara”; y esto es falaz porque se ignoran métricas comparativas mínimamente válidas, y distorsiona datos selectivos. Estas comparaciones omiten la cantidad de cargos que se eligen cada cierto tiempo, o si se le suman o no el costo de los partidos políticos. Cada país es distinto.
El blanco predilecto no son las estructuras partidistas en sentido estricto, sino el entramado institucional que hace posible elecciones creíbles. Es mucho más rentable, en términos propagandísticos, decir que se recortarán privilegios al INE, a los OPLE o a los tribunales, que entrarle de verdad al problema mayor: el modelo de partidos, sus incentivos, sus aparatos burocráticos, su fragmentación oportunista y su escasa conexión con la ciudadanía.
En ese sentido, el plan B parece menos una reforma integral que una salida política. Ante la imposibilidad de consumar el cambio mayor, se arma un paquete que permita decir: no logramos todo, pero sí logramos algo. Y ese “algo” debe ser comunicable en una frase de campaña: redujimos privilegios, bajamos costos, obligamos a transparentar más.
Porque si de verdad se quisiera abaratar la democracia sin debilitarla, la discusión tendría que concentrarse en el corazón del problema: el sistema de partidos, sus prerrogativas, su pobre vida interna, sus incentivos para colonizar cargos, y la facilidad con la que convierten el financiamiento público en una renta de sobrevivencia. Pero tocar de fondo a los partidos supone abrir una negociación incómoda con aliados, adversarios y socios circunstanciales. Y justamente lo que parece haber faltado aquí fue eso: acuerdo político real.
Por eso el plan B parece más bien una compensación. Una reforma de sustitución. Un producto diseñado para no regresar con las manos vacías.
La caminera
La Cámara de Diputados está por publicar la convocatoria para sustituir a tres consejerías del INE que concluyen su encargo en unas semanas. Ahí cabe un plan C. Si se lo propone, la alianza oficialista tiene los votos suficientes para designar a quien le venga en gana.