Los órganos autónomos constitucionales, no deben desaparecer. Deben ser transformados, para que realmente cumplan con su cometido. Como funcionan actualmente, --muchos de ellos--, son pura simulación, burocracia y gasto. ¿Bueno y realmente son autónomos? ¿Y de quién son independientes? Su autonomía, su independencia, es una falacia. Siguen siendo apéndices del ejecutivo, del legislativo y de los partidos políticos.
Lo anterior, lo advertí desde el año 2015. Si, desde entonces, puse en tela de juicio y cuestioné el quehacer y efectividad de los órganos autónomos constitucionales y algunos otros entes administrativos independientes que, en mi opinión, estaban estorbando, engrosando y obstaculizando a la administración pública centralizada y descentralizada. -- Lo dije yo primero, antes que él presidente López Obrador--. Y fue en un artículo de esta misma columna, que publicó Pulso de SL., el 24/X/15; que titulé “La Administración Pública “Simultánea”. Obesa, Costosa, Ineficiente, y Corrupta”. ¿Y, cuál es esa A. P., simultánea? Pues son esos órganos autónomos y otros entes administrativos, que algunos de ellos, para justificar su existencia, fueron creados, para “limitar” los excesos de los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero que, a la vez, se les otorgaron acciones y facultades “simultáneas” que, en algunos casos, duplican tareas, que ya realizan las dependencia y entidades de la A.P. en la organización y administración del Estado.
¿Cuál es, ese exceso de poder, de los tres poderes? Si –estos--, el legislativo y judicial, históricamente han estado sometidos al ejecutivo. Veamos. De 1929 al 2000, todos los presidentes de la república emergían del PRI, --poder ejecutivo—y de 1929 a 1988, todos los diputados y senadores del Congreso de la Unión, --Poder legislativo-- también salían del PRI. Para la integración de la Suprema Corte de Justicia –Poder judicial--, el ejecutivo y el legislativo se ponían de acuerdo para nombrar a los ministros de la Suprema Corte, que también eran del PRI. Entonces, según la teoría del Varón de Montesquieu: ”El Supremo Poder, se deposita en tres poderes”, para establecer el equilibrio de poderes y los contrapesos necesarios, evitando así, la preponderancia de un poder sobre los otros, que llevaría al absolutismo. Bueno, esto según la teoría, pero en México, todos los integrantes de esos poderes salían del PRI, eran designados por el presidente de la república. ¿Cuál equilibrio de poderes? Así, tuvimos. “Tres poderes distintos, y un solo poder verdadero”. Sometimiento pleno y simulación de contrapesos. Nuestro régimen político sigue siendo presidencialista. Con algunos matices de democracia. Pero en México, antes y ahora, manda el presidente de la Republica. Y si se equivoca vuelve a mandar.
En el artículo en mención, digo…. Si el Congreso de la Unión legislara -su acción primaría- y como poder hubiera servido de contrapeso al ejecutivo, asumiendo responsablemente todas sus facultades que le confiere el artículo 73 constitucional, esta nueva “administración simultánea” (así la denominé) no hubiera aparecido en el espectro de lo público administrativo. Y si el ejecutivo a través de sus administraciones: centralizada y paraestatal, ejerciera plenamente su acción primaría -de ejecutar la ley-. Y el presidente y sus ministros rendieran cuentas claras y transparentes como se lo mandata el artículo 93 constitucional, no hubiera dado ocasión, para formar otro aparato ejecutor que yo bauticé como “administración simultánea”.
En la práctica nos damos cuenta, que estos tres poderes, cumplieron muy escasamente con sus facultades y atribuciones Constitucionales. Y se confabularon, fueron cómplices uno de otro, para establecer un régimen presidencialista con un partido hegemónico. Gradualmente estos poderes fueron perdiendo credibilidad y ganando el rechazo de la sociedad. Ante esta situación, --adversa para el sistema-- y ante su falta de legitimidad, estos poderes, quisieron aparecer como innovadores y democráticos y empezaron a constituir los --órganos autónomos constitucionales-- y otros entes administrativos, con los que, supuestamente, mejorarían la A.P., y el sistema se fortaleciera con los “supuestos contrapesos”. --Así de sencillo--. Fue y ha sido más de lo mismo: simulación, más burocracia, duplicidad de funciones y gasto excesivo.
Ahora bien, algunos de estos órganos autónomos son indispensables para el fortalecimiento democrático del país y para una eficiente AP, como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral y FGR. Existen otros que, si cumplieran con su cometido para el que fueron creados, sería buena su permanencia, el problema es que NO cumplen cabalmente con su función, como son: CNDH, el INAI, el IF de Telecomunicaciones, la COFECE, el CONEVAL. Y no cumplen, no porque no tengan un marco jurídico adecuado, presupuesto y reglamentación, todo eso lo tiene, el problema radica, en la designación o, “elección” de sus integrantes, --es aquí donde insistimos--, ¿autónomos?, ¿independientes? ¿De quién? Si los propone el ejecutivo y los elige el legislativo, o bien sus nombramientos obedecen a las famosas “cuotas partidistas”. Los integrantes de estos órganos autónomos, muchos de ellos, tiene el perfil necesario para el desempeño del puesto, la experiencia y son ciudadanos honestos y responsables, pero, querámoslo o no, están influidos por quien o quienes los nombraron o los eligieron, y a “ellos” les deben el puesto y por consiguiente ven menguadas sus actuaciones. No pueden ir en contra de quien los designo. Carecen de criterio independiente y de autonomía plena. Por ejemplo, a nivel local y hasta la fecha, todos los presidentes de la CEDH, y del IE de protección de datos, han sido nombrados por el ejecutivo. Es frecuente verlos en las oficinas de la Secretaría Gral. de Gobierno o en el despacho del gobernador, --previo a su elección-- por parte del legislativo, esperando turno para ser notificados y darles las “instrucciones pertinentes” A nivel federal, la reciente elección por parte del Senado de la República de la presidenta de la CNDH, fue una clara y forzada imposición de AMLO.
Lo que sí existe en estos “órganos” es: más burocracia, duplicidad e indefinición de funciones (estas a propósito para diluir y no resolver los casos que se les presentan) y, sobre todo –Gasto excesivo--, ¿Sabe Ud., amable lector cuánto ganan, a nivel federal, algunos de los integrantes de los “órganos autónomos”? Su sueldo oscila entre, ciento diez y seis mil pesos, el menos y el más, trescientos noventa mil pesos mensuales. Bueno, el director del INFONAVIT, en la administración de Peña Nieto, David Penchyna, ganaba setecientos mil pesos mensuales. (el financiero 8/II/19) Con ese sueldo se pudo haber comprado-- tres casas de interés social al mes--; mientras un obrero tardaría --veinte años-- en pagar su casa del INFONAVIT.
Ahora que se habla de su desaparición o reforma de estos órganos, los defensores de las “instituciones y de la autonomía”, salen a defenderlos, así también, sus integrantes. Autonomía que no defendieron cuando eran cómplices de los poderes formales. Insistimos, mientras esté en poder de los ejecutivos, federal y estatales, de los congresos o de los partidos políticos; los nombramientos, (elección simulada) de los integrantes de los Órganos Autónomos Constitucionales, locales o federales, estos, no serán ningún contrapeso, ni equilibrio de los poderes formales. Son sus cómplices. Son como, lo que define, desde el año 2015, como la “AP Simultánea” que es Obesa, Costosa, Ineficiente y Corrupta.
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