La exposición de motivos de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que vino a transformar el sistema de justicia penal en México, señala, de manera contundente: “La aplicación irrestricta del principio de oficiosidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el interés público pero que las autoridades de persecución penal se ven precisados a perseguir, en virtud de una mal entendida inderogabilidad de la persecución penal, que provoca costos constantes de persecución en asuntos que no lo ameritan”.
Normalmente lo penal es uno de los temas más complejos en una sociedad, particularmente como la nuestra donde los legisladores se la pasan creando delitos sin ton ni son en las leyes, sin que haya presupuesto que alcance a las fiscalías para perseguirlos todos y dinero suficiente para que el Poder Judicial pueda juzgarlos.
En el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se define a la seguridad pública como una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la misma Constitución y las leyes en la materia.
Igualmente se señala que la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución delimita.
De esta forma, la insuficiencia presupuestaria, a través de todas sus expresiones como son la carencia de recursos físicos o capacitación deficiente e incompleta del elemento humano, entre otras, se traduce en una forma de inseguridad pública, alejada de los obligatorios principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos que impone la propia Constitución.
Las leyes han establecido, a raíz del rediseño de la institución del Ministerio Público mediante decreto publicado el 9 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, lo que en San Luis Potosí se llama Plan de Persecución Penal, que es el documento que establece las prioridades y fije las metas de persecución estatal, orientando la aplicación de los recursos de la Fiscalía General y sentando los lineamientos generales de la actuación de los fiscales, para la consecución de las mismas.
El Plan de Persecución Penal debe contener un mapa de la incidencia delictiva estatal; un diagnóstico de las causas que genera la incidencia; los recursos disponibles con los que cuenta la fiscalía; las metas y acciones a seguir; la estrategia de aplicación de recursos en el territorio del Estado, y lineamientos generales de las facultades discrecionales de los Fiscales.
Se trata, sin duda, de un instrumento indispensable para resolver el problema de la delincuencia y de la inseguridad, enfocando esfuerzos y evitando dispersiones innecesarias que solo fomentan la percepción de inseguridad en la población, muchas veces de manera justificada.
Por eso también es importante que en la planeación del trabajo de las fiscalías se haya incorporado en las leyes a nivel nacional la participación ciudadana como un engrane necesario para su debido funcionamiento. ¿Quién mejor que la población para trasmitir directamente a las autoridades sus inquietudes, sus necesidades, sus miedos y las alternativas de solución que, a su parecer, deben tomarse?
El Fiscal General del Estado, Mtro. José Luis Ruiz Contreras ha lanzado la convocatoria para participar en la consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Persecución Penal para San Luis Potosí, a través de foros regionales que se llevarán a cabo en todo el Estado durante el mes de agosto.
Es el momento ideal para dejar las mesas de café y las redes sociales y, de frente, participar, proponer y coadyuvar con la autoridad para lograr que retroceda esta sensación terrible generalizada en el país de que seguros, lo que se dice seguros, ni en casa.
Dijo Atahualpa Yupanqui que no se quede callado quien quiera vivir feliz.
@jchessal