El calvario de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez apenas comienza y pronto podría ir acompañada de una decena de excompañeros suyos en los Servicios de Salud y de otros integrantes del gabinete carrerista, además del exsecretario de Seguridad Jaime Pineda que está por cumplir dos meses y medio encarcelado.
Hay dos maneras de combatir la corrupción en el sector público: con la ley en la mano, o con la ley en una mano y la regla de cálculo político en la otra. Si el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona opta por lo primero o por una combinación equilibrada de ambas, es un hecho que en las próximas semanas presenciemos eso que los norteños gustan llamar una sarracina. Buena parte del gabinete encabezado por Juan Manuel Carreras López deberá comparecer ante la ley, sin excluir para nada la posibilidad de que el propio Carreras tenga que hacerlo.
La acusación que tiene en La Pila a la excandidata de Morena a la gubernatura, como ya se ha dicho, es que ilegalmente utilizó, en 2020, una partida de 32 millones de pesos etiquetada para combatir la pandemia del Covid-19 para comprar plaguicidas destinados a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos). La compra se hizo a una empresa no certificada por los organismos federales correspondientes, mediante una adjudicación directa injustificada y con un sospechoso pago inmediato. Además, la empresa contratada había sido suspendida en el 2009 nueve de la participación en licitaciones gubernamentales por haber incurrido en actos de corrupción con el gobierno de Nuevo León.
Con todo, esas irregularidades podrían haberse procesado por la vía administrativa (reparación del daño, multas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos, etcétera). No ocurrió así porque se acreditaron conductas claramente delictivas. La principal, que el producto adquirido no fue recibido nunca por los Servicios de Salud comandados por doña Mónica.
Un dato que dejó pocas dudas sobre la connivencia entre funcionarios y empresarios es que el jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, Juan Francisco Martínez Perales, el subalterno de Rangel Martínez que solicitó el plaguicida, pocos días después de abandonar ese cargo, el 26 de septiembre, se incorporó como ejecutivo de la empresa proveedora, Public Health Supply. Es uno de los detenidos junto con MLRM.
La punta de la hebra que permitió ir desenredando la madeja fue el trabajo de fiscalización sobre la Cuenta Pública 2020 de la administración carrerista que hizo la Auditoría Superior del Estado en tiempos de Rocío Cervantes, que el gobierno gallardista sometió de inmediato a una revisión rigurosa. Para el efecto, se contrataron despachos especializados de la Ciudad de México, que no tardaron en encontrar elementos para una primera denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Esos mismos despachos externos encontraron ya evidencias para nuevas acusaciones penales en contra de la doctora Mónica y sus coacusados, pero también contra una decena más de ex funcionarios de los Servicios de Salud, quienes podrían estar siendo llamados a cuentas en semanas proximas.
Según información sólida y de buena fuente entregada a esta columna, entre los nuevos involucrados figuran dos exdirectores administrativos (en su gestión la doctora tuvo tres, uno ya fallecido); dos subdirectores operativos, dos jefes de adquisiciones, un jefe de almacén y, ojo, el sempiterno líder sindical de los trabajadores de la salud en nuestro estado, el doctor Arturo Hernández Tenorio, secretario general de la Sección 33 del sindicato desde hace unos 25 años. Parece que metió mano donde no debía.
Según nuestros bien enterados informantes, las cuentas públicas de los cinco años que Rangel Martínez estuvo al frente de los SS arrojan inconsistencias, irregularidades y cosas parecidas por más de mil millones de pesos. Dentro de los amplios plazos que la ley concede para que los funcionarios responsables puedan aclarar, desahogar y solventar las observaciones, la doctora pudo si acaso dejar fuera de cuestionamientos unos 300 millones.
Esto quiere decir que si el gobierno gallardista decide ir al fondo y no entrar en arreglos extralegales, doña Mónica y cómplices deberán rendir cuentas por unos 700 millones de pesos que esfumaron. Hay la firme sospecha de que en este maratón de saqueo se beneficiaron personajes ajenos a los Servicios de Salud -no al gobierno- que solo la doctora conoce. ¿Los involucrará?
Los mismos organismos fiscalizadores y jurídicos del gobierno, así como los consultores externos contratados exprofeso, están hincando el diente en las cuentas públicas de otras dependencias. En las que más hechos obvios de corrupción se han venido detectando es en la Seduvop (cuyo extitular vive en el extranjero desde hace meses), en la Comisión Estatal del Agua (que en el solo proyecto de la presa La Maroma desaparecieron 100 millones de pesos, ahí también en connivencia con empresarios del ramo de la construcción); la Junta Estatal de Caminos (del período de Porfirio Flores), el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Secretaría de Educación, entre otras que ya irán aflorando.
¡YA POR FAVOR, SEÑOR PRESIDENTE!
Según trascendió en Palacio de Gobierno hace unos días, esta semana vendrá a visitarnos el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque hasta ayer miércoles a media tarde no había ninguna confirmación oficial parece que va el sábado a la Huasteca. Ojalá se cumplan lo que bien a bien no sabemos si son anuncios o solo buenos deseos. La visita presidencial esperada desde el 26 de septiembre del año pasado es urgente, pues los inquilinos del inmueble mencionado están a punto de pasar de los episodios de ansiedad a los ataques de pánico, y de la melancolía a una tristeza patológica.
Hasta hoy, no ha habido manera de saber por qué Ricardo Gallardo Cardona es uno de los dos únicos gobernadores que asumieron su cargo entre septiembre y octubre del año pasado que no han sido recibidos en acuerdo privado por López Obrador ni los ha visitado en sus estados en plan de trabajo, como tampoco se ha podido saber por qué esa circunstancia trae tan alterado al mandatario potosino.
Sin duda que políticamente ayuda poco que el jefe del Ejecutivo Federal no te muestre mucho aprecio que digamos, pero cuando, como sucede aquí, para disimular lo que sucede se dicen medias verdades, se inventan hechos y se bordan auténticas fantasías para hacer parecer que sí hay cercanía, el tema adquiere dimensiones entre patéticas y preocupantes y hay razones válidas para preguntarse por qué tanta angustia.
Los trascendidos palaciegos de hace una semana incluso fueron aderezados con el dato de que ahora sí vendría López Obrador, entre otras cosas para agradecer lo bien que le fue aquí con la consulta de revocación de mandato, lo cual es impreciso, por no decir una verdadera falsedad. Las cifras potosinas están claramente alineadas con las nacionales. No tienen absolutamente nada de extraordinarias.
A nivel nacional acudieron a las urnas 16.5 de los 92.8 millones de votantes con credencial, equivalentes al 17.77 por ciento. En nuestro estado, participaron 342 mil 971 ciudadanos de los 2 millones 51 mil con derecho a votar, o sea el 16.71 por ciento. Escaso un punto porcentual de diferencia.
De esos 16.5 millones de votantes en todo el país, el 91.86 por ciento votó para que López Obrador continúe en la Presidencia; aquí lo hizo el 91.17 por ciento. Cifras casi idénticas. Por lo que se refiere a los que expresaron que debería irse ya, los porcentajes respectivamente son del 6.44 y 6.32. Una vez más la similitud es impresionante.
Si los funcionarios de casilla en cinco de los siete distritos electorales federales no hubieran detectado 7 mil boletas falsificadas, San Luis hubiera ofrecido a López Obrador dos puntos porcentuales más de sufragios depositados en las urnas (pero mal habidos).
Para tener alguna referencia, en Tabasco (obviamente), fue a las urnas el 36 por ciento de los empadronados; en Chiapas el 32 y en Campeche el 28; todos con gobiernos morenos. En Oaxaca, con mandatario priista, votó casi el 24 por ciento y en Yucatán, con gobierno panista, poco más del 21 por ciento. El promedio de boletas a favor de la permanencia, que aquí fue del 91 por ciento, en aquellos estados fluctuó entre el 94 y el 98 por ciento. O sea, nada como para presumir y menos para hacer fiesta.
De cualquier manera, ojalá AMLO venga pronto, porque si no hasta yo voy a comenzar a ponerme nervioso, por pura solidaridad con la depresión mitómana palaciega.
COMPRIMIDOS
De Cándido Ochoa dije todo lo que en su momento tuve para decir, siempre con mi firma de por medio. Ahora que ha partido, no pienso repetir nada de todo aquello. Solo comentar algo: si de Herencias Malditas se trata, la que nos dejó el exprocurador y exsecretario de gobierno no desmerece junto a ninguna otra. Los “bienes” alegremente heredados por el actual gobierno tienen nombre: Guadalupe Uñas Largas Torres Sánchez y José Luis Ruíz Contreras. Fueron sus alumnos más aventajados, aunque no los únicos.
Gente con acceso y buena información nos comparte que en Palacio de Gobierno hubo entripados severos toda la semana pasada, porque el festival del Ayuntamiento capitalino resultó mucho mejor que el gubernamental. Mientras Gallardo Cardona mantenga un gabinete saturado de pillos (Lupe, Ruiz Contreras, Chava González, Nacho Segura, Mowgli Sandino, et al); incompetentes (Villafuerte, Torres Cedillo, Vargas Tinajero, Pérez Ortiz y varios más) e improvisados (Emmanuel en Ecología, Elizabeth en Cultura, Benjamín Pérez en la Conagua, etcétera), pocas iniciativas o proyectos le saldrán bien. Ya lo vivió con el gigantesco Chupirul Jorobado de Fundadores.
Aunque el jueves antepasado fueron convocados por el Gobernador y les recibieron sus propuestas de obras (básicamente puentes y vialidades para mejorar la movilidad urbana), a los señores del pomposamente anunciado Consejo Consultivo Potosí no les han dicho si va a haber presupuesto, de a cuánto y para cuándo. Algunos de los más perspicaces sospechan que se van a enterar cuando trascienda que los contratos respectivos ya fueron adjudicados a dedo y a los puros cuates.
El traspaso al IMSS de todo el tiradero que por pura incompetencia trae el INSABI, me refuerza en la percepción (que cargo desde hace varios meses) de que de cara a su sucesión López Obrador tiene un “tapado” para el 2024, y que no es otro que Zoé Robledo.
Hasta el próximo jueves.