No conozco muchas personas que tengan por afición pagar impuestos. La razón de ello no solo tiene que ver con la acción de desprenderse del dinero que se obtiene como resultado del trabajo o de una actividad productiva, sino porque existe un notorio déficit de legitimidad y transparencia en el uso de los recursos que aplica un gobierno.
Cuando se habla de recursos públicos, suelen haber discursos que con el tiempo se van convirtiendo en lugares comunes, es decir, en expresiones o ideas que suelen ser vistas como vicios del lenguaje por ser ampliamente sabidos o empleados con exceso, sin hacer referencia a situaciones relevantes o concretas. Es por ello que desde hace mucho tiempo hemos escuchado expresiones como: “usaremos los recursos públicos para construir carreteras, escuelas y hospitales” sin ofrecer mayores detalles o justificaciones. Después viene el problema de la rendición de cuentas: esta rara lógica de presumir inversiones millonarias en conceptos poco claros. Al final observamos los indicadores y los testimonios de la ciudadanía, las(os) docentes y personal del sector salud: la demanda de usuarios y las condiciones de calidad siempre están en desequilibrio con los recursos que se destinan para su atención, ¿en dónde quedó el dinero entonces?.
Puedo entender que en el discurso político se empleen estas expresiones vagas para despertar reacciones en el público que escucha, pero mantener esta vaguedad en la actividad legislativa formal, en la investigación académica o en la función ejecutiva me parece una irresponsabilidad olímpica propia de embusteros y charlatanes. Y es ahí donde se encuentra el núcleo del déficit de legitimidad en el empleo de los recursos públicos: la capacidad de explicar, justificar y demostrar que el dinero que se obtiene de los impuestos se emplea de forma pertinente y adecuada.
Quisiera insistir en una advertencia que he hecho anteriormente: la Austeridad no es una marca registrada –hasta donde tengo conocimiento- en favor de un partido político o una corriente ideológica. Representa un principio plausible en el ejercicio de los recursos públicos, pero que comienza a desgastarse hasta convertirse en un lugar común. Encuentro un riesgo mayor: existen algunas propuestas legislativas de la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional –atención público especializado- a la Austeridad a través de modificaciones a los artículos 40 y 134 de nuestra carta magna. De esta forma se establecería la exigencia de que el Estado sea Austero, y que este principio sea guía de la actuación de los actos de los servidores públicos. De esta manera, debería observarse la austeridad en todos los actos realizados en nombre o representación del Estado –que tienen el carácter de públicos, ya que a través de ellos se dispone de recursos, medios, atribuciones y facultades que la ley confiere, y que producen consecuencias a terceros-.
Esto estaba fácil cuando se elevó el principio de laicidad –esa olvidada- a rango constitucional a través de su adición en el artículo 40. Pero en el caso de la Austeridad sigo encontrando una enorme falta de claridad sobre su definición y observancia. ¿cómo interpretarán las autoridades administrativas y sobre todo las jurisdiccionales a este principio?. ¿Por mandato constitucional, reducimos el costo operativo de la educación, la investigación, la salud, la cultura, la gobernabilidad, la calidad de la democracia, la inversión en infraestructura, el trabajo de campo de las dependencias gubernamentales porque #Austeridad? Ya tenemos números para tasar el significado de la aplicación -de facto- de este principio y así no caer en una trampa retórica.
Y una pregunta más porque estamos hablando en serio ¿a dónde se destinan los ahorros de la austeridad?. Debatamos, sin lugares comunes, por favor.
Twitter. @marcoivanvargas