Hay reconocimientos que distinguen una trayectoria; otros, en cambio, honran una época del pensamiento jurídico. El otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, el pasado martes 30 de junio, pertenece a esta última categoría. La comunidad universitaria rindió homenaje a un jurista cuya obra ha contribuido decisivamente al desarrollo del derecho constitucional y convencional en América Latina.
Pero, más allá de la solemnidad de la ceremonia, fueron sus reflexiones sobre el porvenir de la democracia, la independencia judicial y los nuevos derechos las que dejaron una inquietud intelectual que merece ser compartida con un público más amplio. Procuré no hacer una reseña de la conferencia sino desarrollar la inquietud intelectual que me dejó planteada.
¿Puede la democracia convertirse en un derecho humano?
Durante décadas, la gran preocupación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue enfrentar las consecuencias de las dictaduras militares que marcaron la historia latinoamericana. Desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, persecución política y censura ocuparon el centro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Aquella etapa exigía reconstruir la democracia. Hoy, sin embargo, el escenario parece distinto.
Las democracias ya no suelen desaparecer mediante golpes de Estado. Con mayor frecuencia se transforman lentamente desde dentro. Conservan elecciones, congresos y tribunales, pero la discusión jurídica comienza a desplazarse hacia una pregunta mucho más profunda: ¿basta con que existan instituciones democráticas o también importa la calidad con la que funcionan? La interrogante no es menor.
Tradicionalmente hemos entendido la democracia como un procedimiento para acceder al poder. Votar, contar sufragios y renovar periódicamente a los gobernantes parecían elementos suficientes para afirmar que un país era democrático.
Pero quizá ha llegado el momento de preguntarnos si eso basta. Tal vez la democracia no sea únicamente una forma de elegir autoridades, sino una condición indispensable para que los derechos humanos puedan ejercerse plenamente. Si ello es así, la democracia dejaría de ser solamente un mecanismo político para convertirse también en un bien jurídico digno de protección.
La pregunta entonces adquiere otra dimensión: ¿puede la democracia ser considerada, por sí misma, un derecho humano?
No se trata de un simple cambio de nombre. Si la respuesta llegara a ser afirmativa, ya no bastaría con organizar elecciones periódicas. Habría que examinar si existen condiciones reales para que las personas participen en igualdad, si la libertad de expresión permanece protegida, si las minorías encuentran espacios de representación, si existe acceso efectivo a la justicia y, sobre todo, si quienes ejercen el poder encuentran límites institucionales capaces de contener los excesos.
En esa misma lógica cobra especial relevancia otro de los grandes desafíos contemporáneos: la independencia judicial.
Quizá el debate no consista en determinar cuál es el único mecanismo válido para designar jueces. Las democracias constitucionales han desarrollado modelos distintos, todos legítimos en función de su historia y de sus instituciones. La verdadera discusión parece encontrarse en otra parte: cualquiera que sea el sistema adoptado, ¿garantiza realmente la independencia del juzgador?
La legitimidad democrática de los tribunales no depende únicamente del origen de sus integrantes, sino de la capacidad que tengan para decidir conforme al derecho, libres de presiones políticas, económicas o sociales.
Es ahí donde la democracia deja de ser una cuestión exclusivamente electoral para convertirse en una exigencia cotidiana del Estado constitucional. Quizá estemos presenciando una nueva etapa del constitucionalismo interamericano.
Después de proteger a las personas frente al abuso del poder, ahora comienza a reflexionar sobre la protección de las propias condiciones que hacen posible la libertad: la democracia, la independencia judicial e, incluso, el ambiente como presupuesto indispensable para una vida digna.
En el fondo, la pregunta ya no es solamente cómo proteger los derechos humanos. La pregunta empieza a ser otra, mucho más desafiante: ¿quién protege aquello que hace posibles todos los derechos?
Las y los espero el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@gmail.com