Pulso, 35 años, un parpadeo.
Las mentiras, las medias verdades y los pleitos rateros como instrumentos de gobierno se han enraizado cada día más fuertemente en nuestro estado, y ello no augura nada bueno para la vida pública potosina. En buena medida responden a la convicción gubernamental de que a los potosinos es muy fácil hacernos comulgar con ruedas de molino. Es decir, que no cuesta ningún trabajo vernos la cara de tontos.
A mediados de mes, Pulso publicó el apartado de la cuenta pública estatal correspondiente al segundo trimestre (abril-junio) de este año, en el que se detalla el adeudo del Ejecutivo estatal con la Dirección General de Pensiones. Es información que por ley la Secretaría de Finanzas debe entregar cada tres meses al Congreso del Estado. El resumen de lo ahí consignado es tan simple como categórico:
Al 25 de septiembre de 2021, último día de la administración encabezada por Juan Manuel Carreras, el adeudo era por 1 mil 196 millones 727 mil 841 pesos con 71 centavos.
A fines de junio pasado, habiendo transcurrido 21 meses del sexenio de Ricardo Gallardo Cardona, el pasivo se disparó a 3 mil 978 millones 961 mil 902 pesos con 21 centavos. Es decir, en menos de dos años este gobierno ha más que triplicado ese compromiso financiero.
Cuando desde el año pasado comenzó a hablarse de ese incumplimiento de su gobierno con los fondos de jubilación, el gobernador Gallardo Cardona salió rápidamente a justificarse diciendo medias verdades: que el problema de Pensiones venía de muchos años atrás y tardaría varios sexenios en arreglarse. Lo que nunca reconoció fue que su administración lo estaba empeorando a pasos acelerados.
Meses después, cuando se volvió a tocar el tema, y lo de los largos plazos ya no le funcionaba, dijo que las finanzas de Pensiones andaban mal porque había sido manejado corruptamente por sus titulares anteriores y que para corroborarlo y precisarlo acababa de ordenar una auditoría exhaustiva a la dependencia. El tiempo transcurrió, jamás se dieron a conocer resultados de la auditoría -si es que efectivamente se llevó a cabo- y a manera de salida de emergencia se destituyó de la dirección general a Jorge Escudero Villa. Y mes a mes el adeudo siguió creciendo.
En esta última ocasión, molesto porque le siguen preguntando del tema, recurrió a amenazas más duras: que va a investigar, consignar y meter a la cárcel a todos los corruptos de administraciones anteriores, sobre todo de Toranzo y Carreras, que tuvieron que ver con la crisis financiera de Pensiones.
A ver, a ver. Está bien, que meta a la cárcel a todos los que se hayan apropiado indebidamente de cualquier pedazo del patrimonio colectivo de Pensiones; que los refunda en lóbregas celdas de por vida. Pero ¿eso en qué resuelve lo de los 2 mil 800 millones que en sus primeros 21 meses de gobierno ha añadido al adeudo total? (Recordemos, él, Gallardo, recibió un pasivo de mil 200 millones y a junio de este año lo llevaba en 4 mil).
Aún en el supuesto de que Toranzo, Carreras, Oziel Yudiche (director de Pensiones durante los 12 años de ambos mandatarios) y compañía, se hubieran apropiado de esos 1 mil 200 millones, los tuvieran guardados y los devolvieran su primer día de cárcel, ¿y los 2 mil 800 millones que debe el gobierno de Gallardo? ¿Esos qué, por arte de magia van a aparecer o se van a esfumar de los balances de Pensiones? Diría un chavo: “¡No manchen!
PLEITO RATERO
En los códigos del entendimiento popular, un Pleito ratero es un conflicto inventado por algún vivales para no pagar lo que debe o cumplir compromisos. Es la forma chapucera de alegar agravios u ofensas inexistentes para interrumpir toda comunicación que permita le cobren o le exijan.
Típicamente, eso es lo que ocurrió estos últimos días entre el gobierno gallardista y los empresarios que se atrevieron a recordarle que todo este año su Secretaría de Finanzas no ha enterado al Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina el 20 por ciento de su recaudación, conforme lo establece un decreto administrativo que no ha sido formalmente suprimido. La Ley de Ingresos del estado estima para este año una recaudación de 3 mil millones de pesos por ese concepto, lo que en los ocho meses transcurridos acumularía un pasivo de 400 millones y al finalizar el año alcanzaría los 600 millones.
Cuando todo mundo esperaba alguna justificación o explicación al respecto, el gobernador Gallardo Cardona se dio por agraviado y la hizo de Pleito ratero. Aunque en el camino se enredó con las ideas, dejó claro que esos que le pedían que se pusiera al corriente eran una bola de vividores y abusivos que en el pasado se habían beneficiado indebidamente de los fondos del fideicomiso.
Como con ganas de apabullarlos, un par de días después el secretario de Finanzas salió a decir que en los hechos el fideicomiso ya no existía y culpó al secretario de Desarrollo Económico de no haber hecho los trámites necesarios para que subsistiera. En el mismo sentido se pronunció un diputado petista de esos que opinan sobre pedido.
El afán de intimidar a los peticionarios es evidente y embona perfectamente con el estilo gallardista que tan buenos resultados le ha dado, sobre todo porque enfrente encuentran voluntades débiles y ánimos apagados.
Pero dentro de los malos presagios de esta forma de gobierno que cada día se apoya más en la prepotencia y la intimidación, el affaire del Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina tiene perfiles chuscos que no dejan de ser ilustrativos.
Enojado y en su dinámica de Pleito ratero, Gallardo Cardona dijo entre otras cosas que él no gobernaba para “el club de Tobi”. En el contexto que lo dijo se refirió a ese club como a un círculo elitista, de privilegiados. No es así. La denominación Club de Tobi procede de la vieja historieta ilustrada La Pequeña Lulú, y hace referencia a un club de niños donde no se admiten niñas, ni como socias ni como visitas. No es, de ninguna manera, un agrupamiento de beneficiarios o privilegiados del poder.
Hasta ahí las cosas, el equívoco podría haber pasado desapercibido, pero sucede que si algún organismo, grupo o clan merece correctamente el mote de Club de Tobi, es justamente una creación del gallardismo. Me refiero al Consejo Consultivo Potosí, en cuya membresía -seleccionada por Ricardo Gallardo Cardona- de 15 personas no hay una sola mujer.
Por cierto, y lo dejamos como apunte para un tratamiento más extenso en un futuro próximo, no sé si los muy respetables señores que integran el Consejo Consultivo del Potosí -Por lo menos los que siguen asistiendo a las eventuales y espaciadas juntas- ya se habrán percatado de que en los círculos informados e ilustrados de la entidad y entre sus propios pares cada día son vistos con mayor desdén. De grupo “matraquero” y bola de quedabien no los bajan.
EL SINDROME DEL MARIDO DESOBLIGADO
Este es otro de esos conceptos presentes en el entendimiento general. Lo traigo a cuenta porque me parece que sirve bien para explicar la esencia del litigio que se traen la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Auditoría Superior del Estado, que para efectos prácticos entiéndase como herramienta del Ejecutivo. Es decir, quien realmente quiere revisar de arriba abajo a la UASLP es el gobernador y no el órgano fiscalizador que depende del Congreso.
El marido desobligado típico es aquel que se gasta todo lo del chivo en la cantina y ya de madrugada llega a su casa gritoneando y maltratando a su esposa porque no están listos los chilaquiles bien picosos que debían estarlo esperando. Mientras la abnegada mujer, para evitar que el asunto termine a golpes, se afana en preparar el platillo, el golfo de su esposo se pone a trasculcar su delantal para ver si trae algo del dinero que consigue por su cuenta lavando y planchando ajeno.
Pues haga usted de cuenta. Desde sus inicios, el gobierno gallardista no le ha entregado completo el subsidio estatal que por ley le corresponde a nuestra máxima casa de estudios. En las primeras de cambio que le quiso cobrar, le dijo que era la “casa de los desobligados”, refugio de indeseables y que el dinero lo quería para aumentarse los sueldos. Ahora que las autoridades universitarias volvieron a recordar que ya va para 200 millones el adeudo acumulado, en lugar de insultar nuevamente a los universitarios les soltó la jauría de la ASE. Visto que el organismo estatal no puede auditar los recursos federales y los estatales brillan por su ausencia, va a trasculcar el delantal de la señora para ver qué ha conseguido lavando y planchando ajeno.
¿Por qué este gobierno no solamente ha regateado su apoyo económico a la Universidad, sino que la ha injuriado y ofendido? Por una razón muy simple: porque se deja.
COMPRIMIDOS
Más le valía a Juan Carlos Valladares Eichelmann que no le hubieran hecho el grandísimo favor, de destaparlo para la alcaldía. Horas después de que el gobernador que lo quiere mucho y le reconoce sus resultados lo pusiera en el arrancadero, Uñas Largas salió a anunciar que una empresa china de gran envergadura estaba buscando terrenos para instalarse acá. ¿Qué no es ese un tema de la estricta competencia del titular de la secretaría de Desarrollo Económico? ¿Fue una burda maniobra del cirujeado secretario general de gobierno para quitarle reflectores a JCVE? Al día siguiente, el secretario de Finanzas dijo que el Fideicomiso del Impuesto sobre la Nómina no apareció en la ley de este año porque a la SEDECO se le olvidó incluirlo, y un día después el diputado petista René Oyarvide abundó en lo mismo, cargándole la mano a Valladares. A ese paso se lo van a acabar antes de que diga siquiera si tiene ganas de algún día considerar la posibilidad de aspirar a ser prospecto de precandidato a alcalde de esta capital. Abusan de que está tiernito.
Las truculencias y los agandalles de Sara Rocha solo pueden sorprender a quienes no la conozcan. En términos de negociación y acuerdos no hay nada que hacer. Ya para que su asociado Oscar Bautista también haya abandonado la sesión de instalación del Consejo Político es porque aquello apesta a diablos. Quienes han sufrido las canalladas de doña Sara solo deben tener algo de paciencia: es muy probable que el Tribunal Electoral de la Federación la tumbe del cargo por múltiples irregularidades.
Mientras Ricardo Gallardo Cardona insista en desconocer el hecho de que su poder tiene límites, seguirá llevándose frentazos como el de ayer, cuando un juez federal ordenó suspender los trabajos de retiro del histórico adoquín en el emblemático barrio de San Miguelito. Esta es otra de esas historias que demandan mucho más espacio. Pronto.
Hasta el próximo jueves.