El enunciado es claro y conciso: “López Obrador quiere ganar las elecciones antes de las elecciones. No quiere correr ningún riesgo”. La primera vez que lo escuché, hace pocas semanas, me dejó dudas. Pero en el curso de los siguientes días se han acumulado sucesos que le confieren mayor consistencia. Expresado de manera menos lacónica, el planteamiento es que una serie amplia de medidas y acciones del presidente López Obrador tienen por único propósito asegurar que lo suceda en el cargo quien él haya decidido, privilegiando su interés en que preserve y continúe su legado transformador, reúna o no las calificaciones requeridas.
Según esta hipótesis, ante variables que están fuera de su control (inflación e inseguridad, principalmente) y experiencias ingratas como la derrota electoral del año pasado en la Ciudad de México, AMLO decidió aplicar prevenciones que reduzcan al mínimo cualquier riesgo en las urnas. La mayor parte de esas precauciones se encamina a un objetivo claro: debilitar al máximo a la oposición. Y no solo a la partidista sino también a la que él considera como tal radicada en instituciones electorales, judiciales y de la sociedad civil.
Prácticamente todas las encuestas serias indican que la única forma de erigir una oposición competitiva es que PAN, PRI y PRD vayan en alianza, y de ser posible incluir al MC. Por separado, todos ellos serán presa fácil de Morena. Consecuentemente, una estrategia elemental en ese sentido, para López Obrador, es impedir a toda costa la formación de ese agrupamiento partidista.
Las acciones más obvias encaminadas a conseguir este objetivo son las que tienen que ver con la exhibición del todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, a quien cada día que pasa se le hace más estrecha la ventana de oportunidad para irse con cierto decoro. La opción es que se lo lleven a una celda. Esta inclemente embestida contra el dirigente priista dificulta la alianza partidaria, pero aún si se logra su aprecio entre el electorado va disminuido.
Con mucha mayor antelación, el régimen cuatroteista operó para debilitar la opción de Ricardo Anaya como candidato presidencial panista. Su permanencia en el extranjero lo ha convertido en un aspirante más bien testimonial. Otro que en su momento mostró alcances y propósitos, el saliente gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es probable que a partir del próximo primero de octubre que concluye su mandato, o se vuelva ojo de hormiga o se sumerja en largos litigios.
La ruta a la elección presidencial del 2024 pasa por la aduana de las elecciones en el Estado de México el 2023. Llegar a aquellos comicios llevando a cuestas una derrota reciente en la entidad con el mayor padrón electoral de la República, y eventualmente enfrentar a una oposición consolidada, no está en los planes del lopezobradorismo. A ello obedece que luego de casi cuatro años de intocabilidad, súbitamente hace un mes la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Fiscalía General de la República salieron a informar que existen varias carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por los supuestos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y algunos más. El mensaje es claro.
Aunque responde a una génesis distinta, el encarcelamiento de Jesús Murillo Karam (escribo antes de que el juez determine su situación jurídica), no deja de tener repercusiones políticas: él, Murillo, fue el delegado del CEN del PRI que operó la candidatura y el triunfo electoral de Peña Nieto para gobernador del Estado de México; fue también quien ocupó por unos cuantos días la diputación federal que obtuvo en 2012, para colocarle la banda presidencial a Peña Nieto y luego solicitar licencia legislativa para irse de Procurador General de la República. Es decir, ya está en prisión uno de los políticos de la vieja guardia más cercanos al expresidente.
DECÍA EL CLÁSICO,
“AÚN HAY MÁS”
En la misma lógica general, aunque más específica en su enfoque en la Ciudad de México, se entiende la denuncia y persecución del llamado Cártel Inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez, que involucra a panistas de cepa.
Está tan desgastado y débil el PRD que uno podría pensar que no hay mayor interés presidencial en refundirlo, pero la verdad es que no es así. Para inquietud de una de sus principales figuras, Miguel Ángel Mancera -que se ha esforzado en nadar de muertito en el Senado estos años- siguen detenidos, y por lo menos uno en calidad de testigo colaborador, dos operadores del centro de espionaje montado por Mancera en el 2012, para escuchar las conversaciones telefónicas de López Obrador, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y decenas de otros políticos y funcionarios. Según versiones no confirmadas, están por ejecutarse varias órdenes de aprehensión más en relación con este asunto, algunas de las cuales podrían alcanzar a asociados políticos del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Toda esta interpretación de hechos políticos, judiciales, gubernamentales y partidistas, tiene un apartado más sofisticado e inquietante: que ese mismo claro e implacable objetivo de llegar a las elecciones con el triunfo en la bolsa para garantizar la continuidad del proyecto transformador, es el motor de otras decisiones tan trascendentales como la ampliación extrema de las responsabilidades, encomiendas, atribuciones y enriquecimiento del Ejercito. “Si las cosas se ponen difíciles en la fase postelectoral del 2024, lo menos que podría esperar el lopezobradorismo es que los militares se queden en sus cuarteles. Con eso sería suficiente”, nos dice uno de los varios interlocutores con quienes hemos discutido estos temas.
En este mismo ámbito de mayor profundidad analítica, hay otras reflexiones igualmente interesantes y sugerentes. Una de ellas, que el embate permanente que desde los inicios de su administración ha sostenido López Obrador contra las principales instituciones electorales del país, particularmente el INE y el Tribunal Electoral, ha tenido como verdadero aunque inconfesado propósito el de primero colonizar y luego debilitar hasta la extinción ambos organismos.
No se ha logrado tal objetivo en todo su alcance, pero vía asfixia presupuestal y relevo inducido de consejeros, el INE está en vías de perder autonomía e independencia. Su presidente Lorenzo Córdova y uno de los consejeros más combativos, Ciro Murayama, concluyen su mandato el año próximo. Es decir, ya no estarán en funciones para las elecciones del 2024.
Hay quienes incluso están convencidos de que el intento fallido del presidente López Obrador para que se ampliara en dos años el mandato del ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (para que concluyera en diciembre del 2024 y no este fin de año), formaba parte de la estrategia sucesoria en su más amplio sentido. No hay que olvidar que la última palabra en cuanto al resultado de la elección presidencial la dicta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Andrés Manuel López Obrador ha hecho y reiterado dos promesas: que no buscará la reelección y que después de entregar el poder se irá a su finca de Palenque, donde no recibirá ni visitas ni llamadas de políticos. Es decir, que se alejara por completo de la política activa. Muchos pensamos que cumplirá la primera pero no la segunda.
COMPRIMIDOS
A tres días de que concluya, la FeNaPo apunta a ser un éxito. Tiempo habrá de intentar un balance aterrizado en los hechos, aunque tampoco hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto a la transparencia de sus números. Por ahora, no deja de ser perturbador que en simultáneo con un evento festivo que costo fácilmente más de cien millones de pesos, una niña muera por deficiencias en la atención médica estatal, entre otras causas por carencia de oxígeno que cuesta unos miles de pesos; que ocho clínicas comunitarias distribuidas en zonas de marginalidad -que en varios casos atienden a los pobres de nuestros pobres- hayan visto recortado su presupuesto operativo en más del 10 por ciento (¿para financiar garnachas y cheves gratis?).
También mortifica que al rapero J. Balvin se le hayan pagado varios cientos de miles de dólares mientras que dos de las instituciones más queridas por los potosinos -la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos- sufren miserias que a punto están de paralizarlos. Sus angustias económicas se resuelven con cinco o seis millones de pesos. Alguien con sentido de caridad cristiana debería sugerirle dos cosas a Gallardo Cardona: que revise sus prioridades de gobierno y que cambie de fashionista.
Tengo un buen amigo que desde hace unos 30 años ha trabajado en dependencias gubernamentales con funciones de naturaleza variada. Recientemente le tocó organizar unos eventos con beneficiarios de programas sociales de la federación. Me platica que le llamó la atención escuchar que una señora se expresaba con disgusto de esos apoyos, por lo que supuso que no era beneficiaria y fue con ella a pedirle sus datos. La señora le dijo que su hijo adolescente recibía puntualmente una cantidad en efectivo. Sorprendido, mi amigo le preguntó por qué entonces su inconformidad. “Es que me hicieron güevón a mi muchacho”, fue la respuesta.
No es mala la idea de construir una gran unidad administrativa o Ciudad Gubernamental como la llamó el gobernador, para alojar ahí a todas las dependencias estatales y dejar de pagar quién sabe cuántos millones de pesos mensuales de rentas. Al respecto, lo que parece muy importante es que se busque la ubicación adecuada. En principio RGC mencionó la carretera 57, que en su tramo urbano es quizá la vía más congestionada que tiene la ciudad. Con todo y vía alterna, que ahora se sabe quedará a medias (hasta el eje 122), pero con el establecimiento de nuevas empresas, esa ruta cada día estará peor. Y si se le agrega la carga vehicular de unas instalaciones de ese tipo, se fregó el asunto.
La decisión del Congreso de no sancionar a Ricardo Gallardo Cardona por la comisión de infracciones a la legislación electoral no es un asunto concluido. Una vez que sea oficialmente notificado, el Tribunal Electoral Federal puede darse por satisfecho y se acaba el asunto, pero puede no hacerlo e insistir al legislativo potosino que no se haga guaje y aplique la sanción correspondiente. Lo que debe preocupar mucho a Gallardo es que ya antes recibió una sanción vía la Cámara de Diputados (consistente en amonestación pública), y si ahora le cae otra ya sería reincidente. Tiene en curso otra demanda por la firma de un desplegado de la 4T, que si llega a significarle cualquier otra sanción, el carácter de infractor contumaz puede ponerlo en muy graves aprietos.
Hasta el próximo jueves.