Siempre hemos querido romantizar (porque enaltece la historia local y ennoblece la figura de los abogados potosinos) la figura de Pedro Sámano, suplente de juez de Distrito, quien expide la primera sentencia de Amparo.
Un poco complejo sería abordar en una columna el hecho de que fuera o no la primera sentencia de este tipo otorgada en México, recordemos que existe el antecedente de Manuel Cresencio García Rejón en el Caso Valay; y más complejo sería desestimar el papel del Sámano. Pero, ya saben ustedes, que a los potosinos nos gusta adornarnos con las glorias patrias, agarrándonos de las faldas, de las valencianas, o de los pliegues de la toga, de cualquiera que se pueda, para vanagloriarnos de “haber sido los primeros en…”, o de que “en nuestra ciudad o estado nació…”
Creo, de cualquier forma, aunque no le guste a los abogados potosinos, que Pedro Sámano fue un gandalla que buscó proteger a quien lo había propuesto para ser gobernador del estado, una vez que fuera depuesto del cargo, el gobernador Julián de los Reyes. Es decir, no fue mal agradecido, pero si fue un personaje que abusó, en su beneficio y de sus amigos, de la autoridad que le confería el puesto que desempeñaba.
No sé si también eso, de beneficiarse de los puestos públicos, sea característico de los potosinos, o sólo de los políticos potosinos, pero cada vez es cosa más común utilizar los cargos para actuar en prejuicio de la ciudadanía, y en beneficio de ellos y sus amistades.
La cuestión a la que me refiero es breve y sencilla: un dirigente partidista, pensemos en el del PAN, tiene un hermano abogado al que proponen para ocupar el puesto de magistrado; un diputado local, supongamos que de Morena, tiene un amigo muy, pero mucho muy cercano, al que quieren proponer para que ocupe otra vacante de magistrado. Nada nos hace pensar que ellos los están proponiendo e impulsando, simplemente es lo que aparentan.
Un señor que ocupa otro puesto, imaginemos que el de gobernador, tiene interés en que el hijo de un vetusto líder priísta, ocupe la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces ese señor que ocupa el imaginario puesto de gobernador, le pide a su más perverso operador que, mientras se echa un puño de cacahuates japoneses a la boca, sin mayor prisa, negocie la llegada de su elegido, a la referida Fiscalía.
El operador, como no queriendo la cosa, y mientras continúa con los cacahuates, se sienta con los señores, imaginemos que diputados, encargados de dar el pase o la negación al ya casi próximo fiscal, y les comenta socarronamente que él sabe que dos partidos están interesados en impulsar dos candidaturas para ocupar las magistraturas.
La cosa es fácil, los diputados aceptan votar a favor del candidato del gobernador, siempre y cuando de parte de él no exista inconveniente para impulsar la llegada a las magistraturas del hermano del presidente partidista y del muy, pero muy amigo, del diputado local. Todos aceptan, y todos se quedan contentos porque lograron satisfacer sus intereses personales y partidistas, aún en perjuicio de la ciudadanía.
Veamos las cosas de otra manera: el licenciado Rafael Aguilar, hermano del dirigente panista Juan Francisco Aguilar, es uno de los candidatos para ocupar una de las dos vacantes de magistrado; el otro es Guillermo Balderas, asesor y muy, pero muy amigo, del diputado morenista Edson Quintanar. Es decir, los legisladores panistas y morenistas, ya se repartieron las dos magistraturas, y no se les objetará ninguna, siempre y cuando voten a favor de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, para ocupar la Fiscalía Anticorrupción,
Puede ser, sin embargo, que si la primera propuesta panista no funcione por objetarse más de la cuenta, los albiazules impulsen la de Héctor Vega. Cierto es que Rafael Aguilar conoce bien el sistema penal, pues hizo carrera en la Procuraduría; incluso, recordemos, que hace tiempo cuando fue propuesto para ser consejero de la Judicatura, el hoy diputado Cándido Ochoa lo bloqueó. Rivalidades añejas.
De no haber una oposición real a este puerco enjuague, todos los interesados ganan, pero de haberla, también; recordemos que la ley está diseñada para que al final se quede quien decida el gobernador.
Miren ustedes, mucho criticaban los morenistas cuaternarios a la dupla prianista por beneficiar a sus cuates con los puestos públicos; ahora, lejos de oponerse, se integran a la dupla, y forman una triada. El que es marrano en cualquier chiquero alcanza olote.
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Por cierto, el 13 de agosto de 1849, es decir hace 171 años, fue dictada en San Luis Potosí la que dicen es la primera sentencia de amparo.
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