La frase del gobernador Ricardo Gallardo “Aunque se enojen, aunque brinquen y se emberrinchen se remodelará la Alameda”, define a la perfección su gobierno. Desde su primer día a cargo del ejecutivo quedó claro que la mezcla de autoritarismo y prepotencia sería uno de sus distintivos; el problema es que ese tipo de actitudes no sólo se manifiestan en él, sino que comienzan a ser extensivas a otros funcionarios, no sólo de primer nivel, sino también entre aspiracionales burócratas de reciente incorporación.
Muestra hay de sobra, pero dada la intrascendencia del protagonista, llama la atención. Miguel Ángel Kuri Ugarte, director de área en el Sistema de financiamiento para el desarrollo del estado (Sifide) y valet de la coordinadora general Lilia Malvido Flores, arrogante y despreocupadamente se la pasa (dentro de la dependencia y en horario laboral) expeliendo por todos sus orificios corporales el humo que produce su cigarro electrónico, generando molestia entre el personal de la dependencia. En este tipo de actitudes no sólo es evidente la violación a la ley (artículo 26 de la Ley General para el control del Tabaco [DOF 17/02/2022]), sino también queda en claro que lo hacen porque nadie les dirá algo ni pondrá un hasta aquí.
En realidad son detalles menores, la cuestión de fondo es cuando esa esa arrogancia se combina con la prepotencia y el autoritarismo, llegando a modificar las leyes, para beneficiarse y para demostrar que, efectivamente, pueden hacer lo que se les venga en gana. Ahí esté el caso, en el que parece que nadie se da cuenta, de la Auditoría superior del estado.
La omisión dolosa del gobernador (convertido por temporada –y en horario de oficina– en costoso porrista futbolero) para designar a un titular de ese organismo, tiene un trasfondo perverso. Me explico: el artículo 75 de la Ley de fiscalización y rendición de cuentas del estado de San Luis Potosí, establece que el titular del aparato fiscalizador durará en su cargo un periodo de siete años. Si hasta ahora no se ha nombrado un titular y se tiene sólo a una encargada de despacho es por un perverso interés de protección.
Paréntesis necesario. Por ley la designación del titular no recae en el ejecutivo, pero con eso que ahora el gobernador todo lo debe de aprobar, validar o al menos verlo con beneplácito, es más que obvio que así será. De no ser así (aunque por supuesto, nadie lo pensaría de otra manera) vendría primero el denuesto y agresiones públicas a las dependencias, para después utilizar como bacinica recipiendaria de su escatología verbal a sus titulares o integrantes.
Regreso al punto. El gobernador Ricardo Gallardo y sus principales allegados saben de primera mano la fuerza que puede tener un proceso de fiscalización y de rendición de cuentas llevado por la Auditoría superior; basta ver que los informes de auditorías realizados por la defenestrada Rocío Cervantes a las cuentas públicas del año 2020 (tan bien hizo su trabajo que la hicieron a un lado), fueron el elemento que permitió proceder penalmente en contra de los exsecretarios carreristas: Mónica Rangel y Miguel Lutzow, Jaime Pineda y Leopoldo Stevens, más los que falten.
Previendo cualquier resultado y escenario adverso, la persona que llegue a la titularidad de esa dependencia, ocupará el cargo de 2023 al 2030; si consideramos que el gobernador Ricardo Gallardo en teoría concluirá en el 2027, durante el 2028 se revisará la última cuenta pública de la actual administración y el periodo para solventar esas observaciones transcurrirá prácticamente hasta mediados del 2029. Dicho de otro modo: si se hubiera nombrado un titular de esa dependencia desde el 03 de diciembre del 2021, cuando renunció Rocío Cervantes, el sucesor estaría en el cargo de diciembre de ese año hasta diciembre de 2028, plazo (en el que todavía no prescribirían las acciones para fincar responsabilidades e imponer sanciones administrativas graves y que pueden llevar a la cárcel, y si alguien sabe bien lo que es estar preso es el gobernador), que “casualmente” es de siete años conforme lo establece el artículo 66 de la misma ley de Fiscalización. Para que arriesgarse, mejor un auditor a modo, para algo había de servir el poder.
Gracias por la lectura. En realidad les quería platicar cómo fue que desde el palacio se carrancearon los fondos de los maestros jubilados de la Sección 52, pero creo que no están preparados para leerlo, ni yo para contralo.