Las mayorías no generan cheques en blanco. Por muchos votos en favor de determinada postura, partido o persona, no siempre hablamos de democracia.
En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, quien tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Sin embargo, esto no es absoluto. El mismo precepto señala que todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.
Adicionalmente, atendamos al artículo 3° de la misma Constitución, en el cual se considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Por supuesto, tampoco podemos dejar de mencionar el artículo 136 del mismo ordenamiento que nos ocupa, el cual señala que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, agregando que, en caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia.
Con todo esto, podemos afirmar sin duda alguna que cualquier decisión mayoritaria debe, sin embargo, estar circunscrita a estos lineamientos.
Por eso, aunque haya en el Congreso de la Unión una mayoría calificada en cada una de las Cámaras, integrada por transformistas y paleros que se les suman, no tienen decisión plena y absoluta sobre las decisiones fundamentales del país, por mucho que digan que recibieron ese mandato en las urnas.
Y es que de manera demencial los cuatroteros han venido devastando y degradando al Estado mexicano desde el año dos mil dieciocho, con el pretexto de que han recibido en las urnas un mandato popular que, como ya dijimos, no puede ser entendido como un pasaporte, una patente de corso para hacer lo que les de la gana con las instituciones.
El oficialismo está ayuno de abogados, así que poco o nada saben del contenido, alcances y dimensión de lo que es una Constitución y sus conceptos básicos relacionados, como soberanía, justicia y ley. Por supuesto, no hace falta decirlo, de lo que es la democracia no los acompaña siquiera una simple pincelada intelectual.
Si supieran Derecho, tendrían claro que una Constitución es una síntesis de ordenación de los factores que constituyen el Estado: su territorio, su población y sus estructuras de Poder; que como norma compleja requiere mecanismos complejos de reforma o adición pero que hay ciertas cuestiones que son intocables.
Eso se explica precisamente con lo que anotamos al inicio de esta pieza: resulta intocable el reconocimiento del pueblo como origen de la soberanía. No se podría dar una restricción, modulación o eliminación de esta determinación, ya que, como también anotamos, la Constitución no pierde fuerza y vigor, aun en caso de rebelión o trastorno.
De esta forma, cuando algo admite una excepción, puede haber otras exclusiones, tal y como se desprende de un principio lógico de ampliabilidad que considera que éstas pueden presentarse cuando hay la misma condición que permite aquella.
Por tanto, estimando cierto que hay preceptos constitucionales que son inmodificables para no afectar la esencia del Estado mexicano y que solo aquellas acciones estatales que van en beneficio de la población son las que corresponden al ámbito de la democracia, entonces las reformas a la propia Constitución que no cumplan con tales fines resultan intolerables para ella.
No basta un porcentaje numérico de dos terceras partes en las Cámaras ni mayoría de congresos locales, eso es simplemente una formalidad; lo esencial es el contenido material de las reformas y su evaluación en favor del constante mejoramiento del pueblo.
Por eso, es evidente que el oficialismo actual es todo, menos democrático.