“Sin defensores de derechos humanos nuestras sociedades serían mucho menos libres”
M. Forst
La muerte de la periodista Lourdes Maldonado, sin duda, ha calado muy hondo en la sociedad mexicana (de por sí ya harta de las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en la última década en nuestro país). La exigencia de justicia y sanción va desde el vocero de la ONU, Stéphane Dujarric, así como, de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a las que se sumaron las protestas en calle de reporteros y trabajadores de medios de comunicación a lo largo y ancho de la nación (donde SLP no fue la excepción).
Se trata de una violencia estructural sin más (agentes del Estado, pero también particulares). Cuando menos, así se interpreta de la entrevista (El Universal, 26.01.2022), del encargado de la Unidad de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos, al revelarnos que quienes más agreden a las y los periodistas y defensores(as) de derechos humanos en México son las autoridades municipales y el crimen organizado.
El propio Irazoque Palzauelos reconoce que la mayoría de las investigaciones de las agresiones está en competencia de las fiscalías locales de la nación. Así mismo, detalla la insuficiencia del mecanismo de protección en México a casi 10 años de su constitución, y con un gasto efectuado entre 2019-2021 de 1200 mdp (y este año tiene un presupuesto asignado de 1400mdp). En donde, por cierto, Lourdes Maldonado estaba inscrita.
Por si no bastara, recién la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la falencia en la investigación de la fiscalía en el asesinato de la activista Digna Ochoa.
Debemos traer a colación, al artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana que: “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
Como atinadamente sugiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la liberta de expresión y de prensa, como la virtud única y preciosa de pensar al mundo desde nuestra propia perspectiva, y de comunicarnos con los otros para construir, a través, de un proceso deliberativo, no sólo el modelo de vida que cada uno tiene derecho a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir (2009).
La Corte Interamericana, en el caso La Colegiación Obligatoria de Periodistas, y, en su Opinión Consultiva 5/85, ha subrayado una jurisprudencia que, destaca la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos, ello, pues se deriva también de su relación estructural con la democracia.
Por ello, es menester fortalecer el funcionamiento de sistemas democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole (CoIDH, 1985).
Decíamos que el Mecanismo de Protección, aunque no sea la única manera efectiva de este cometido, con una instrumentación adecuada puede facilitar al Estado cumplir con su obligación de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas [CIDH, 2011].
La diferencia es que ahora la sociedad mexicana exige resultados inmediatos. Es por ello que, en el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos SLP decidimos alzar la voz, con nuestro primer posicionamiento público, y decir ya basta de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos.
De momento se agotan las líneas de mi espacio editorial. Las y los espero el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com