“Sin defensores de derechos humanos nuestras sociedades serían mucho menos libres”
M. Forst
Esta semana Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló dentro del clima de agresiones a periodistas en nuestro país: “me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad”. Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el gobierno nacional, que, inmediatamente le reprocharon la presunción de participación de armas americanas en los asesinatos a informadores, o bien, una desinformación, pues, existe una acción gubernamental al respecto (la primera replica provino de la cancillería, y la segunda del propio palacio nacional).
Cierto es que, existe un problema realmente alarmante derivado de una violencia estructural a defensoras y defensores de derechos humanos, y, desde luego, a periodistas; innegable. Pero no menos cierto es, que ese clima de violencia es de por lo menos hace 15 años. Es por ello, que traigo a colación (y quisiera participarle lector), el Informe conjunto de los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en México (2018).
Para los observadores internacionales las amenazas físicas e intimidaciones eran las formas más comunes, aunque, eran crecientes ya las agresiones físicas y los secuestros. Asimismo, los ataques digitales y hostigamiento a través de redes sociales (casos más graves serán la vigilancia secreta no supervisada -espionaje-). Otro fenómeno visible era el desplazamiento interno de periodistas, a pesar de la falta de registros oficiales (CIDH, ONU, 2018).
En cuanto a la respuesta gubernamental, a esta problemática, consistió en la creación de un marco institucional, conformado por la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012. Y su segunda acción fue la instauración del llamado “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” (el Mecanismo), que, de esta forma, se constituye como la política pública más importante para proteger a los periodistas en México.
No obstante, según la ONU y la CIDH (2018), los muchos desafíos que el Mecanismo debe enfrentar son una coordinación efectiva con las autoridades locales para la implementación de medidas de prevención y protección (Fiscalías, Comisiones locales de Atención a Víctimas, y Comisiones locales protectoras de Derechos Humanos [en el caso de San Luis Potosí con la creación del primer Mecanismo estatal sí están incluidas estas instituciones].
El mecanismo, desde entonces, refleja una debilidad en el desarrollo de metodologías para la evaluación de riesgos, sobre todo, que partan de una mirada diferenciada en cuanto específicos, en especial, cuando se estén inmersas mujeres periodistas, o periodista indígenas y comunitarios. Aunque, los organismos internacionales reconocen lo positivo de haberse estandarizado el protocolo de procedimiento, empero, se requiere la capacitación de los operadores.
En el mismo sentido, es necesario incorporar detenidamente la violencia institucional, es decir, aquella que proviene de funcionarios públicos, por lo que, la legislación debe traer aparejada una serie de sanciones administrativas (ONU, CIDH, 2018).
De momento se agotan las líneas de mi espacio editorial. Las y los espero el próximo viernes.
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