Al entrar en la fase 2 de la pandemia, y ya con nuestro primer fallecimiento, hay algunos consensos que no debemos ignorar: a) el distanciamiento físico entre las personas es clave para contener o moderar el contagio, b) en el mismo sentido ayuda mucho lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara y desinfectar nuestro entorno, y c) la contención de los contagios es indispensable para evitar el colapso de los sistemas de salud, por amplios y robustos que estos sean.
Hay también disensos que traen incertidumbres: a) ¿cuánto tiempo será necesario mantener distancia con los demás, cuya expresión radical es aislarse en casa, y, consecuentemente, cuánto se prevé que dure la pandemia? b) ¿existe algún cálculo local, actualizado, sobre el tamaño del problema (número total de infectados, porcentaje que requerirá atención médica y hospitalización, estimado de casos graves y de posibles defunciones, etcétera? y c) ¿qué tan bien, mal o regular estamos preparados para lo que viene?
Esta sucinta y de ninguna manera exhaustiva enumeración de lo que sabemos y de lo que ignoramos sirve a manera de introducción para plantear una cuestión que me parece central: esta es hora de hablarnos con la verdad, entre sociedad y gobierno, entre nosotros los ciudadanos mismos y, desde luego, entre las propias autoridades sean del mismo o de diferentes niveles de gobierno.
Si se observa con atención, la postura del gobierno del Estado ante la amenaza del coronavirus ha estado muy en sintonía con la del gobierno federal. Era de esperarse; es coherente con el estilo de nuestro gobernador y su circunstancia política. El problema es que de unos días a la fecha el principal estratega y vocero federal del tema, el subsecretario Hugo López-Gatell, ha comenzado a hacer malabares con ciencia, política y lambisconerías, a mostrarse errático y contradictorio. Lógicamente ha ido perdiendo credibilidad. Es indeseable que arrastre en esa pendiente a nuestras autoridades ejecutivas y de salud.
Y ni qué decir de la extraña y desconcertante actitud del presidente López Obrador en esta coyuntura, que lo mismo dice que seguirá haciendo giras de fin de semana que invita a los mexicanos a salir con la familia a restaurantes y fondas. Esto amerita toda una columna.
Localmente, lo deseable es que el gobernador Juan Manuel Carreras, la secretaria Mónica Liliana Rangel, el director de salud pública Miguel Lutzow, et al, privilegien su compromiso ético con los potosinos y no con otras instancias de poder.
Existe la posibilidad -que ojalá no la veamos concretada- de que se presenten situaciones extremas en cuyo manejo la credibilidad de nuestras autoridades va a ser decisiva. Estoy pensando en algo como lo ya ocurrido en Italia, donde ante el desplome de su sistema de salud por el tamaño de la pandemia, en algunos hospitales tuvieron que decidir a quién sí y a quién no darle atención intensiva. La negativa significaba la muerte.
No quiero ver que en esta entidad se acumulen casos y se produzcan fallecimientos bajo sospecha de ser producto no del mal en sí mismo sino de la incapacidad oficial de proporcionar una atención apropiada. Si algo así llegara a ocurrir -insisto, ojalá y que no- y quien de la cara es alguien sin credibilidad, alguien que agotó la suya por seguir malos ejemplos federales, en automático la complejidad del caso se disparará.
No es mucho de imaginar. La tarde del martes, en un hospital privado de la Ciudad de México, falleció la señora María Martha, de 61 años, afectada por el COVID-19. De inmediato, su hija acusó que su fallecimiento fue producto de una cadena de errores y negligencias, que comenzaron con la ausencia de una debida revisión médica cuando regresó de España el pasado día 17, continuaron con lentitud en la entrega de resultados de laboratorio en otro hospital privado. Y no se trata de uno de esos casos extremos en el que algún médico decide a quién se da la atención intensiva y a quién no.
Perdón lo reiterativo: ante los múltiples riesgos y complicaciones que comporta la pandemia que toca a nuestras puertas, la mutua confianza entre ciudadanía y autoridades va a ser muy importante, como pocas veces lo hemos visto. Una piedra fundacional de la confianza es la verdad.
TODO DEPENDE
En este mismo espacio, la semana anterior dejamos planteadas algunas interrogantes sobre las capacidades de la infraestructura física y humana que ofrecen nuestros sistemas de salud, tanto público como privado, en la perspectiva de que llegado el “pico” del coronavirus qué tan bien o mal preparados estamos los potosinos de todo el estado.
De acuerdo con datos proporcionados por el área de Comunicación social de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en las eficientes manos de Rocío Morales, y tomando en cuenta las estimaciones nacionales con su reflejo en San Luis Potosí, la conclusión general es que no estamos en óptimas condiciones para enfrentar la pandemia pero tampoco en pésimas.
De hecho, la magnitud final de los daños que el COVID-19 cause en la salud de los potosinos va a depender de factores aleatorios; sobre todo de si los casos de contagio que presenten síntomas y requieran atención hospitalaria, sea normal o intensiva, se “amontonan” en pocos días o si se espacian en semanas o meses.
Según las cifras dadas a conocer hace nueve días por el subsecretario López-Gatell, se espera que 90 millones de mexicanos (70% de la población nacional) sean infectados por el virus. Nuestras autoridades sanitarias estiman que solamente 250 mil de ellos (según modelos matemáticos derivados de la experiencia China) desarrollaran la enfermedad. De ellos, indica el cálculo oficial, serán 175 mil los que busquen atención médica, pero 140 mil solo requerirán tratamientos ambulatorios (sin hospitalización). Los 35 mil restantes sí deberán ser internados en alguna institución hospitalaria, y de entre ellos unos 10 mil 550 demandarán terapia intensiva.
A partir de esos cálculos, deriva que en nuestra entidad el virus infectaría a casi dos millones de potosinos, pero solamente entre seis y siete mil desarrollarían la enfermedad. Unos cinco mil buscarían atención médica. La mayoría se atendería en su hogar y alrededor de mil sí requerirían hospitalización. De estos, unos 300 estarían en peligro de muerte y reclamarían atención en cuidados intensivos. Un aparato indispensable para tratar a enfermos graves es el ventilador o respirador mecánico.
¿De qué disponemos para enfrentar la contingencia? Nos dicen en Salud (los datos son para todo el estado) que contamos con 283 ventiladores entre públicos (244) y particulares (39). De ese total el 79 por ciento (223) están concentrados en esta capital, pero llegado el caso su desplazamiento a otros lugares no sería mucho problema.
Al día de ayer, contábamos con únicamente 50 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 30 corresponden al sector público y 20 al privado. El 90 por ciento de las mismas radica en esta ciudad. Aquí se aprecia un déficit severo ante la posibilidad de que los demandantes de ese tipo de atención lleguen a los 300. Al respecto, se hace presente el reiterado factor del tiempo. Si los 300 o 250 casos graves se presentan en un plazo corto, digamos de dos a tres semanas, el problema será muy serio. Si por el contrario, se van dando a lo largo de dos o tres meses, es manejable. Más aún, según nuestras propias indagaciones fuera de las dependencias públicas, el Hospital Central, que en este momento cuenta con 19 camas de terapia intensiva, puede con relativa facilidad habilitar 20 más. En los principales hospitales privados de esta capital cuentan con unas 24 camas de ese tipo, pero no tendrían mayor problema en acondicionar unas 15 más. (La realidad es que en la entidad existen más de 70 camas de cuidados intensivos funcionando, pero no puede contarse con todas para la emergencia porque unas 20 están permanentemente ocupadas con pacientes de otras enfermedades igualmente graves).
En total disponemos de 2 mil 300 camas para hospitalización, 1 mil 864 publicas y 436 privadas, con una mejor distribución geográfica: 62 por ciento en la capital y el resto distribuido en los municipios. Médicos, contamos con 573 en el sector público y 280 en instituciones privadas, para un total de 853. En cuanto a enfermeras, suman 2 mil 195 entre ambos sectores.
La historia es la misma: si los casos se distribuyen a lo largo de meses, no deberemos tener crisis mayores por capacidades en el sector salud. Si se acumulan en pocos días, vamos a sufrir.
COMPRIMIDOS
Ahora que veía al secretario del Ayuntamiento pasar aceite ofreciendo una disculpa pública a la ex oficial del Registro Civil desalojada violenta y torpemente de una oficina, recordé una historia que aparece en la novela El Nombre de la Rosa de Umberto Eco: El novicio Adso de Melk le pregunta a su maestro el monje Guillermo de Baskerville, qué hace cuando tiene dudas insolubles sobre algún tema. “Consulto a París”, le responde. “¿Allá siempre tienen la respuesta correcta?”, quiere saber Adso. “No, nunca. Pero están muy convencidos de sus errores”, concluye el diálogo. (La cita es de memoria).
Con el mismo motivo me acordé de una frase de Max Weber que aparece en su ensayo La Política como Vocación (1919), y que los jóvenes integrantes de la cúpula de la administración municipal harían bien en tener en cuenta: “Quien quiera dedicarse a la política debe olvidarse de ángeles y demonios. Si quiere salvar la ciudad (el Estado) debe de renunciar a salvar su alma”. Sebastián tragando sapos y Jiménez Arcadia muerto de la risa.
Uno de los mas apreciables subproductos de la debacle de todos los partidos distintos a Morena ocurrida con las elecciones del 2018 fue la desaparición de la partidocracia, esa viciosa práctica en la que las formaciones partidistas veían primero por sus intereses que por los de sus representados o la nación en su conjunto. El gusto nos duró poco. Hace una semana, de la mano de Morena, regresó en todo su esplendor al autorizar por impío mayoritario reformas legales que facilitarán -con ventajas- la reelección de los diputados federales. Lo único bueno es que el jefe de jefes expresó su disgusto y quien quita y en el Senado frenen el asunto.
El inicio del proceso para ratificar o no a una decena de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, que debería comenzar en abril al interior del Consejo de la Judicatura, se va a retrasar. Lo que nadie sabe es por cuanto tiempo. Aquí sí los plazos legales son importantes, por lo que es de desearse que nadie se haga el desentendido para simplemente dejar pasar los tiempos.
Hasta el próximo jueves.