Cada seis años, después de la celebración de una elección presidencial, suele haber un entusiasmo político y legislativo por reformar al país. Recordará Usted que en el sexenio pasado se realizó un proceso complejo de reformas denominadas “estructurales” -lo que sea que ello signifique- que básicamente consistió en reconfigurar un esquema de reglas con el que funcionan los subsistemas que hacen que el país se mueva.
El balance de los resultados de estas reformas puede ser prematuro. Sin embargo tampoco puede decirse que todas estas reformas fueron diseñadas correctamente, o bien, que se hayan implementado de acuerdo a como fueron concebidas. En cualquier caso, la alternancia de fuerzas políticas en los poderes del estado abre con energía la ventana reformadora. No hay nada inédito en pretender transformar al país, la clave está en la dimensión, justificación y pertinencia de los cambios propuestos.
Permítame hacer una breve pausa en esta idea para advertir un dato relevante. Ese ánimo transformador tampoco es exclusivo de nuestro país. Hace unas horas en el equivalente estadounidense de nuestro informe de gobierno (allá se llama The State of the Union), el presidente Donald Trump habló de la realidad que Estados Unidos no ha alcanzado, principalmente, por la falta de voluntad política de los actores –es decir, los demócratas- para aprobar un conjunto de reformas que harían funcionar al país de acuerdo con la manera en que Trump lo entiende. Este discurso es parcialmente cierto, pero no son sus opositores quienes “estorban” a los planes de Trump: es la Constitución.
En su tradición liberal, la Constitución de Estados Unidos representa un documento fundamental que controla el poder presidencial desde la división de poderes y el imperio de la ley. Es probable que para un individuo con altísimos niveles de pragmatismo, todo esto resulte un enorme estorbo a su sentido de eficiacia: si una regla te estorba, cámbiala. Y por esta razón los textos constitucionales deben contar con mecanismos que garanticen su vigencia: en términos políticos, no debe salir tan barato cambiar la Constitución a capricho del gobernante en turno.
Regresemos al caso de México. Recuerdo con claridad la etapa de alternancia del 2000 en donde Vicente Fox convocó a sendas mesas de reforma del estado de donde se obtendrían las líneas orientadoras del país posible. Los cambios políticos posteriores quedaron cortos al tamaño de las expectativas sociales. No hubo un nuevo país, pero sí uno distinto. Cambiaron algunas formas y un poco de fondo. Quizás Fox no tenía la cantidad de votos suficientes en el Congreso de la Unión para modificar la Constitución de forma lisa y llana; y eso se agradece porque al final, la reforma política es resultado de un proceso de interacción entre los actores y los discursos.
No encuentro novedad alguna en la intención de reformar nuevamente al país. Lo que sí me sorprende es la ausencia de actitudes y de espacios serios de discusión de las reformas necesarias o posibles. Voy con Jürgen Habermas: las leyes y las políticas deben ser probadas a través de un debate público racional, ya que no se cuenta con otra alternativa para averiguar si las políticas tienen la capacidad de ser públicas. Se trata del más elemental sentido de la democracia y el republicanismo: vamos debatiendo ampliamente la forma en que queremos reformar al país.
Twitter. @marcoivanvargas