Una reflexión sobre el poder,
las libertades y el
rumbo de nuestro país
Antes de comenzar
Este texto nació de una conversación que sostuve con ChatGPT a partir de una inquietud personal: comprender mejor qué es el fascismo, cómo se manifestó históricamente y qué relación pueden tener algunas de sus características con las transformaciones políticas que estamos viviendo.
Lo que comenzó como una consulta sobre historia política terminó convirtiéndose en una conversación más amplia sobre México, sus gobiernos, nuestras instituciones y, especialmente, sobre el estado actual de nuestra democracia.
A lo largo del intercambio fui planteando preguntas, compartiendo observaciones y señalando acontecimientos que considero preocupantes. ChatGPT aportó contexto histórico, conceptos de ciencia política, información y distintas perspectivas que nos permitieron ordenar y profundizar el análisis.
No pretendo presentar estas reflexiones como verdades absolutas ni como un estudio académico. Tampoco busco defender a los gobiernos del pasado o descalificar por principio a quienes hoy ejercen el poder.
Mi intención es compartir las preguntas que surgieron de esta conversación, las preocupaciones que permanecen y algunos elementos que considero importantes para reflexionar sobre el rumbo de nuestro país.
El texto que sigue es resultado de ese intercambio entre mis inquietudes y una herramienta de inteligencia artificial. Lo comparto precisamente con ese carácter: como una reflexión abierta, susceptible de ser cuestionada, contrastada y enriquecida.
Porque, al final, una parte fundamental de vivir en democracia es conservar la disposición a preguntar, escuchar, disentir y pensar por nosotros mismos.
Una historia que no comienza en 2018
México no comenzó a tener problemas democráticos con la llegada de Morena al poder. Sería históricamente incorrecto ignorar los setenta años de predominio del PRI, las prácticas autoritarias, la corrupción, los abusos del poder y las desigualdades que marcaron buena parte de nuestra historia política. Tampoco los doce años de gobiernos del PAN consiguieron transformar de fondo muchas de esas estructuras.
La acumulación de errores, complicidades, impunidad y desencanto ciudadano contribuyó a crear las condiciones para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Millones de mexicanos encontraron en su propuesta la posibilidad de un cambio que los partidos tradicionales no habían logrado ofrecer.
Reconocer ese origen es indispensable para comprender nuestro presente. Pero también lo es reconocer que, desde la llegada de Morena al gobierno, distintos indicadores internacionales han documentado un deterioro adicional de la calidad democrática y de algunos de sus contrapesos institucionales.
No se trata de idealizar el pasado. Se trata de preguntarnos si las decisiones de los últimos años corrigen aquellas deficiencias o profundizan algunas de las prácticas que durante décadas criticamos.
El poder y sus límites
Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es que ningún poder debe ser absoluto. Para eso existen la división de poderes, los organismos autónomos, la libertad de prensa, la participación ciudadana y los mecanismos que permiten vigilar y cuestionar a quienes gobiernan.
Durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum hemos presenciado transformaciones profundas en ese equilibrio. La desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial, la ampliación de funciones militares y la concentración de poder legislativo en Morena y sus aliados han modificado las condiciones bajo las cuales se ejerce y supervisa el poder público.
La elección popular de jueces y magistrados, presentada como una forma de democratizar la justicia, plantea interrogantes sobre su independencia. La baja participación ciudadana en las primeras elecciones judiciales y la distribución de los llamados «acordeones», que orientaban el voto hacia determinadas candidaturas, aumentaron las dudas sobre el nuevo sistema. El INE estimó una participación de entre 12.57% y 13.32%, y la misión de la OEA observó que las nueve candidaturas más votadas a la Suprema Corte fueron promovidas en acordeones.
No podemos afirmar que todos los integrantes del Poder Judicial respondan a intereses partidistas. Pero sí podemos cuestionar si el mecanismo garantiza suficientemente que un ciudadano pueda acudir ante un juez independiente cuando sus derechos sean vulnerados por el propio gobierno.
Elecciones, participación y representación
La existencia de elecciones y partidos políticos no garantiza, por sí sola, una democracia plena. Una democracia requiere que la oposición pueda competir en condiciones razonablemente equitativas, que las autoridades electorales actúen con independencia y que los ciudadanos tengan posibilidades reales de influir en las decisiones públicas.
La reforma constitucional publicada el 2 de junio de 2026 incorporó la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. Proteger las elecciones de interferencias externas es legítimo y necesario. Sin embargo, una disposición de esta naturaleza exige definiciones precisas, pruebas suficientes y autoridades capaces de resolver sin presiones políticas. No equivale a cancelar las elecciones de 2027.
También merece atención la reforma sobre nacionalidad única para determinados cargos ejecutivos, publicada el 7 de octubre de 2026. Aunque existen argumentos de soberanía que pueden justificar requisitos especiales, cualquier limitación al derecho de participación política debe ser necesaria, proporcional y compatible con los derechos constitucionales.
La participación democrática tampoco termina en las urnas. Incluye la capacidad de organizarse, disentir, exigir información, participar en decisiones públicas y supervisar al gobierno. Por ello preocupa que los espacios institucionales para ejercer esa vigilancia puedan debilitarse cuando una misma fuerza política concentra una parte considerable del poder.
Libertad de expresión y construcción del adversario
Durante el gobierno de López Obrador se normalizó un discurso de confrontación entre el proyecto gobernante y quienes lo cuestionaban. Periodistas, organizaciones civiles, intelectuales y adversarios políticos fueron frecuentemente señalados como representantes de intereses contrarios a la transformación del país.
Las acusaciones y descalificaciones públicas contra periodistas, entre ellos Carmen Aristegui, invitan a examinar el uso de etiquetas políticas extremas para desacreditar a quienes ejercen la crítica. Las palabras exactas y el contexto de declaraciones recientes deben contrastarse con la grabación original antes de atribuir citas textuales.
Todo gobernante, incluido un expresidente, tiene derecho a responder y cuestionar el trabajo periodístico. Pero existe una diferencia entre debatir argumentos y presentar sistemáticamente a las voces críticas como enemigos políticos o morales.
La libertad de expresión no desaparece solamente cuando una ley prohíbe hablar. También puede deteriorarse cuando se construye un ambiente de intimidación, hostilidad o temor a las consecuencias de disentir.
Las discusiones sobre regulación de contenidos digitales, símbolos gubernamentales y retirada de publicaciones merecen examinarse desde esa perspectiva. No toda regulación constituye censura, ni está acreditado que se hayan prohibido los memes contra el gobierno; ninguna regulación debería utilizarse para restringir la sátira o la crítica política legítima.