Si alguien va a tener un séptimo año de gobierno ése será el diputado Alejandro Leal, su llegada al Congreso la planeó en función de la protección que alcanzaría luego de obtener la curul. La lógica en los días que agonizaba la administración carrerista planteaba la protección que posiblemente pudiera necesitar el gobernador saliente una vez iniciada la nueva administración.
Si el todavía gobernador y sus compañeros de gabinete pensaron que contarían con un aliado en la legislatura entrante, hoy seguramente ya comprendieron el tamaño del yerro; Leal Tovías, perito en el arte de la mutación, marca distancia y se deslinda de aquellos, mientras –abyecto– muestra sumisión al nuevo gobierno.
Las opiniones vertidas por el diputado priísta en el asunto del exjefe policiaco defenestrado, es una perfecta muestra de la asombrosa capacidad de nuestros políticos para olvidar amistades y lealtades cuando se trata ya no de mantenerse, sino de sobrevivir en un medio que saben les resulta adverso y peligroso.
Hacer evidente su sumisión no tiene nada de extraordinario y menos en estos días; no será el primero y, antes bien, es uno más entre los heraldos, turiferarios y caudatarios, del actual gobernador. Lo irónico es que con su actuar legitima las persecuciones que se desatarán contra sus excompañeros y quizá contra él mismo; llegado el momento si la gallardía necesita sacrificarlo, aún y cuando hubiera una posible alianza, no dudará en hacerlo y seguramente sus homólogos no dudarán en permanecer callados.
Al igual que por las amistades, no muestra ningún respeto por su apellido, sobrepasa los límites de lo absurdo el que se atreva a afirmar que nunca estuvo al tanto de las actuaciones del exsecretario de Seguridad Pública. Más bajo no se puede llegar, su dicho evidencia una total falta de respeto a su propia persona; estamos frente a un secretario general de Gobierno, que no tenía conocimiento de la dispendiosa y delincuencial forma en que disponía del erario no sólo un compañero de gabinete, sino un secretario que dependía directamente de él, como responsable de la seguridad del estado.
No sólo eso, confirma lo que era del saber popular: la total pusilanimidad con la que se condujo el gobierno de Juan Manuel Carreras en todos los aspectos. Permisividad a sus cercanos; desinterés completo en el manejo del estado; total falta de control en el uso de los recursos públicos. Miedo a mostrarse incapaz de realizar algún cambio en el gabinete.
El caso de Pineda Arteaga es una muestra aleatoria en el universo de latrocinios cometidos durante la pasada administración en perjuicio de los recursos públicos; faltan varios de ser llamados a rendir cuentas ante la ley por sus malos manejos. Hubiera sido preferible, pensarán ahora, fingir escarmientos y ejecutarlos en lo mínimo contra los responsables.
Las sanciones comenzadas en la persona de Pineda por la actual administración, de continuar amenazan con convertirse en una bola de nieve que irá arrastrando a varios a su paso. Esto es el inicio, faltan todavía los extitulares de Educación, Salud, y Obras Públicas, es poco probable que se actúe sobre el de Finanzas y, más todavía, sobre Juan Manuel Carreras.
Es poco probable que el gobierno federal decidiera protegerlo; el insistente rumor que surgió en los últimos meses de que una embajada lo arroparía en el frío exilio, hace unas semanas fue neutralizado al conocerse los nombres de exgobernadores propuestos para ocupar alguna sede diplomática. Los timoratos espaldarazos que Carreras obsequió al gobierno federal, cuando estuvo al frente de la Conago y todavía después, parecieran haber sido insuficientes para alcanzar la gracia pejista.
Pactos de impunidad habrá, nadie duda que se hubieran realizado acuerdos en los últimos días, pero así como no se dudan, seguro Gallardo tampoco olvida que el gran responsable de los meses que él permaneció en prisión fue su anodino antecesor.
Se dirá en palacio y repetirán sus porristas que la detención de Pineda es el inicio de una serie de actos de elemental interés en las cuentas públicas, que reivindican el actuar del Estado frente a delitos cometidos en su agravio; otros quizá piensen que se trata de intentos por legitimarse social y políticamente en un entorno que Gallardo sabe adverso y en el que impera una blanda y matizada hostilidad, pero más que una razón de estado o una legitimación, se trata de absoluta venganza.
De lo ocurrido en la administración anterior nadie sabía nada; los partidos de oposición y los otros poderes, al igual que Leal Tovías, no ven persecución, es preferible y más les conviene mirar para otro lado. Potosinazo a la carta.
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