Las organizaciones gubernamentales, en su ejercicio cotidiano, no solo buscan ser eficientes y efectivas, sino también creíbles. Esto significa que para ser efectivas deben cumplir con las promesas que asumieron durante las campañas políticas, lo cual se ve reflejado en los objetivos de la administración pública; así mismo deben hacer uso óptimo y transparente de los recursos que disponen, además de ello, sus decisiones y acciones de política pública deben contar con la confianza de la sociedad.
La estructura y funcionamiento de las organizaciones gubernamentales funcionan como un mito racional, se cree que todo esta bien sin existir evidencia empírica de la eficiencia, eficacia y credibilidad de sus políticas públicas. Ejemplo de ello, es el diseño de programas gubernamentales que buscan solucionar los problemas de la sociedad, cuya operación queda a cargo de profesionistas especializados en cada una de sus áreas de acción; sus procesos de trabajo siguen una metodología de implementación que incorporan una lógica política; se tiene la convicción de que con ello se eleva la eficiencia gubernamental.
Las organizaciones gubernamentales operan bajo el supuesto de que su legitimidad se deriva de procesos electorales legales y por el cumplimiento del marco jurídico vigente; sin embargo, esto no es así, todos los días tienen que luchar para ganar su legitimidad y su efectividad, para lo cual adoptan estructuras, reglas y procesos como mitos institucionalizados, los cuales se encuentran en el entorno social, se admite que con ello incrementarán el logro de sus objetivos por medio del uso eficiente de sus recursos y así obtendrán confianza social.
En un contexto de competencia y fragmentación política se ha generado un incremento en las demandas de soluciones de los problemas públicos, por lo que se ha aumentado la incertidumbre y ambigüedad en la toma de decisiones de política pública, por ello los diferentes niveles de gobierno se han visto en la necesidad de incorporar prácticas racionalizadas que contribuyan a acrecentar su capacidad de gobierno, uno de ellos es la planeación, la cual se ha visto, convertido y habituado como un mito racionalizado.
Sin embargo, existe suficiente evidencia empírica de que las organizaciones gubernamentales no funcionan de acuerdo con sus planes, que existe una gran brecha entre lo que plantean sus proyectos y la toma de decisiones cotidianas de política pública, por lo que su acoplamiento entre ellos es solo en el discurso y en el documento, como una estrategia para crear sentido social, como un símbolo que actúa con racionalidad; sus acciones siguen más la lógica política de sus actores que el contenido de sus planes.
Como mito racionalizado, la planeación se utiliza porque los actores gubernamentales desean que su gestión tenga legitimidad en la ciudadanía, buscando obtener un recurso que no poseen, credibilidad, para lo cual convocan a foros de consulta con la finalidad de incorporar las necesidades de cada uno de los sectores de la sociedad, además integran un documento donde plasman un diagnóstico, expresan sus objetivos y plantean un conjunto de acciones para cumplirlos.
Para que el mito sea racionalizado, debe verse reflejado en la estructura organizacional de las dependencias gubernamentales, lo cual no sucede en los gobiernos locales, en México: el 79 % de los municipios mexicanos no cuentan con una unidad de planeación, en San Luis Potosí representa el 83 % (véase gráfica); esto significa que han incorporado el mito de la planeación pero no tienen la capacidad técnica para su monitoreo y evaluación, por lo que suponen que con el solo plan de desarrollo incrementan su nivel de eficacia.
Por ello, cada tres o seis años vemos el mito de la presentación de los planes de desarrollo, se llevan a cabo todo un ceremonial para cumplir, se moviliza una gran cantidad de recursos para diseñarlos, pero al final de cada periodo gubernamental no se realiza ningún acto para presentar los resultados obtenidos, no hay un proceso de monitoreo de su implementación a lo largo del periodo gubernamental; queda en el olvido después de su aparición y exposición, no es una guía ni un insumo para la toma de decisiones de política pública.
Esto significa que los planes de desarrollo no han cumplido la función que tienen los mitos racionalizados en las organizaciones, ni hacen más eficiente su funcionamiento, ni han incrementado los niveles de credibilidad de los actos de gobierno, por ello surge la necesidad de buscar nuevos instrumentos organizacionales que fortalezcan los débiles vínculos que tienen los gobiernos con la sociedad local, de no hacerlo se corre el riesgo de un rompimiento total, en donde la sociedad buscará sus propias formas de resolver sus problemas públicos.
Las organizaciones gubernamentales tienen un desacoplamiento con la sociedad, la agenda social y pública es muy amplia y compleja, las cuales no se reflejan en la agenda gubernamental, ésta no abarca todos los problemas de la sociedad; la capacidad técnica y de recursos es insuficiente para atender la complejidad de los problemas públicos; la brecha es cada día más ancha; el problema no es de los procesos electorales, sino de los procesos de gobierno y de los instrumentos de política pública.
En síntesis, los planes de desarrollo no han cumplido la función para lo que fueron creados, más que ser una especie de mito racionalizado que contribuya a incrementar la eficiencia, eficacia y credibilidad de los procesos de gobierno local, son más un ritual de cada tres o seis años, pero cuya utilidad no se reflejan en mejores decisiones de política pública, los bajos niveles de credibilidad en las acciones de gobierno demandan la adopción de otros instrumentos que incrementen la calidad de interacción entre gobierno y sociedad, las agendas de gobernabilidad son una opción.
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