No sorprende que un alcalde de filiación conservadora como el de Guanajuato se pronuncie por el clasismo de los visitantes a esa hermosa ciudad. Los memes no se han hecho esperar y el sujeto en cuestión ha tenido que aceptar que “regó el tepache” de fea manera, exhibiendo las prendas que caracterizan a los que popularmente se les conoce como “mochos”. Ese mote se aplicó en su origen a los conservadores del siglo XIX, aludiendo al general Antonio López de Santa Anna, sobre todo por el sentimiento ambiguo (diríamos ahora hipócrita) que reivindicaba una situación privilegiada en América, como descendientes de los conquistadores españoles, y la presunta solidaridad para con los pueblos originarios, pero sin dejar de tenerlos como “protegidos”, pugnando por una sociedad fuertemente centralizada y jerarquizada donde ocuparían su lugar todos los cuerpos tradicionales con sus estatutos especiales, fueros y privilegios.
No sorprende que los conservadores de ahora se resistan al cambio, sobre todo porque ya no podrán hacer los grandes negocios a que se habían acostumbrado. Esos “mochos” de ahora, son los conservadores que quisieran seguir aprovechando el poder público para llevar “agua a sus molinos” y no para servir a la gente. Son los “mochos” que pugnan por los “moches”, esas atractivas comisiones que se obtienen por “bajar” obras y servicios públicos, siendo de tal modo lucrativos que hasta motivo de festejos desenfrenados han provocado, como aquélla célebre encerrona de diputados federales panistas de hace algunos años en Puerto Vallarta con tambora y edecanes que los dejaron damnificados, políticamente hablando, por el escándalo desatado. Hoy, los “mochos” se pronuncian contra el esquema de los delegados estatales del ya próximo gobierno federal pretextando que (vaya paradoja) se violentará la autonomía de gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, hay gobernantes locales que han ofrecido colaborar y coordinarse con el nuevo gobierno federal en las tareas específicas que correspondan y eso parece un gesto promisorio de “unidad en la diversidad”.
Pero los “mochos” no están conformes, sobre todo los que en lugar de ponerse a legislar y honrar la representación nacional, se han dedicado a ofrecer sus influencias y relaciones políticas para “bajar” los recursos públicos con el correspondiente “moche” que regularmente se han adjudicado, además de hacerse de una clientela electoral que pueden presionar para dizque devolver los “favores recibidos”. Hay casos que son ampliamente conocidos y hasta paradigmáticos por el grado de “sofisticación” alcanzado, como el de un célebre diputado potosino de la zona media que hasta llegó a decir a sus “representados” que tenían que votar en su favor porque serían vigilados vía satélite, so pena de no contar con más “beneficios” de las futuras “gestiones” que serían realizadas. Una intermediación política, pues, pervertida por la corrupción; intermediación que se ha planteado reconfigurar, no para desaparecerla sino para encauzarla de manera directa, no condicionada y sobre todo transparente y efectiva con resultados concretos para la gente.
A los “mochos” también les incomoda que se consulte a la gente para tomar decisiones y por ello insisten en descalificar ejercicios de la democracia participativa como los que se han venido realizando recientemente por el gobierno federal electo. Objetando que se violenta la legalidad, no deja de exhibirse un cierto tufo clasista y de repudio, desprecio, a que la sociedad asuma el papel que le corresponde. Ya se ha planteado que vendrán más consultas y se ajustarán a lo establecido en la norma constitucional y legislación secundaria, previa reforma que facilite ese tipo de ejercicio democrático. En calidad de mientras, los “mochos” pueden recurrir a esa misma legalidad vigente para inconformarse y, aunque ya han anunciado que lo harán, insisten en descalificar porque saben que, al final del día, se trata de una batalla política que, por lo pronto, van perdiendo.
El problema de fondo, en buena medida, es el que planteaba hace tiempo Pablo González Casanova como el de “la representación de la representación”; esto es: “un teatro político en el que los representantes representan a los representantes (…) y la lucha por una realidad en que los representantes representen a los representados corresponde al voto universal no como forma, sino como poder, como poder del pueblo representado (…) y la participación del pueblo en el poder es la del pueblo en la propiedad y en el consumo (…) y no sólo en la propiedad que va más allá de los andrajos y el hambre, sino en la clásica de los medios de producción” (en “¿Cuándo hablamos de democracia de qué hablamos?”, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, 1987). Una nueva etapa inicia este primero de diciembre, la de una democracia como poder del pueblo representado, que así sea.