Todavía ni siquiera tomaba posesión Ricardo Gallardo Cardona y ya se percibía su firme intención por controlar no sólo el Poder Ejecutivo sino también al Legislativo y al Judicial; poco después era también perceptible que por cualquier medio buscaría apoderarse de los organismos constitucionalmente autónomos (Comisión estatal de garantía de acceso a la información pública, Comisión estatal de derechos humanos, Consejo estatal electoral y de participación ciudadana, Fiscalía general del estado, Tribunal estatal electoral, Tribunal de justicia administrativa, y Universidad Autónoma de San Luis Potosí). Es decir apoderarse de todo el aparato del Estado y mantenerlo bajo su control; ya casi lo consigue.
A diferencia, al menos de sus dos antecesores, el actual gobernador si sabe para qué es el poder, pero al parecer todavía no alcanza a comprender como ejercerlo de una manera delicada; sus formas alejadas de la elegancia y sutileza que implica la diplomacia del gobernante, parecieran asemejarse más a las de un machero o –dijera mi abuela– a un sargento mal pagado. Ahí radica el problema, no tiene formas e ignora el fondo.
Cuando se mencionan, cada vez con mayor insistencia, los “afanes caciquiles” del gobernador de San Luis Potosí, ni se miente ni se exagera; busca en todo momento dejar en claro que es él quien manda, y –dado el aletargamiento de los potosinos– seguramente mandará por varios años más de los que fue elegido constitucionalmente. No estoy diciendo que busque la reelección (aunque quizá con esa legislatura a modo –al igual que la pena de muerte, la castración y el salario mínimo– en algún momento buscará proponer que sea éste el único estado de la república en que se busque la reelección), sino que todo indica que se mantendrá como líder indiscutible de toda la política potosina.
Para todos fue notorio, pero nadie dijo algo o al menos no quienes lo debían decir, la forma en que hace unos días el gobernador respondió a la solicitud de una ciudadana desesperada por el estado en el que se encuentra su caso (como tantos) en un juzgado: “háblenle a la presidenta del Supremo Tribunal pa’que me atienda el caso directamente ella, a Olga Regina […] ahorita quiero su cita, de una vez [...] a ver, ahí te va, mira, vamos a hacer esto: necesito que la cambien de Juzgado para que ya no sea la misma persona que le canceló, porque si le canceló es porque algo quieren manejar, que se declare incompetencia y que le asignen a un nuevo juez, díganle a la presidenta, por favor…”
El asunto se percibe de dos formas, la primera es la atención que de manera directa da el gobernador del estado a una ciudadana que plantea un caso, y busca que se simplifique porque aparentemente se ha estancado; eso es bueno, aunque pareciera que a partir de torcidas suposiciones él ya decidió que ahí hay algo turbio. Si aparato de justicia no es confiable según la percepción de gobernador imaginen lo que pensamos los ciudadanos de cédula cuarta.
Segunda, ¡un gobernador con título de abogado!, sin respetar la independencia de poderes y el funcionamiento del Poder Judicial, sin mayor problema y sin reparar en formas, decide y ordena lo que debe hacer la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien seguramente lo hará. En otras circunstancias (y geografía, porque no sé o recuerdo que alguien aquí lo hubiera hecho) un magistrado presidente con mayor dignidad personal y profesional y respeto a su investidura ya hubiera enviado un texto de extrañamiento no sólo por la intromisión en el funcionamiento del poder que representa, sino por ser tratado por el gobernador como si fuera un mozo de cuadra de sus caballerizas, al que seguramente le hablaría con mayor delicadeza porque si no le avienta la chamba.
“Nada que no hubiera sucedido antes –me comenta alguien que conoce a fondo el funcionamiento del poder judicial–, todos sabemos que el Poder Ejecutivo al final del día influye en las decisiones de los otros dos poderes, pero pues esto es grotesco en el sentido que ordena hablarle a la presidenta del Tribunal como si fuera una secretaria. Lo más preocupante de todo es que revela cómo está el Poder Judicial, a merced de una persona, imagínate la Fiscalía y los juzgados penales, creo que es lo más preocupante de todo.”
Gracias por la lectura. Si en estos próximos días usted no tiene ganas de o no acostumbra a visitar las tumbas de sus difuntos ni visitará en el centro los montajes del transterrado Xantolo, ahora convertido en artificio cultural del estado, le recomiendo refugiarse en la plataforma Netflix y disfrutar de la serie Notre-Dame, la part du feu y/o el documental Vatican girl: the disappearance of Emanuela Orlandi.