Creo recordar –si no me falla la memoria, que últimamente no me funciona muy bien, o al menos no como quisiera– que Gonzalo Santos, en sus muy socorridas Memorias, narra la forma en la que a inicios de su sexenio integró el aparato encargado de impartir justicia y hacer respetar las leyes.
Así, el preboste potosino elaboró listas con lo peor de los picapleitos huizacheros que lustraban la abogacía potosina de aquellos años, para luego –acorde a su estilo perverso– leerlas frente a lo más connotado del mismo gremio, y quienes ya con anterioridad habían declinado las invitaciones a incorporarse a su equipo. Éstos, luego de poner el grito en el cielo, cuestionaron al gobernador por la caterva de rufianes que integraban sus listas, a lo que éste señaló que era a lo que lo habían orillado con su rechazo. Acabaron pues, aceptando.
Ignoro bajo que formas, métodos y procedimientos se integre un gabinete estatal; un amigo, versado en esos temas, me ha comentado como se conformaron dos gabinetes, pero mi corto entendimiento no me permite comprenderlo del todo. Pienso, como sea, que alcaldes o gobernadores, están obligados a rodearse –por respeto a la investidura, a la ciudadanía, y a su propia persona– de los mejores profesionistas o al menos seres de nutrida experiencia y sentido común, que puedan ocupar la titularidad de direcciones o secretarías.
Creo que en San Luis Potosí, en las gubernaturas, al menos hasta el sexenio panista –con pequeñas salvedades– los tuvimos, pero dos sexenios después no vemos nada claro, hay mucho ruido y ni con los nogales han dado. En las alcaldías ni hablar, se ha perdido el recuerdo de cuál fue la última eficiente, y ni qué decir de la anterior de Alí Babá.
Desconozco cómo se integró el gabinete carrerista y, bueno, tampoco es necesaria mucha imaginación para darnos cuenta que invitó no necesariamente expertos, sino a sus cuates, o a quienes le recomendaron sus cuates. El caso del Ayuntamiento es distinto y me provoca mucha curiosidad, porque ahí no sólo hay amiguitos del alcalde de apellidos aristocratizantes, sino diversos especímenes que incrementan la interrogante.
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Vamos por partes. La Oficialía Mayor del Ayuntamiento se declaró incompetente para presentar documentación o elementos de prueba que contribuyan a iniciar o reforzar las denuncias ya existentes en contra de la anterior administración. Porque no saben, porque no pueden, porque tienen miedo; ande usted a saber, pero la cosa se repite.
Siguiendo con el tema de las denuncias, pero por otros lados, algo raro ocurrió en la Sindicatura; por circunstancias que no vienen al caso, el alcalde se echó malas con el primer síndico Víctor José Ángel Saldaña, quien cuenta con una gran experiencia como abogado, luego de haber sido coordinador jurídico de la casa de enlace ciudadano de los diputados del PAN y apoderado legal del mismo partido; eso y nada, pues. Por su parte, la síndico Alicia Vázquez Martínez, con toda la actitud que debe tener como segunda síndico, se mostró dispuesta a no bajar la guardia y apoyar a su alcalde, pero desafortunadamente por carencias de personal y experiencia señaló que necesitaba asesoría; recordemos que según el currículum consignado en la página del Ayuntamiento, su única experiencia fue como catedrática en las universidades Tangamanga y del Valle de México, y asesora jurídica en AVA (¿Alicia Vázquez?) corporativo de su propiedad. Antes no se trajo egresados del Instituto Maurer.
Así las cosas, el Ayuntamiento se vio en la necesidad de pensar en contratar a un abogado que los asesore; se trata de Néstor Fialló Samayoa quien está nominado para orientarlos (que no representarlos) como externo, en la causa penal contra Sandra Sánchez Ruiz.
Fialló trae sobre sí, el prestigio de haber sido fiscal especializado en Combate a la Corrupción, en Guerrero, donde también se desempeñó como vice fiscal. Pero también arrastra el pesado lastre del nepotismo conyugal, allá en Guerrero; de haber sido acusado, durante su tránsito por la SIEDO –en tiempos de la calderonista Maricela Morales– de obligar a algunos acusados a firmar declaraciones falsas; y de ser obligado a renunciar en 2013, cuando se desempeñaba como titular de la Fiscalía Regional en Ixtapan de la Sal, luego de un mal montaje de estrategias encaminadas a identificar a personas desaparecidas. Se ignora de dónde salió la recomendación de esta joya de alto quilataje, pero no merece ni el beneficio de la duda.
En el mismo Ayuntamiento, el abogado Ángel Candia Pardo –ex socio de Alejandro Zapata Perogordo– asesorará a la Contraloría Municipal, en cualquier materia, menos en la penal, que porque dijeron que no es su fuerte. Esto posibilitó que el contralor ya pudiera dormir a pierna suelta, porque tenía un terror de diabéticos, nada más de imaginarse presentando denuncias ante el Ministerio Público.
Ahí no acaba el asunto, en todas las áreas importantes como Catastro, Jurídico Oficialía Mayor o Sindicatura, la Alcaldía también ha contratado despachos externos como asesores, lo cual hace suponer –a los pocos mal pensados– que el alcalde se rodeó de puros incompetentes e inexpertos o se vio en la necesidad de saldar deudas políticas, arropando personajes –también– sin ápice de experiencia. Olvidémonos de los colaboradores, y pensemos en las facturas que seguro cobrarán por expediente, porque queda claro que nada es de gollete.
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El mismo silencio del que se acusó al presidente de la República, en el caso de la masacre de Minatitlán, fue imitado por Carreras sobre el muralista asesinado en la Huasteca. El único comentario –tan desacertado como estúpido– fue del flamante fiscal quien señaló algo así como que Héctor Domínguez sí debía traer protección policiaca, pero que como el artista dijo que no la quería, aunque él la solicitó, mejor le dieron un teléfono para que se comunicara si lo requería. Exactamente lo mismo deberían hacer él y el gobernador, olvidarse de sus escoltas y cargar un telefonito, para que le llamen a don Celes, por si se les llega a ofrecer.
A propósito de desaciertos, los diputados panistas que integran la Comisión de Justicia, en el Congreso del Estado, se fueron contra el dictamen sobre el matrimonio igualitario. Y en otro alarde de culta imbecilidad, los bolsonaros potosinos, acotaron: No se debe redefinir al matrimonio desconociendo la alteridad sexual, la cual es el génesis de la humanidad, por lo que conceder que personas del mismo sexo puedan casarse, se impondría la indiferencia sexual, como una nueva norma. Además, se contraria los valores de la familia, universal, natural, biológica y fundada en la antropología. Alguien lo podría explicar porque creo que ni ellos lo entienden. Nuestras eminencias legislativas del medioevo ¿habrán leído a Evans-Pritchard y sus propuestas de la Traducción, o a Malinowski en Sex, Culture and Myth?
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Iba a comentar, aunque ya no me alcanza el espacio, que se comenta –según rumores– que el hijo de algún un secretario general, cobra –aunque no se sabe si trabaja– en el área de Pueblos Indígenas.
A propósito de personas que no trabajan, la calle de Justo Sierra, en Tequis, fue abierta para reparación de drenaje hace más de un mes, y no tiene ni para cuando acabar; los propios trabajadores señalan que en el Ayuntamiento no hay ni para materiales de construcción.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social, disfrútenlo, pero no se excedan, recuerden que el lunes los críos vuelven a la escuela.