En San Luis Potosí hay realidades que incomodan tanto que preferimos no nombrarlas. Una de ellas es la violencia sexual que enfrentan mujeres migrantes haitianas, una población que transita, se asienta y sobrevive en nuestra ciudad entre la precariedad, el racismo y el silencio institucional.
En días recientes, imágenes y relatos que circularon en redes sociales locales mostraron una escena imposible de ignorar: una niña haitiana deambulando sola, en la vía pública, parcialmente desnuda, sin ropa de la cintura hacia abajo, en evidente estado de vulnerabilidad. No se trataba de una puesta en escena ni de una exageración digital, sino de una menor expuesta a un entorno que claramente no la protegía.
El hecho, por sí mismo, debería encender todas las alertas sociales y estatales. Pero no es un caso aislado.
Fuentes que no pueden ser reveladas —por razones de seguridad y responsabilidad profesional— aseguran que no es la única persona haitiana víctima de agresiones sexuales en San Luis Potosí. Tan solo esta semana, una mujer haitiana adulta, de aproximadamente 36 años, fue atendida tras sufrir una agresión sexual. Según la información disponible, van varias mujeres que han acudido con afectaciones de esta naturaleza.
Existe además un patrón que comienza a ser visible: se trata principalmente de mujeres operarias, una población que llegó en tránsito, pero que ya se quedó en la ciudad, y que enfrenta obstáculos severos para denunciar y acceder a la justicia.
Uno de los más graves es la barrera del idioma. Muchas de estas mujeres no hablan español, y su lengua materna no es el francés convencional, sino el criollo haitiano, una variante lingüística distinta que dificulta aún más la comunicación con autoridades, personal médico y sistemas de justicia. A ello se suma el temor constante derivado de su situación migratoria, lo que inhibe la denuncia y facilita la impunidad.
En el caso de la menor, información recabada por personal especializado apunta a que forma parte de grupos que sobreviven mediante la mendicidad, pidiendo dinero en zonas de alto tránsito vehicular como el Eje Vial. Niñas y mujeres expuestas en la vía pública, sin redes de protección, se convierten en blancos fáciles de abuso y violencia sexual.
Nada de esto ocurre en el vacío. A nivel nacional, diversos reportajes han documentado que ser mujer, migrante y negra en México implica un riesgo diferenciado, marcado por discriminación racial, violencia de género y exclusión institucional. San Luis Potosí no es una excepción.
Lo verdaderamente preocupante no es solo que estos hechos ocurran, sino que tiendan a invisibilizarse. La combinación de pobreza, idioma, estatus migratorio y miedo genera una tormenta perfecta: víctimas que no denuncian, agresores que no enfrentan consecuencias y una sociedad que, si no mira de frente el problema, termina normalizándolo.
Este no es un llamado al alarmismo, sino a la conciencia colectiva. Las autoridades deben mantenerse vigilantes, reforzar protocolos, garantizar traductores y protección efectiva. Pero la sociedad potosina también tiene una responsabilidad: no voltear la cara.
Porque cuando una niña camina semidesnuda por la calle, cuando una mujer migrante es agredida y calla por miedo, el problema no es solo de ellas. Es de todos.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
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