El papel de los embajadores de Estados Unidos como agentes desestabilizadores en nuestro país no es nuevo. Recuérdese el caso del embajador Henry Lane Wilson como instigador de la conspiración para derrocar el gobierno democrático del presidente Francisco I. Madero y que desembocó en los sucesos de la “Decena Trágica” en febrero de 1913. Lo anterior viene a cuento, luego de que el embajador gringo en el período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un tal Ken Salazar, reconociera que no cuenta con pruebas para sostener los dichos que ha proferido, ex post, en contra del ex-presidente AMLO, además de que mintió al negar la intervención de agencias de investigación de ese país en territorio mexicano. En suma, quedó en evidencia que Salazar está siguiendo el juego de intereses de la derecha más radical, de fuera y dentro de nuestro país, en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Recuérdese también cómo a Felipe Calderón se le ocurrió, no hace mucho, señalar que le dolía la no intervención de Salazar para impedir que avanzara la reforma judicial, en un claro lance de subordinación para “poner la Iglesia en manos de Lutero”, como reza el dicho popular, confirmando de qué pata cojean ciertos personajes de la derecha que, luego, hasta se asumen como “salvadores de la Patria”… apelando al intervencionismo extranjero.
Lo arriba señalado trae a colación la vieja discusión sobre los rasgos que definen lo que se considera como nación y lo que se asume como nacionalismo, cuestiones que no necesariamente implican lo mismo. Cuando se habla de nación, desde hace tiempo quedó claro que sus elementos definitorios tienen que ver con rasgos objetivos como el estado que guarda una “comunidad de relaciones económicas” y cuando se habla de nacionalismo el enfoque va más de acuerdo con rasgos de identificación subjetiva, aunque la línea que separa ambos conceptos es muy delgada como compleja y tiene que concatenarse con la especificidad histórica del país al que se hace referencia. Por las limitaciones de espacio, no es posible ahondar en esta discusión teórica, pero lo que interesa destacar es que, ciertamente, cuando hoy se habla de la defensa de la soberanía nacional se conjuga el sentimiento de pertenencia a una comunidad por la identidad que tenemos en términos de memoria histórica popular y en términos objetivos de las implicancias que tiene para el desarrollo del país la intervención de intereses económicos y políticos del exterior. Bajo estos supuestos es que no se debe confundir, por ejemplo, el derrotero seguido del TMEC para su actual renegociación, con las expresiones insidiosas de Salazar o de Calderón para servir a intereses de la derecha en determinada coyuntura política.
Finalmente, no se debe confundir la construcción de la nación como un rasgo definitorio de la modernidad capitalista y a través de una burguesía nacionalista que, en una travesía histórica de largo plazo, ciertamente pudo haber tenido momentos o coyunturas de compromiso para promover la unidad nacional, pero no es lo mismo convocar a la unidad nacional a través de pactos de élites que a través de la organización popular. Y, siguiendo el método engelsiano, se debe analizar por separado a los dos polos de la relación esencial del capitalismo, como son el capital y el trabajo, para entender la esencia de una nación en términos de las peculiaridades de las clases que la conforman, análisis de relaciones de clase, pues; por eso mismo, tiene sentido discutir en asambleas populares el derrotero de la defensa de la soberanía nacional, porque, parafraseando a un clásico, la organización popular es nacional, no por el contenido de sus luchas (que aluden a valores y principios universales como el de la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad y el bienestar tanto material como espiritual), sino por la forma.