A tres días de cumplirse el primer año de este gobierno, hay algo que no cuadra, que no embona: según la narrativa local construida y propalada por el gallardismo, la relación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el presidente Andrés Manuel López Obrador no es solamente una sólida alianza política sino que los unen lazos afectivos indestructibles. Lo que no cuadra es que en largos doce meses el mandatario potosino no ha logrado ser recibido en privado por el titular del Ejecutivo Federal, no ha conseguido que visite esta capital en plan de trabajo ni ha podido evitar grandes recortes presupuestales.
Tampoco hay coherencia entre esa narrativa oficial y el hecho de que súbitamente se hayan cancelado poco más de mil millones de pesos, oportuna y debidamente presupuestados, para avanzar en la construcción de la vía alterna hacia la Zona Industrial, o que algo así como 800 millones de pesos autorizados por Hacienda desde agosto del año pasado para la ampliación y modernización del aeropuerto de Tamuín sea hora que no se aplican.
Lo mismo sucede, por ejemplo, con la solicitud de 400 elementos de la Guardia Nacional para reforzar nuestra seguridad, de los que luego de informarse que ya habían sido autorizados, únicamente llegaron poco más de cien. Hace exactamente tres meses, estuvo aquí el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien comprometió ese apoyo que no se ha cumplido.
El propio responsable de la política interior, en la reunión de trabajo sobre infraestructura y desarrollo que encabezó en esta ciudad, ofreció que en dos meses se conseguirían los 300 millones de pesos necesarios para resolver las frecuentes fallas del ducto de El Realito. Ya vamos en tres meses y no se ha vuelto a saber nada de esa inversión.
La última vez que Gallardo Cardona fue recibido a solas por López Obrador fue en julio del año pasado, cuando todavía era gobernador electo. Es decir, como mandatario en funciones solo ha acudido a Palacio Nacional cuando se convoca a los gobernadores en bola.
La única visita de AMLO a territorio potosino ocurrió el 23 de abril pasado, cuando arribó a la Huasteca para una estancia de 60 minutos, durante los cuales funcionarios y técnicos federales le informaron de los avances en la modernización de la carretera Valles-Tamazunchale. Estuvo presente Gallardo Cardona, a quien el Presidente trató bien, pero no hay registro de ningún encuentro privado. ¿Por qué tanta reticencia presidencial?
No me desentiendo de la buena y alentadora noticia de que en el presupuesto de egresos de la federación para 2023 se consideran más de tres mil millones de pesos de inversiones en infraestructura en nuestro Estado. Esa suma es una de las tres o cuatro más altas en toda la República. Ojalá se cumpla la promesa Lo digo porque ya nos ha pasado: este año se suprimieron abruptamente los recursos federales para la vía alterna y siguen sin liberarse los correspondientes al aeropuerto de Tamuín, de manera que lo originalmente contemplado para San Luis en el presupuesto federal 2022 en materia de infraestructura va a cerrar en la mitad o cosa parecida.
Ojalá y el recién adquirido status de Gobernador Mejor Evaluado del país, según una encuesta telefónica de El Financiero, contribuya a recibir algo de calorcito en Palacio Nacional, sin que importe que otro trabajo demoscópico, éste de Mitofsky, a base de entrevistas cara a cara, ubique a RGC en el octavo lugar. Cualquiera de los dos es bastante bueno.
TODO SEA POR FIGURAR
Algunos lances del gobernador Gallardo Cardona son tan disparatados que se vuelven preocupantes, pues aunque los motive un intento fallido de ganar espacio en medios y en el ánimo popular, acaban por mostrar sin paliativos a un mandatario impreparado, desinformado, soberbio e irreflexivo.
Lanzar así como si nada la idea de que hay que restablecer las penas de muerte para los violadores homicidas y de castración para los que violen sin matar, es indigno de un gobernador. En el video subido a sus redes sociales donde originalmente expone el tema, pareciera que considera que le bastaría levantar el teléfono y dar instrucciones de que así se haga.
Es horas más tarde cuando comienzan los matices, pero con poca fortuna. Dice RGC que sabe que sería necesaria una reforma constitucional, pero que hablará con los diputados locales para que se haga. De verdad que es para preocuparse. De entrada, porque ambas penalidades están clara y específicamente prohibidas en la Constitución General de la República (ver su artículo 22), y segundo porque hay que haberse ausentado de la escuela a partir de la prepa para ignorar que una legislatura estatal no puede reformar o modificar la Carta Magna. (Daba no sé qué ver las piruetas mentales, verbales y políticas de José Luis Chiquis Fernández para no salirse de la vereda trazada por su jefe).
Ya luego se hicieron bolas y con todo y su experiencia el equipo de comunicación de Gallardo intentó en vano enderezar el barco. Así se filtró que la iniciativa la harían suya los diputados federales del Verde, pero nadie lo confirmó ni aquí ni allá.
Decía en el primer párrafo de este apartado que sucesos como el descrito muestran sin paliativos un gobernador impreparado, desinformado, soberbio e irreflexivo. Justifico los adjetivos:
Impreparado, porque es obvio que aunque cuenta con un título de licenciado en derecho no le significó ninguna preparación útil. Tampoco su paso por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Desinformado, porque habría bastado una consulta telefónica a cualquier abogado de su confianza para preguntarle sobre el tema y se habría enterado de la prohibición constitucional y quizá un poco del sustrato teórico y doctrinario que hay detrás. Soberbio, porque eso y no otra cosa denota el hecho de lanzar una idea tan obviamente controversial sin haber consultado con sus asesores o sin haberse preparado mejor para los previsibles rebotes. Irreflexivo, porque es obvio que no consideró la posibilidad de convertirse en motivo de burla a nivel nacional (como ya ha comenzado a ocurrir), como tampoco se detuvo a pensar que la falta de miedo al ridículo es muy peligrosa.
En el mismo párrafo aludí como posible motivador del asunto un intento fallido de ganar espacio en medios. Me explico: seguramente fue enterado de que las vísperas había sido violada y asesinada una niña en Villa de Arista, y que eso motivó una gran movilización de protesta. En la lógica que ya conocemos, debe haber saltado la gran idea: Qué mensaje más oportuno y del agrado de los indignados ciudadanos que ofrecerles paredón y castración para los responsables. “Hay que caparlos como a los animalitos garañones”, dijo Gallardo.
Hasta hoy, este lance gallardista no parece que vaya a pasar de los titubeantes, confusos y desatinados apoyos de sus incondicionales, y los chacoteos de algunos medios nacionales, pero imposible ignorar la enseñanza: ¿Cuántas decisiones de gobierno se tomarán con la misma ligereza, con las mismas impreparación, desinformación, soberbia e irreflexión?
Por último, si Gallardo Cardona tiene asesores y les paga, que los corra y los acuse de fraude.
COMPRIMIDOS
La singular determinación de la jueza octava de distrito de esta capital que posibilitó el pago del Ayuntamiento por (supuestamente) haber invadido tierras (supuestamente) propiedad del Ejido La Libertad, es solamente una jugada más de una muy larga partida de ajedrez. Exactamente en las mismas fechas de la semana pasada (lunes 12 emisión y martes 13 notificación), el decimoséptimo juzgado de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, concedió un amparo a Xavier Nava, en el juicio 707/2022, para que el Registro Agrario Nacional emita un nuevo informe –“fundado, motivado y congruente”- sobre si pertenecen o no al Ejido los terrenos sobre los cuales se construyó el puente elevado motivo de la controversia. Ese fallo judicial involucra al director general del RAN, ya que hasta ahora los varios y deliberadamente confusos oficios emitidos sobre el particular han sido firmados por el encargado del despacho de la Delegación estatal.
Otro día habremos de ocuparnos in extenso de este asunto, pero por lo pronto que quede claro que aún si un nuevo comunicado del RAN modifica el estado de cosas actual, los ejidatarios no devolverán el dinero ni habrá quien se los pida, por la simple y sencilla razón de que lo que se está dilucidando no es la posible invasión de terrenos ejidales, sino una etapa más del tremendo pleito político que involucra a Nava por un lado y a los Gallardo por el otro. Ese es el meollo, lo de los predios es mero pretexto.
Con cuentagotas van llegando algunos otros datos respecto del misterioso viaje a Líbano del gobernador del Estado y varios de sus allegados. Uno de ellos es que también formó parte de la comitiva el indescriptible dirigente estatal del PT, Héctor Serrano Cortés. Ojalá y también haya financiado los costos de su bolsillo, porque si fue de gorra sin ser funcionario público ni empresario ni experto en comercio equino internacional, también habrá cometido un delito. Cada día me convenzo más de que lo que puede meter en muy graves problemas al gallardismo es su sentido patrimonialista del poder. Sospecho que no entenderán, pero pronto se los explico.
Información altamente confiable nos indica que el arreglo de Leopoldo Stevens con la Fiscalía va lento porque el ingeniero se sostiene en que él no pagará un dinero que no se quedó. Ya tranquilo y cómodo en su casa, va a esperar a que se giren los citatorios a Juan Manuel Carreras y otra docena de involucrados, que lo mismo pueden ser llamados como testigos que como inculpados. Hay confianza en que de ser este último el caso, rápidamente le van a entrar a la coperacha. Los primeros en acercarse fueron los contratistas, quienes empinaron a medio mundo, alegando que solo fueron conducto “para el repartidero” que involucra a diputados y dirigentes partidistas.
Los burócratas que el jueves pasado se encadenaron a las ventanas de Palacio y a un poste del alumbrado de la plaza reclamando el pago de sus sueldos, en estricto no estaban cometiendo ningún delito. Si alguna infracción les pudieran imputar debió ser en el marco del Bando de Policía, cuya aplicación corresponde al Ayuntamiento. Haber mandado a la Guardia Civil a detenerlos, esposarlos y encerrarlos por varias horas sin haber delinquido, fue un claro abuso de autoridad. Extraña manera de festejar la corona de gobernador más querido por sus gobernados.
Hasta el próximo jueves.