¿Por qué los gobiernos democráticamente electos se quedan cortos ante las necesidades y expectativas de la ciudadanía? ¿no es suficiente la base de apoyo popular que les otorga el voto de una parte de la población? ¿tampoco es suficiente la cantidad de recursos públicos con los que cuenta un gobierno para hacer lo que hace?.
Es importante establecer desde ya algunas diferencias significativas que nos permitan abordar estas preguntas: candidato no es lo mismo que gobernante, acceder al poder no es lo mismo que ejercerlo, administrar no es lo mismo que gobernar y, dicho sea de paso, política es una cosa y administración es otra distinta.
Cuando una persona accede al poder público a través del voto popular, recibe una cierta carga de apoyo público que le habilita para poder tomar determinadas decisiones en nombre y favor del pueblo. No del que le eligió, sino de la población en general. He ahí una de las primeras advertencias relevantes que debemos hacer: el voto popular no otorga poderes plenipotenciarios a quienes ocupan un puesto público. El acceso al poder público representa la posibildad de que, de acuerdo a los arreglos institucionales determinados en nuestra Constitución, una persona puede tomar decisiones y ejercer recursos para orientarlos en beneficio de la población a la que sirve. Una constancia de mayoría no es un certificado de sabiduría ni de infalibilidad. Ejercer el poder público requiere del conocimiento, la capacidad y la habilidad de gobernar y administrar, actividades distintas pero indisociables.
Esto nos lleva a preguntarnos sobre la relación y el valor que tiene la administración pública para quienes aspiren a ejercer el poder público. La secuencia es esta: un buen gobierno no solo depende de la naturaleza de los procedimientos electorales (que constituyen reglas de acceso al poder de forma legítima) sino también la forma en que ese poder es empleado para tomar decisiones y realizar acciones desde la autoridad pública (ejercer el poder). De lo que se desprende que la voluntad pública manifestada a través del voto no se materializa en el bienestar colectivo a través de la designación de un gobernante, sino que depende, más bien, de lo que este gobernante logra hacer con el poder que se le confiere.
Años de investigación en materia de gobierno y administración pública han demostrado que una vez que se han designado autoridades electas prevalecen dos fenómenos que afectan el desempeño de los gobiernos: la rotación del talento humano y el debilitamiento de las capacidades de las instituciones que en última instancia son las responsables de que las cosas ocurran. Es por ello que resulta indispensable que se hable más de una noción de gobernar que implique un sano y virtuoso complemento entre hacer política y administrar. La primera actividad sirve para definir propósitos, sumar esfuerzos, evitar resistencias, mientras que la segunda representa la fuerza que materializa las acciones del estado.
Es por ello que, una vez que han pasado las campañas proselitistas, es necesario que se hable de forma pública y abierta sobre la manera en que habrán de materializarse los fines y compromisos adquiridos frente a la ciudadanía. No se trata de prometer los qués, sino de aclarar los cómos.
Quien quiera tomarse en serio la responsabilidad de gobernar, debe comenzar por preguntarse de qué manera se va a fortalecer al aparato administrativo –burocrático- que hace que las cosas ocurran. No vaya a ser que pase como aquellos que llegan a un puesto público para después descubrirse incapaces de gestionar un aparato administrativo complejo. Administrar también es gobernar.
Twitter. @marcoivanvargas