El Gobernador Ricardo Gallardo presentó esta semana su Quinto Informe de Gobierno. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que a estas alturas del sexenio ya no estamos ante una administración que pueda pedir paciencia ni explicar sus resultados en tiempo futuro. Cinco años alcanzan para hacer algo bastante más interesante que contar la cantidad de obras, beneficiarios y millones invertidos: cinco años nos dan para preguntar qué cambió realmente en San Luis Potosí.
Ese enfoque es central en cualquier evaluación seria de política pública. Un gobierno puede habilitar escuelas sin mejorar el aprendizaje; entregar apoyos sin reducir pobreza; pavimentar kilómetros sin resolver la movilidad. Sí, gobernar consiste en hacer cosas. Evaluar consiste en averiguar qué ocurrió después de hacerlas.
El gobierno estatal informa que más de 1.5 millones de potosinas/os han recibido algún apoyo social y que se han construido o rehabilitado más de 530 escuelas. Son cifras importantes y describen una administración particularmente activa e interesada en infraestructura y programas sociales. Eso me parece muy bien. El tema en clave de política pública implica preguntarse: ¿funcionó? ¿para qué? ¿qué cambió después de todos esos millones de pesos?.
La política pública de libro de texto distingue entre productos y resultados. Una despensa entregada es un producto; que una familia supere una carencia es un resultado. Una escuela remodelada es un producto; que sus estudiantes aprendan más o mejor es un resultado. Confundir -voluntaria o involuntariamente- ambas cosas tiene una ventaja extraordinaria: siempre resulta más sencillo contar mochilas que medir y demostrar que hubo movilidad social.
Aquí aparece un dato que parece incómodo. La pobreza laboral en San Luis Potosí se ubicó en 43.5 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, frente a 38 por ciento un año antes. Eso significa que más de cuatro de cada diez habitantes vivían en hogares cuyo ingreso laboral per cápita no alcanzaba para adquirir la canasta básica. Quiero ser claro con lo siguiente: el dato no demuestra que los programas sociales hayan fracasado, pero sí demuestra algo importante: contar beneficiarios no basta para probar efectividad del gasto ejercido. ¿Quedamos que estamos en tiempos de austeridad no? ¿Qué significa eso? ¿gastar menos o gastar mejor? ¿qué prefiere Usted?.
Una cosa que hay que destacar es que el desempeño económico del estado sí contiene elementos favorables que pueden defenderse sin necesidad de estirar las cifras o torcer la interpretación de las mismas. Cuando existen buenos resultados, adornarlos demasiado resulta incluso contraproducente. En el terreno de la seguridad, también existen resultados recientes que sería incorrecto ignorar: San Luis Potosí cerró 2025 con una reducción considerable de homicidios dolosos respecto de 2024, y durante los primeros meses de 2026 la tendencia siguió descendiendo. Es una evolución favorable y debe reconocerse.
¿Entonces cuál es el problema de fondo de los informes de gobierno -no sólo de éste-?: constitucionalmente fueron diseñados para rendir cuentas y terminaron convertidos en ceremonias espectaculares donde prácticamente todo indicador descubre súbitamente su lado más fotogénico.
Lo que sube se presenta en números absolutos. Lo que baja, en porcentajes. Lo que no conviene comparar se acumula durante cinco años. Lo que conviene mucho se compara contra el peor momento disponible -como ocurrió en el informe de la Presidenta Sheinbaum y que aquí le platiqué-.
Lo que se dijo no es necesariamente mentira pero sí algo más sofisticado: es selección.
En el terreno del electorado. Después de cinco años, la evaluación de Ricardo Gallardo debe ser más exigente que una colección de puentes, carreteras, escuelas y beneficiarios. Hay infraestructura nueva, programas con amplia cobertura y algunos resultados recientes favorables en seguridad. También persisten problemas laborales y sociales que los grandes números del informe no alcanzan a explicar.
La pregunta entonces no es si el gobierno hizo cosas. Evidentemente las hizo. La pregunta es cuánto mejoraron esas cosas la vida de los potosinos, la competitividad estatal, el entorno para hacer negocios.
Para quienes creen que la ceremonia es importante, el informe puede contar perfectamente cuántas escuelas fueron remodeladas, cuántos kilómetros se pavimentaron o cuántas despensas salieron de una bodega. Si nos ponemos serios, lo que todavía se debe demostrar es cuánto de todo aquello sobrevivirá cuando las prioridades políticas apunten hacia otro lado y se retire la cimbra presupuestal de la que está agarrada la narrativa de los esfuerzos gubernamentales.
¿Cómo cambió la realidad de los potosinos?. Si hay impactos, que se midan y se presuman, faltaba más. Pero no es lo mismo decir que remamos mucho a demostrar que llegamos a un mejor lugar. No es lo mismo.
La caminera
México presume una política exterior muy digna de su prudencia: habla de soberanía, no intervención y de “coordinación sin subordinación”, mientras renuncia poco a poco a influir de verdad en las reglas del juego. El resultado es cómodo para no incomodar a nadie, pero costoso, porque se pierde capacidad de negociación, peso internacional y voz propia en asuntos que terminan afectándonos directamente. A Fernando Solana se le recuerda por la diplomacia de integración económica; a Alfonso García Robles, por la diplomacia del derecho internacional y la paz. ¿Y luego?.
x.@marcoivanvargas