Todo está listo para que en los próximos tres o cuatro días nuestros diputados concreten una de sus acciones legislativas más positivas en lo que llevan de gestión. Se trata de un amplio conjunto de reformas a la Ley Electoral del Estado que entre lo más destacado incluyen: eliminar las Alianzas Partidarias que indebidamente permitían la falsificación de la voluntad ciudadana expresada en votos; el incremento del 3.0 al 3.7 del porcentaje de votación mínimo para tener acceso a las diputaciones plurinominales, y la consolidación de diversas medidas para combatir la violencia política de género que afecta a las mujeres.
Al día de ayer, estaban pactados los consensos suficientes para aprobar con holgura las reformas del caso, que requieren mayoría simple toda vez que no se está tocando el texto de la Constitución Política del Estado.
El conjunto de modificaciones alcanza a la mayoría de los 486 artículos de nuestra Ley Electoral, pero muchas de ellas son menores, para adecuación, corrección de inconsistencias y/o mejoras de redacción. En nuestra opinión, las más relevantes vendrían a ser:
PRIMERA.- La supresión de las llamadas Alianzas Partidarias, que permiten que dos o más partidos políticos firmen un convenio para acudir juntos a las elecciones locales, figurando en las boletas electorales con un solo logotipo. En ese mismo documento se reparten de antemano los porcentajes de la votación conjunta que corresponderán a cada uno. Esto, obviamente, suplanta la voluntad ciudadana que podría tener otras intenciones en cuanto al destino de su sufragio.
Concretada la reforma, dos o más partidos políticos podrán concurrir juntos a una elección con un mismo candidato, mediante la figura de Coalición existente en la ley, pero cada uno aparecerá por separado con su propio logotipo. De esta manera, cada partido coaligado obtendrá los votos que los electores depositen específicamente a su favor en las urnas y no los tracaleados previamente en convenios cuestionables.
Así, si un candidato a cualquier cargo local de elección participa, por ejemplo, con el apoyo de una coalición de tres partidos, su nombre y su fotografía aparecerán tres veces en recuadros diferentes, acompañado cada uno del logotipo propio de cada formación. La ley prevé que si un elector cruza los tres recuadros o dos de ellos, el voto cuenta para el candidato pero no se abona a ningún partido. Esto impondrá a todas las fuerzas políticas la necesidad de informar profusamente al electorado para reducir el riesgo de perder sufragios por esa vía.
SEGUNDA.- Actualmente, todos los partidos que consiguen por lo menos el 3.0 por ciento de la votación válida emitida, tienen derecho en automático a una diputación de representación proporcional. Con la reforma en ciernes, ese porcentaje se aumenta al 3.7 por ciento. Se definió este umbral por la sencilla razón de que en nuestro Congreso de 27 integrantes, cada curul equivale justamente al 3.7 por ciento del total.
En las elecciones del 2018, el 3.0 por ciento se alcanzó con 34 mil 240 votos, sobre la base de una votación válida de 1 millón 106 mil 317. Si el mínimo requerido hubiera sido el 3.7, se habría traducido en 42 mil 230 sufragios. Parece que no, pero esos 7 mil 990 votos de diferencia cuestan sangre, sudor y lágrimas (Churchill dixit).
Es difícil anticipar cuál será la votación del próximo año, pues el total de ciudadanos que finalmente vota depende de muchos factores, desde la personalidad de los candidatos hasta las condiciones de seguridad, pasando por las propuestas de campaña y lo eficaz de la propaganda. Con un incremento en consonancia con el crecimiento del padrón, es razonable estimar que en el 2021 el mínimo necesario para alcanzar una pluri oscilará entre los 45 mil y los 50 mil sufragios. Hay dos o tres partidos que no los alcanzarán.
(En algún momento se mencionó en el Congreso la posibilidad de aumentar también del 3.0 al 3.7 el porcentaje necesario para mantener el registro estatal, pero a poco andar se cayó en cuenta que ese umbral está establecido en la legislación federal y solo el Congreso de la Unión lo puede modificar).
La adecuación de nuestra Ley Electoral a las muy amplias e importantes reformas federales que se hicieron en marzo pasado, en ocho distintos ordenamientos legales, para fortalecer el combate a cualquier forma de violencia política en razón de género, merece un comentario mayor que dejaremos para una fecha próxima.
Hasta ayer por la mañana la intención de nuestros diputados era someter al pleno el conjunto de reformas en una sesión extraordinaria el próximo sábado o a más tardar el lunes siguiente.
SON UN
ENCANTO
En nuestra columna de la semana pasada narramos cómo en los Servicios de Salud se invocó indebidamente un artículo de la Ley Estatal de Adquisiciones para poder asignar, sin licitación y por instrucciones directas de su titular la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, un contrato por 13 millones 150 mil pesos a una compañía del “empresario” Gabriel Alan Salazar Soto, acusado de fraudulento, para la limpieza de las distintas instalaciones de esa dependencia durante un semestre de 2017.
En virtud de que era del conocimiento público que la misma empresa había sido contratada para dar ese servicio en 2018, comentamos que trataríamos de conseguir el contrato respectivo para verificar si se había repetido la maniobra.
Bueno, pues copia del citado contrato (SSSLP-ASIG-ASEOYLIMPIEZA-001/2018) ya obra en nuestro poder, gracias a un par de buenos amigos, y no, no repite la historia de invocar situaciones de urgencia y excepción para justificar un contrato de tal monto. Justifica la asignación con los artículos 134 de la Constitución General de la República y el 135 de la Constitución Política del Estado, que en esencia son iguales. Ambos de tal amplitud conceptual que prácticamente son un paraguas bajo el cual cubrirse para hacer cualquier cosa.
Convencidos de que fundamentos menos genéricos para otorgar ese contrato de casi 40 millones de pesos deberían entonces figurar en el acta de la sesión correspondiente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de los SSSLP, la buscamos por cielo, mar y tierra, sin encontrarla. Optamos por solicitarla directamente en la dependencia por conducto de su área de Comunicación Social, donde siempre nos atendieron muy bien cuando pedimos información relativa a la pandemia. Esta vez nos pintaron un chapulín por la ventana. Es decir, nos mandaron por un tubo.
Sin embargo, en la revisión del contrato saltó un dato sorprendente: de un año a otro, el precio cobrado por Salazar Soto a los SSSLP por el mismo servicio de aseo y limpieza se incrementó en un 32 por ciento. El índice de inflación en el 2017 fue del 6 por ciento.
El contrato del 2017 por 13 millones 150 mil pesos cubrió del 24 de julio al 31 de diciembre de ese año. Exactamente 160 días. Esto quiere decir que la empresa de “Gabo” cobró el equivalente a 82 mil 189 pesos 62 centavos por día. Para 2018, el trato fue de 39 millones 636 mil 504 pesos, por 365 días, lo que significa que el cobro por cada 24 horas ascendió a 108 mil 593 161 pesos. Un aumento, repetimos, del 32 por ciento. Eso es lo que se llama hacer buenos negocios.
Hasta donde se sabe, entre 2017 y 2018 los Servicios de Salud no ampliaron sus instalaciones: no se inauguraron nuevos hospitales o clínicas y se siguieron utilizando las mismas oficinas administrativas. Otro día volveremos sobre este asunto. Por hoy, vayamos a otra cuestión:
Es otra de esas viejas historias que se repiten de cuando en vez, pero que ni por su antigüedad ni por su recurrencia dejan de ser encantadoras. Yo le digo a alguien “Oiga, está usted metiendo la mano en bolsillo ajeno” y me responde (por sí o por cualquiera de sus vocerías) “A mi ni me hables ni me veas, igualado. Estoy a punto de ser elevada a los altares y ya te veré rezándome de rodillas”. Yo me quedo observando el inmenso erial donde estamos y no hay ni un montículo de pitcher para elevarse; no veo ninguna escalera que ascienda, ningún elevador; vamos, ni siquiera un malacate. Tampoco hay en el horizonte ningún altar por modesto que sea. Sería muy fácil contrariar figuraciones, pero es tan profundo su arrobamiento, tan enternecedora su ensoñación, tan conmovedoras sus fantasías que da pena despertarlas.
Por lo demás, debo resistir los agobios de la incomprensión: les muestro documentos y me contestan con lamentos; les doy fechas, nombres y cuentas, y me responden con cuentos; les digo cuándo, dónde y cómo, y me salen con que el paraíso les espera.
COMPRIMIDOS
Retomando el planteamiento lopezobradorista de que quien no está con nosotros está en nuestra contra, El Financiero hizo la semana pasada una encuesta nacional con una pregunta central: “Si en las próximas elecciones las opciones para votar fueran, por Morena o contra Morena, ¿por cual votaría usted? Resultado: “Por Morena, 33 por ciento”; “Contra Morena, 34 por ciento”. Morena puede estar tranquilo. Construir ese “Contra” es prácticamente imposible. Tendría que unirse en un solo bloque toda la oposición. No se ve cómo.
El lunes, el aspirante a la presidencia nacional de Morena y suplente del senador Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, difundió en sus redes sociales un video de minuto y medio dirigido a los potosinos. En él, puso como chancla a Xavier Nava Palacios, más que como alcalde como nieto del doctor Salvador Nava. Un día después, el mismo ARDD lanzó otro video de duración similar en la que se desdice categóricamente, pide disculpas, confiesa que nunca debió haber atacado a XNP y admite que se equivocó. ¿Qué pasó? Sin duda alguien a quien no puede desoír le dio un tremendo jalón de orejas. Por lo pronto, a mi me confirma en mi vieja apreciación de que Xavier Nava es la opción sentimental de Andrés Manuel para la gubernatura potosina. Vía Morena, obviamente.
A los gallardistas que campechanamente se quedaron más de un año usufructuando la franquicia del PRD y que ahora que los desahuciaron en cosa de minutos ya eran militantes distinguidos del Verde, debería haber alguna ley que los castigara por protagonizar espectáculos de pornografía política dura. O de perdido por tener tan mal gusto.
Mucho me temo que ya no digamos la contratación de un nuevo crédito sino que hasta la pura reestructuración de la deuda del gobierno ya se jodió. Su politización y partidización las ha vuelto inviable. Mucho me sorprendería que siquiera la segunda avanzara en el Congreso.
Hasta el próximo jueves.