Tres cosas no pueden ocultarse mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”.
Atribuido a Buda
La presidenta Sheinbaum rechazó ayer ofrecer una opinión sobre la nueva “recomendación” de la CNDH, 208VG/2026 del 2 de julio, para el caso Iguala: “Le pedí a la secretaria de gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe y también poder presentar una opinión de parte nuestra de esta visión. Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro.”.
Que no haya participado el gobierno es natural. La CNDH existe para denunciar violaciones a derechos humanos por las autoridades. Pero si la CNDH de Rosario Piedra se apartó del gobierno de Sheinbaum --y de la normatividad, que no permitía ofrecer una nueva recomendación cuando otra, la 15VG/2018, concluyó legalmente en 2018 y fue aceptada por todas las autoridades-- se mantuvo fiel a López Obrador.
El nuevo documento es de 867 páginas y habrá que estudiarlo con detenimiento, pero en lo esencial exonera al Ejército como AMLO: “No existen evidencias que ameriten un señalamiento de su responsabilidad a la DEFENSA” (las mayúsculas y la mala redacción son de la Comisión). “Esta CNDH ve con preocupación que la persistencia de esta narrativa basada en especulaciones (“las pruebas existen, pero se ocultan”) no permita avanzar en el camino hacia la verdad”.
La CNDH llega al extremo de decir que Julio César López Patolzin, el normalista V33 (V significa víctima), “no era ningún infiltrado del Ejército”. Cita para comprobarlo una entrevista en televisión del entonces secretario de defensa Salvador Cienfuegos, pero Alejandro Encinas, extitular de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, señaló el 12 de julio en X que “el soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), ‘con fachada de alumno’, en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, que ahí mismo reproduce.
El nuevo informe recupera la tesis de que los normalistas fueron confundidos con miembros del grupo criminal Los Rojos. La Recomendación VG15/2018, sin embargo, comprobó que los Guerreros Unidos identificaron entre los normalistas a varios líderes estudiantiles coludidos con Los Rojos. “El Patrón”, un personaje no identificado, ordenó entonces el secuestro y ejecución de todos, involucrados o no con Los Rojos.
La CNDH arremete contra el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como AMLO, a pesar de tener la misma orientación política, por su insistencia en afirmar la participación del Ejército. Se lanza contra Encinas e incluso contra Marcelo Ebrard, a quien atribuye, junto con el gobernador Ángel Aguirre, la designación de José Luis Abarca como candidato a alcalde de Iguala en 2012.
Dice que “López Obrador no intervino inclinando la balanza en favor o en contra de nadie, en ninguno de los procesos locales de la elección en que fue candidato presidencial en 2012”.
Yo tengo otros datos. La recomendación original, 15VG/2018, no encontró tampoco responsabilidades del Ejército como institución, pero señaló omisiones y falta de intervención oportuna de la Defensa y Marina. Criticó fallas del gobierno de Peña Nieto y de la investigación de la PGR.
Sugirió que los normalistas fueron masacrados e incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, y pidió que 114 restos, de más de 63 mil recuperados en el basurero y el río San Juan, fueran enviados a la Universidad de Innsbruck para su estudio genético. López Obrador no lo hizo porque temía que los estudios demostraran que, efectivamente, los normalistas habían sido ejecutados e incinerados.
La nueva CNDH tampoco quiere saber.
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