En febrero de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió su Recomendación General No. 40, un documento clave para repensar la igualdad en los espacios de poder, aunque —paradójicamente— aún no se encuentra disponible en idioma español, lo que ya dice mucho sobre las brechas de acceso al propio discurso de derechos humanos.
En ese mismo contexto, en San Luis Potosí, el alcalde Enrique Galindo Ceballos decidió invitar a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo a impartir una conferencia en el marco de las actividades del 8 de marzo, generando una fuerte reacción de colectivos feministas y sociales, quienes cuestionaron tanto el uso de recursos públicos como las posturas públicas de la legisladora. La coincidencia no es menor: mientras a nivel internacional se insiste en que la igualdad implica redistribuir el poder, en lo local seguimos debatiendo si quienes lo ejercen realmente creen en ella.
En México hemos aprendido a hablar de paridad como si se tratara de una conquista definitiva. Las cifras parecen alentadoras: congresos integrados en proporciones casi iguales, candidaturas equilibradas y discursos institucionales que celebran la inclusión. Sin embargo, detrás de esa narrativa oficial se esconde una pregunta incómoda: ¿la paridad ha transformado realmente el poder o solo su apariencia?
La Recomendación General No. 40 del Comité CEDAW es clara: la igualdad no se agota en la presencia. No basta con que haya mujeres en los espacios de decisión si estas no cuentan con capacidad real para influir, decidir y transformar. Dicho de otro modo, la paridad sin poder es simulación.
En nuestro país, los avances normativos han sido innegables. La paridad en candidaturas y órganos públicos representa un cambio histórico frente a décadas de exclusión. Pero el problema no radica en la norma, sino en su implementación. Persisten prácticas que vacían de contenido la participación de las mujeres: designaciones simbólicas, exclusión de decisiones clave, violencia política y cargas desproporcionadas de cuidado que limitan su desarrollo.
La desigualdad ya no opera únicamente de forma visible. Hoy se manifiesta en estructuras más sofisticadas: los llamados “techos de cristal” que impiden ascender, o los “pisos pegajosos” que mantienen a muchas mujeres atrapadas en condiciones laborales precarias. A ello se suma un fenómeno preocupante: la violencia política de género, que busca desalentar la participación femenina mediante ataques, deslegitimación y hostigamiento.
El riesgo es evidente: creer que la igualdad se ha alcanzado cuando apenas hemos modificado su superficie. La paridad numérica puede coexistir con una profunda desigualdad sustantiva. Y eso no solo es injusto, sino peligroso para la democracia.
Porque cuando la mitad de la población no ejerce plenamente el poder, las decisiones públicas se empobrecen. Se pierden perspectivas, se invisibilizan problemáticas y se perpetúan estructuras de exclusión que afectan a toda la sociedad.
La verdadera transformación exige ir más allá de las cifras. Implica garantizar condiciones reales para el ejercicio del poder: entornos libres de violencia, redistribución de responsabilidades de cuidado, acceso equitativo a recursos y, sobre todo, voluntad política para desmontar prácticas arraigadas.
La paridad fue el primer paso. Pero si no avanzamos hacia el poder real, corremos el riesgo de institucionalizar la simulación. Y una democracia que simula igualdad, en el fondo, sigue siendo desigual.
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