No es la primera vez que México se confronta con los mecanismos internacionales de derechos humanos. A lo largo de las últimas décadas, distintos órganos del sistema universal han emitido diagnósticos críticos que, más allá de su contenido, han generado tensiones con el Estado mexicano.
Basta recordar el informe del Relator Especial sobre la tortura de Naciones Unidas en 2014, que sostuvo que la tortura en México era una práctica generalizada. La reacción oficial no fue de apertura, sino de rechazo: se cuestionó la metodología, se descalificaron las conclusiones y se minimizó el alcance de sus afirmaciones.
Años después, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad volvió a colocar a México en una posición incómoda al criticar el modelo asistencialista de atención a personas con discapacidad, señalando incluso iniciativas emblemáticas (el Teletón). De nueva cuenta, la respuesta institucional transitó más por la defensa que por la revisión estructural.
Estos episodios no son aislados. Forman parte de una constante: la tensión por los estándares internacionales de derechos humanos y por su función vigilante. Sin embargo, ninguno había alcanzado el nivel de gravedad que hoy representa el pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada.
El más reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) ha colocado a México en el centro de la discusión internacional. No se trata de un informe ordinario: se activó el procedimiento del artículo 34 de la Convención, reservado para contextos de desapariciones generalizadas o sistemáticas.
El diagnóstico es muy fuerte. “México enfrenta una crisis estructural de desapariciones, caracterizada por su magnitud, persistencia y extensión territorial”. El informe identifica patrones de impunidad, investigaciones deficientes y una crisis forense profunda.
Uno de los elementos más delicados es la aquiescencia estatal. El Comité advierte que la desaparición forzada también se configura por omisión o falta de diligencia, lo que coloca al Estado en el centro del escrutinio internacional.
El gobierno mexicano respondió con rechazo. Calificó el informe como parcial y sostuvo que las desapariciones son atribuibles al crimen organizado. El ejecutivo también cuestionó su metodología.
Pero el debate se complejiza con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La propia revisión gubernamental revela fallas estructurales: expedientes incompletos, falta de datos y clasificación insuficiente.
Un dato revelador: las fiscalías son la principal fuente del registro, pero también una fuente significativa de omisiones. En estados como San Luis Potosí (La Jornada, 08.04.2026), esta realidad no es ajena y refleja un patrón institucional replicado.
Al menos 46 mil registros carecen de información suficiente para una búsqueda efectiva. Esto implica que el problema no solo es la desaparición, sino la forma en que el Estado la documenta.
La actualización del Registro Nacional empata con el señalamiento del Comité; evidencia que el problema no solo está en las desapariciones, sino en la incapacidad institucional para registrarlas, investigarlas y darles seguimiento.
La reacción del Estado mexicano frente al Comité no ha sido de diálogo jurídico, sino de un escenario político: es de suponerse que el recién nombramiento del nuevo Secretario de Relaciones Exteriores lo abocará a esta urgente agenda diplomática.
Debido a la relevancia y profundidad del tema, esta columna continuará en una segunda entrega dentro de ocho días, en la que se analizarán con mayor detalle las implicaciones jurídicas frente al sistema internacional de derechos humanos.
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