Cuando se agudizó la crisis financiera en los noventa, los banqueros vendieron bien sus historias del derrumbe económico de sus emporios y fueron rescatados por el gobierno mexicano vía el oneroso mecanismo del “Fobaproa” que aún seguimos pagando todos, en tanto que deuda pública. Ahora, con motivo de una iniciativa surgida del Senado de la República para eliminar varias de las excesivas comisiones que se cobran a los usuarios de la banca, los banqueros vienen a contarnos otra historia de presumible horror nacional si se les toca con el pétalo de una concesión menos de las tantas que les han sido obsequiadas, incluso desde que fueron reprivatizados en una serie de, por cierto, cuestionados decretos de transformación de “sociedades nacionales de crédito” (SNC) a “sociedades anónimas” (SA), expedidos durante la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el mismo que ahora viste y calza las prendas de un Maquiavelo de paja.
En el libro de la autoría de quien esto escribe, titulado “El Barzón: historia de un movimiento social”, se da cuenta de todo el entramado legaloide por medio del cual se procedió a tapar el desbarajuste provocado por la reprivatización bancaria, toda vez que, de acuerdo con el artículo séptimo transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 18 de julio de 1990 y que entró en vigencia al día siguiente, el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda contaban con 360 días naturales para emitir decretos de transformación de “SNC” a “SA” y, por lo tanto, el plazo vencía el 14 de julio de 1991. Sin embargo, el diario “La Jornada” informó, el 31 de octubre de 1996, sobre la inexistencia jurídica de cuando menos 10 bancos (de 18) cuyos decretos de transformación fueron expedidos fuera del plazo legal.
Pero el proceso de reprivatización en general estuvo plagado de irregularidades, señalando una más como botón de amplia muestra, consistente en que los finiquitos celebrados entre el Comité de Desincorporación (de bienes del Estado mexicano) y los grupos financieros compradores acordaran ajustes a los precios de venta (supuestamente como resultado de las auditorías de compra) y cuyos pagos se formalizaron mucho antes de que la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento emitiera los acuerdos correspondientes a la devolución. Resultó, entonces, que por esas operaciones, el gobierno federal reembolsó a ciertos grupos financieros, importantes cantidades de dinero en relación con lo que pagaron finalmente por la compra. Por supuesto que no se trata(ba) de cualquier bolsa de cacahuates, sino de millonarias cantidades.
Es evidente que ese proceso que aquí apenas esbozamos, favoreció los intereses de algunos grupos financieros con el propósito de alimentar un proceso de recomposición de la élite bancaria, tendiente a facilitar su fusión con la banca extranjera. En suma, se trató de toda una serie de decisiones de política económica que el gobierno federal amplió para luego enfrentar la crisis desatada por el “error de diciembre” de 1994, procediendo a “socializar las pérdidas” y “privatizar las ganancias”. Ahora se sabe que el grado de corrupción alcanzado por la burocracia gobernante llevó, en ese entonces, a los más escandalosos acuerdos para favorecer a unos cuantos magnates y corporaciones, además de volver a poner a los banqueros en condiciones de hacer espléndidos negocios con los bancos “saneados”, pero incapaces de competir en el mercado internacional.
El contexto de todo este atraco a las arcas de la nación descansa en la enorme concentración de poder político de que disponía la presidencia de la República en ese momento, en detrimento de los poderes legislativo y judicial que se mostraron dóciles con ese poder político y con los personeros del poder económico, validando plenamente, por ejemplo, el famoso “pacto de anatocismo” o cobro de intereses sobre intereses, también conocido popularmente como “usura”. Ahora, las condiciones son distintas y la iniciativa senatorial ciertamente ha causado controversia, pero se avizora una relación más equilibrada y democrática entre poderes del Estado mexicano y, con independencia de que se pueda concretar, ya se ha avanzado algo cuando la “Condusef” (Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros), por ejemplo, estima que “los avances tecnológicos permiten un margen para disminuir el costo de comisiones bancarias hasta en un 30 por ciento” (en “La Jornada”, 9 de noviembre de 2018), lo que revela que no es que los banqueros sean “hermanitas de la caridad”, sino que el margen de ganancia de que disponen es muy amplio y lucrativo. En fin, lo que interesa destacar es la necesidad de no olvidar la historia no muy lejana del país para ponderar la revisión e impacto de estos temas, sobre todo cuando nos vengan a contar… otra de banqueros.