En esta columna, en diversas ocasiones hemos abordado el tema controvertido de la prisión preventiva. Incluso, cuando el señor López y sus lacayos legislativos estaban en pleno proceso de reforma constitucional para aumentar el catálogo de delitos a los cuales pudiera aplicarse esta deleznable práctica, en una serie de tres entregas me referí a esta abominación.
El pasado veinticinco de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió las Acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019, mediante el cual, en atención a la modificación constitucional aclamada por los fascistas en el gobierno, implementaron en la legislación secundaria el despropósito que impusieron a la Constitución.
En su determinación y, a disgusto del mañanero señor López, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la medida para factureros y para defraudadores fiscales. Según la Corte, tratar de hacer pasar estos delitos como un ataque a la seguridad nacional fue un exceso.
El tema de la prisión preventiva en general y de la oficiosa en particular no es una novedad. Desde hace muchos años se han elevado voces en contra de esta pena anticipada, esta privación de libertad de inocentes (toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario) hasta que en sentencia se diga si estuvo bien o mal que lo encerraran.
Allá por mil novecientos ochenta uno de los grandes penalistas mexicanos, Don Sergio Vela Treviño, escribió un trabajo denominado Desaparición de la Prisión Preventiva y de la Libertad Provisional (Miscelánea Penal, Ed. Trillas). En el texto, dice Don Sergio: “En la época actual, creemos que es perfectamente válido afirmar que una sociedad es tanto más desarrollada cuanto menos sanciona a sus componentes. Esta es una perspectiva diferente para determinar el grado de desarrollo, pero parece no haber duda alguna en orden a que son las sociedades más desarrolladas las que tienen una mayor tendencia a la despenalización y a la modificación de las medidas penales”.
Sigue diciendo el autor: “La aplicación de la medida, sea enunciable bajo el concepto de defensa social o de la prevención general y especial, tiene que estar precedida, por razón puramente lógica, por una cierta secuela que se desenvuelve en el tiempo, conocida como proceso penal, que culmina con el señalamiento de la consecuencia jurídica para la realización del acto antisocial. […] Cabe la posibilidad de que la decisión sea en el sentido de que el sujeto fue inocente o que el hecho realizado no era, en realidad, constitutivo de un acto antisocial o delictuoso y, sin embargo, ya la prisión preventiva se ha sufrido sin reparabilidad alguna dada la naturaleza del bien del reo que afecta, como lo es la libertad menoscabada”.
En el prologo al libro La Desaparición de la Prisión Preventiva (de la autoría de mi estimado amigo Sergio Huacuja Betancourt, publicado en 1989 por Ed. Trillas), el mismo Vela Treviño dijo: “En efecto, estos instrumentos (la prisión en general y la preventiva en particular) han probado con plenitud absoluta, diría mejor, indiscutible, su ineficacia como medio social para combatir el delito. […] No es este el caso, porques que todos sabemos que también se confina al encierro a quienes van a ser juzgados, y en su mayoría serán declarados inculpables. Frente a esta sola posibilidad, todo sostén intentado para la privación (de libertad) se desvanece, porque nadie puede encontrar apoyo y fundamento para suprimir la libertad a un inocente, o a un presunto inocente”.
La prisión preventiva oficiosa solo sirve para poner bajo la alfombra los monumentales fracasos en investigación de las fiscalías. Solo sirve a los políticos para presumir combate al crimen, pero sin que se diga nunca nada de cuantos inocentes terminan siendo absueltos, luego de estar privados de la libertad mientras se indaga la verdad.
@jchessal