“El miedo y la sola desconfianza del inocente, indican la quiebra de la justicia penal”
Ferrajoli
La presente colaboración es la tercera parte dedicada al análisis, desde dos enfoques, uno, de la política criminal, y el otro, de los derechos humanos, sobre la amenaza de la Secretaría de Ecología de S.L.P (Segam) de criminalizar a las familias que se dedican a la fabricación de ladrillos en forma tradicional (la primera parte, la encontrará en mi columna del viernes 22 de noviembre “Segam Inquisidora”, mientras que, la segunda “Falso dilema” apareció en el mismo espacio, el viernes 29 de noviembre de 2019).
Recapitulando un poco lo dicho hace ocho días, por la Secretaria de Ecología Yvett Salazar Torres, a manera de crear ese marco fáctico, a partir, del cual podamos evidenciar la falsa disyuntiva o el falso dilema presentado, recordemos las tres premisas en que descansa la argumentación institucional:
Uno- los presuntos criminales para la Segam “usan la quema de basura de desechos de plástico altamente tóxicos – llantas, plásticos y combustibles- para cocer ladrillos, dado que no tienen costo para los productores”.
Dos- “Se pretende que las familias utilicen combustible ecológico, pero eso presentaría un gasto a las familias ladrilleras, por lo que se resisten a invertir”.
Tres- “La reubicación tampoco ha sido factible, ya que han pasado por lo menos tres administraciones municipales y al momento no se ha tenido ningún avance en este tema”.
Aunado a lo anterior, el pasado martes cuatro de diciembre, el periódico Plano Informativo, abundaba en la nota señalando que, el Director de Ecología del Municipio de S.L.P, aceptaba inspecciones en conjunto con la Segam, sobre los ladrilleros, incluso algunos habían quedado “molestos, generándose una situación poco tensa, y hay que concientizar y hacerlos ver que es un delito ambiental, que puede tener consecuencias del orden penal… actualmente las sanciones son mínimas de $8,500.00 … los de la Segam van a implementar cuestiones más punitivas… queremos ver cómo va a implementar sus políticas Segam el año entrante… Yvett Salazar reconoció están preparando un esquema de inspecciones para turnarlas a la Fiscalía General del Estado…”.
Sintetizando la problemática que nos quieren hacer ver las autoridades ambientales, las familias de los ladrilleros son presuntos responsables de crímenes ecológicos, por lo tanto se les debe de castigar criminalmente ¿Sino para qué es el derecho penal o punitivo? empero ¿Qué conducta le reprochamos a las familias que fabrican ladrillo? sin duda es la emisión de los altos índices contaminantes recaídos en la producción del ladrillo.
Sin comprador no hay venta de producto (Ley de mercado). Aquí cabría formularse una pregunta de justicia social ¿Cuál es la corresponsabilidad de las grandes constructoras y empresas inmobiliarias que compran ladrillos “tóxicos”? no debemos olvidar que durante años San Luis Potosí vivió un “boom” en el desarrollo habitacional residencial, ¿de dónde salieron esos ladrillos que sirvieron para construir las casas en los cerros del sur poniente de la ciudad? y esto es, bastante obvio para quienes son estudiosos de la política criminal tratándose de delitos que obedecen a la ley de “oferta/ mercado”. Por ejemplo, en Europa las empresas joyeras que utilizan diamantes provenientes del África central, sufren un boicot comercial porque se sabe que esas piedras preciosas tienen rastro de sangre y esclavitud infantil, sino sería una franca hipocresía social.
Pero, veamos otro ejemplo de cómo se ataca un problema ecológico desde la acción gubernamental, desde otro nivel o entidad de México, todos sabemos que, la combustión de los automotores de los vehículos también producen una alta emisión de contaminantes, en localidades como la CDMX, esto es un problema mayúsculo, pero nada ganarían metiendo a la cárcel a los dueños de viejos vehículos o casi chatarra, sería injusta y poco efectiva la medida.
Qué es lo que hizo el gobierno de la capital del país, al principio de la década del 2000, creó una política pública para reemplazar esos viejos motores por nuevos, a través de, un subsidio público, obvio le pega a las finanzas públicas, pero para un gobierno consiente del problema, sabrá que tendrá que ahorrar en carreteras, avenidas o periféricos, pero privilegiará la calidad del ambiente.
Sobran los ejemplos en la formulación de alternativas de políticas púbicas ambientales, pensemos en la actualidad para los coches electicos (exención de tenencia y Isan, holograma de verificación exento, peaje gratuito en autopistas, y un largo etcétera).
Lo que quiero resaltar con lo anterior, es que parece que estamos dentro del debate de las políticas públicas, y no del derecho penal ni de la política criminal, además, mete mucho ruido que la Segam quiera impugnar una sentencia de la justicia federal que la obliga, a monitorear la calidad del aire de la ciudad de Rioverde y la zona media, aduciendo cuestiones técnicas y legalistas de la representatividad de los quejosos ¿no que muy preocupados por la calidad del ambiente que respiramos?
Algo no cuadra en la argumentación institucional, pero eso será motivo de la cuarta parte de este análisis periodístico.
Las y los espero con el gusto de siempre el próximo viernes.
carloshernandezyabogados@hotmail.com