Noto que en la discusión política –sí, política- a pocos parece interesar la profesionalización de la función pública. Si este aparente abandono es por ignorancia, me parece grave; si es por indiferencia, inaceptable. Le explico.
Resulta paradójico que se preste tanta atención a las formas que imperan en una campaña electoral por la cual elegimos a un representante popular, pero después se abandona el entusiasmo de realizar un puntual escrutinio de su desempeño una vez que la/el representante se encuentra en funciones. Este desequilibrio puede manifestarse en la ausencia de la exigencia o en el aplazamiento de la misma: en el mejor de los casos, se cree que una siguiente elección permitirá castigar a los gobernantes incompetentes, ¿será que tenemos que esperar tres o seis años para “cambiar” a un gobierno incompetente y esperar que el nuevo gobierno entrante desarrolle su trabajo con eficacia? ¿Cuánto tiempo tenemos esperando eso? ¿Tenemos plena certeza de que el voto de castigo mejora el desempeño gubernamental? Acompaño la idea escrita ya hace un montón de años de que la respuesta se encuentra en la profesionalización de la función pública.
Del lado de quien desempeña una función pública, “hacer bien el trabajo” implica, entre otras cosas, tener la habilidad de conjuntar voluntad política con capacidad administrativa. La realidad de lo que hacen y logran los entes públicos no depende de la mera existencia de facultades legales o de presupuesto disponible. Si así fuera, los problemas nacionales se resolverían solo con reformas legislativas o a billetazos –es sorprendente la cantidad de personas de la política que piensan de esta forma-.
Hacer bien el trabajo requiere de sentido común. Lo que hacen las organizaciones que se toman esto en serio es diseñar e implementar un modelo de profesionalización donde se abarcan algunos elementos básicos: contratar a personas con conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar una función específica, establecer mecanismos de capacitación que permitan habilitar a las(os) funcionarias(os) para que puedan desarrollar actividades especializadas que no necesariamente se aprenden en las aulas –o en la calle-, contar con mecanismos de verificación y evaluación del desempeño orientados hacia la mejora, desarrollar modelos de aprendizaje y actualización que permitan anticiparse a contextos cambiantes sin mayor demora, entre otras cosas.
Regreso a la idea inicial. Para que una función de estado –como proveer servicios públicos, mejorar las condiciones de vida de la población, educar, legislar, impartir justicia u organizar una elección- se haga bien, sí o sí debe priorizarse –sin simulaciones o improvisaciones- la profesionalización de quienes se encargan de ejecutar estas actividades. Ya no me sorprende el abandono que esta agenda tiene en la discusión política, lo que realmente me preocupa es que puede llegar a asumirse que los buenos resultados se darán de manera inercial -en carambola o por magia o metafísica- sin prestarle atención a la suficiencia de capacidades de aquellos elementos que harán posible materializar esta realidad.
Tengo por regla general, el valorar la seriedad de quien dirige un proyecto político/organizacional en la medida en que demuestre claridad sobre los medios necesarios para lograr los fines que le son encomendados. ¿O será que podemos obtener buenos resultados por improvisación o casualidad? Años de realidad podrían respaldar mi idea.
Twitter. @marcoivanvargas