El Congreso del Estado celebra hoy una sesión de la que no cabe esperar nada satisfactorio, nada positivo para el interés general de los potosinos. Podrá haber un resultado menos perjudicial que otro, pero nada más.
Conforme a lo anticipamos en nuestra columna de la semana pasada, el Pleno de los diputados conocerá hoy los nueve dictámenes mediante los cuales se propone la ratificación de otros tantos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que el próximo día 15 cumplen los seis años reglamentarios de un primer período. Con la ratificación, tendrán derecho a permanecer en el cargo otros nueve años, hasta llegar al máximo de 15 que dispone nuestra Constitución.
Si éste fuera el caso y sin mayores contratiempos los legisladores aprobaran las ratificaciones por mayoría calificada, lo insatisfactorio sería que entre los nueve beneficiados por la decisión (cinco mujeres y cuatro hombres) hay por lo menos tres que no deberían continuar en tan delicada responsabilidad, ya sea por deshonestos, por incompetentes y/o por flojos.
Se quedarán ahí haciendo daño en la cúspide de nuestro aparato de impartición de justicia por dos razones principales: la primera, que las leyes aplicables (principalmente la Constitución Política del Estado y la Orgánica del Poder Judicial) están hechas para dificultar la no ratificación. De hecho, conforme a esos ordenamientos, a los magistrados les basta con asistir a sus oficinas, conseguirse un par de buenos secretarios o secretarias que hagan el trabajo pesado y no ser muy descarados en sus sinvergüenzadas, para cumplir los requisitos de la ratificación, y la segunda: que si bien un trabajo jurídico preciosista habría permitido negarles la permanencia en el cargo a varios(as), generar tres o cuatro vacantes en el STJE habría desatado una feroz lucha entre las fracciones partidistas del Congreso para apoderarse de esas posiciones.
Hay que recordar que en dos semanas abandonarán su cargo los magistrados Ricardo Sánchez Márquez, por cumplir los quince años, y Martín Celso Zavala, por jubilación. Desde hace meses se convino que una de esas magistraturas sería para Morena y la otra para el PAN, a cambio de que El Caco (sería ridículo decir que “el PRI”) pudiera ratificar a Javier Delgado Sam en el Consejo de la Judicatura y designar a Felipe Aurelio Torres Zúñiga en la Fiscalía anticorrupción. Lo primero se lo cumplieron los demás partidos pero lo segundo no, por lo que por ahora no se sabe si se concretará el reparto de esas dos vacantes. En el inter, hubo negociaciones Ejecutivo-PAN para pagar votos de a millón de pesos, pero el acuerdo se filtró y como no todos los diputados albiazules estaban enterados, abortó.
(Una acotación: los artículos 96 y 97 de la Constitución, aplicables en esta materia, se contradicen en cuanto a la mayoría calificada: el primero dice que se alcanza con las dos terceras partes de los diputados presentes -en un caso extremo bastarían diez- y el otro señala que se requiere “cuando menos las dos terceras partes de los miembros del congreso”. O sea, 18 mínimo a fuerza. ¿A cuál le van a hacer caso los diputados? Una pista, el 97 es el que se refiere específicamente a la ratificación y, en lógica jurídica, es el que debe observarse).
Aún en este escenario insatisfactorio pero no muy conflictivo, no faltarán litigios posteriores por una metedura de pata jurídica en puerta: los nueve dictámenes publicados desde el martes en la Gaceta Parlamentaria disponen que la ratificación se aprueba por un período de seis años, lo cual es incorrecto. Lo que mandata la Constitución es que la prolongación será por un tiempo indefinido sujeto a dos límites: permanencia máxima de 15 años y edad límite de 73 años. El error es imperdonable porque hace dos años ya se cometió en el caso de la magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero, quien se inconformó, recurrió al juicio de amparo y lo ganó. ¿Por qué la necedad de tropezar dos veces con la misma piedra? Vaya usted a saber.
EJECUTIVO
Y LEGISLATIVO, DE LOS DOS NO SE HACE UNO
Todo lo arriba dicho puede no tener concreción alguna, porque en ausencia de consensos entre las distintas fracciones y grupos partidistas, lo más probable es que los dictámenes sean rechazados al no alcanzar la mayoría calificada. Los 18 votos necesarios son casi imposibles de conseguir sin acuerdos entre Morena, PAN y PRI.
¿Qué sucede entonces si por falta de votos suficientes se niega la ratificación a los nueve magistrados? La respuesta parece estar en el artículo 97 de nuestra Constitución, cuyo segundo párrafo a la letra dice: “Para ser ratificado se requerirá el voto favorable de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso. En caso contrario se declarará la vacante, debiendo procederse en consecuencia”.
Esto de “procederse en consecuencia”, tiene la lógica interpretación de poner en marcha el procedimiento para nombrar nuevos magistrados: ternas enviadas por el Ejecutivo con sustentos razonados, demostrables y aceptables; comisiones legislativas analizando las propuestas y convocando a los candidatos para entrevistas de conocimiento y evaluación, construcción de consensos entre bancadas para alcanzar la mayoría calificada y, otra vez, al Pleno a ver qué diablos pasa.
Pero éste resulta ser un territorio jurídicamente borroso, pues hay abogados que nos advierten que si hoy el Congreso no aprueba las ratificaciones, los nueve interesados pueden recurrir de inmediato al juicio de amparo, con muy amplias, no absolutas, posibilidades de ganar. Aun en este supuesto, el fallo de los tribunales federales puede tardar meses y hasta años si lo litiga la Legislatura. Y aquí se acentúa lo borroso: la suspensión que eventualmente conceda un juez federal puede disponer o no que los nueve desplazados permanezcan en sus cargos.
Hemos escuchado opiniones jurídicas atendibles en el sentido de que si hoy no se aprueban los dictámenes, de inmediato el Congreso debe devolverlas al Ejecutivo para quitarse de las manos esa papa caliente, y que El Caco puede patear el bote meses y meses hasta concluir el sexenio sin volverse a meter en esos berenjenales.
¿Qué pasaría entonces con el STJE que se quedaría sin nueve de sus 16 magistrados numerarios? Muy sencillo, se llama a los supernumerarios (suplentes) que según ordena la Constitución deben ser 15.
Aquí ya entramos en terrenos no borrosos sino surrealistas. Actualmente el Supremo Tribunal de Justicia cuenta únicamente con 10 magistrados supernumerarios, de los cuales solo nueve están disponibles (el numero uno era Felipe Aurelio Torres Zúñiga que debió pedir licencia para poder ser propuesto fiscal anticorrupción).
¿Por qué semejante situación? Se lo platico: en el 2017, según correspondía, El Caco envió las 15 ternas de candidatos a magistrados supernumerarios al Congreso, pero éste únicamente aprobó diez. Las otras cinco se las regresó para que las repusiera, pero el señor ha andado tan ocupado acomodando macabeos que nunca lo hizo. En tres años no tuvo tiempo de cubrir ese vacío.
Podría decirse que cuál preocupación si se producen nueve vacantes y hay otros tantos supernumerarios. Efectivamente, salvo por el hecho de que antes del próximo día 15 deben cubrirse dos vacantes más, las ya mencionadas de Sánchez Márquez y Zavala, que lo más probable es que también se atoren en los jaloneos diputadiles. Así las cosas, quedarían esos huecos sin cubrir por la incompetencia del equipo jurídico del Ejecutivo (iba a poner otra vez El Caco, pero aunque es lo correcto quiero evitar tanta redundancia). Hoy me acordé del término El Kinder Jurídico del Gobierno, que si mal no recuerdo lo acuñó Gustavo Barrera en sus pleitos con Marcelo de los Santos.
Veamos que sucede hoy en el Pleno (¿Cañonazos de a millón para alcanzar consensos?).
COMPRIMIDOS
El sábado sesiona el Consejo Estatal del PAN para definir el método de postulación de su candidato a Gobernador. De esto hablaremos otro día. Hoy me interesa abordar otra cuestión: Entre sus 104 integrantes, ese Consejo cuenta con siete vitalicios: Lidia Argüello Acosta, Álvaro Elías Loredo, Marco Antonio Gama Basarte, José Antonio Herrán Cabrera, Enrique Juárez Pérez, Miguel Martínez Mireles y Alejandro Zapata Perogordo. Los siete tienen algo en común: son panistas de larga data, leales, convencidos y con mucho trabajo de partido, y su honorabilidad nunca ha sido cuestionada.
En la perspectiva de su reunión del sábado me (les) pregunto ¿No se les antoja, desde su reconocida autoridad moral, preguntarle a su novel dirigente estatal qué carajos anda haciendo vendiendo (ignoro si con comisión de por medio o no) los votos de sus diputados y queriendo hacer magistrado a chaleco a su hermano? Cómo se extraña a J. Carmen. Seguro que ya habría alzado la voz.
Mientras tanto, el diputado local panista de nombre Rolando “N”, que está sujeto a proceso penal en el Estado de México por los delitos de fraude y daño en los bienes, decidió libre y voluntariamente convertirse en una caricatura de sí mismo. Cada quien.
Vuelven los días perros para la Gallardía. El lunes la columna institucional de Reforma le mandó otro de esos mensajes acalambrantes, con referencia a la Unidad de Inteligencia Financiera incluida, y el martes la nueva dirigencia del PRD local dio a conocer el resultado de las auditorías a los presupuestos manejados por gallardistas: se trincaron más de 15 millones de pesos. Lo cierto es que por donde pasan dejan un cochinero.
Los delitos que aquejan a los potosinos son cada vez más descarados. Lo mismo atracan a una señora en el estacionamiento del HEB de Himno Nacional que a pocos metros de ahí despojan a otra de su camioneta, con armas de fuego en la mano. No sé si algún día se presente la oportunidad pero me gustaría preguntarle a Juan Manuel Carreras qué le hicimos los potosinos para que nos agarrara tanto rencor, tanto aborrecimiento. Se necesita mucho de eso para seguirnos imponiendo a ese pobre diablo inútil de Jaime Pineda. Y lo mismo vale para Xavier Nava con su consentido Jiménez Arcadia.
De Leonel Serrato tengo claro que deja el empleo de gobierno pero se queda dentro de la 4T y va a hacer trabajo político en Morena. Lo de la petición que le hacen sus fieles a Gabino Morales para que también renuncie y busque ser candidato a gobernador no me queda muy claro. No sé, por ahora, si es una jugada de fondo o fuegos de artificio.