El robo al transporte de carga en México constituye un problema estructural con importantes implicaciones económicas y de seguridad para el sector empresarial y la sociedad. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (AMESIS), en 2024 se registraron 15,937 robos al transporte de carga, lo que representó un incremento del 9.18% con respecto a 2023. Entre las zonas del país más afectadas se encuentran la Centro y el Bajío, mientras que las Entidades Federativas que registran una mayor incidencia son el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. El 84% de este tipo robos se cometen con violencia, mientras que la mercancía más afectada la encabezan alimentos, bebidas y ropa.
La cifra nacional de incidentes diarios alcanza alrededor de 60 robos diarios en territorio mexicano. Según datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), el costo promedio por cada evento de robo supera 1.2 millones de pesos. De acuerdo a estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), las pérdidas anuales originadas por robo de carga ascienden a 74,000 millones de pesos, lo que representa alrededor del 0.7% del PIB nacional. Estos costos además del valor del vehículo y la pérdida de mercancía, incluyen gastos operativos ante las interrupciones, rescates, primas de seguros elevadas, compra de tecnología, horas no productivas y reputación y confiabilidad ante clientes.
Frente a esta situación, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y gremios de campesinos, llamaron a un megabloqueo de carreteras a nivel nacional el lunes 24 de noviembre, para exigir una mayor seguridad y precios justos y apoyos para la producción de frijol, maíz y otros cultivos. Entre las exigencias de los transportistas se encuentran una mayor seguridad en carreteras, disminuir lo precios en el peaje y del diésel y atender las denuncias por robo o agresiones. Por otro lado, EE.UU. se sumó a las quejas sobre las pérdidas millonarias por la inseguridad en las carreteras, lo que afecta también el clima de inversión en Norteamérica.
Los impactos económicos de los megabloquesos en México se resumen en: 1) pérdidas para el transporte y la logística. Según la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), cada interrupción de rutas principales genera pérdidas significativas en demoras, rutas alternas más largas, mayores costos de combustibles y desgaste de vehículos; 2) afectaciones al abasto y al comercio interno. Los cierres carreteros interrumpen la cadena de suministro, lo que incrementa los costos logísticos para empresas, y este costo se transfiere al consumidor final; 3) pérdidas para el comercio local, lo que impacta especialmente a pequeños y medianos comerciantes; 4) impacto macroeconómico significativo, CANACINTRA reportó que los bloqueos carreteros recientes han generado pérdidas por 2,300 millones de pesos, debido a la afectación de disponibilidad de insumos y el abasto, lo que puede minar la confianza de inversionistas en el largo plazo; 5) riesgo inflacionario al encarecerse el transporte y la distribución de bienes, y el retraso de insumos para industrias puede afectar la producción y encarecer bienes intermedios; 6) costos sociales y políticos, al generar descontento social y provocar tensiones con el gobierno para que dé respuestas a las demandas de transportistas, además de afectar la movilidad de los ciudadanos.
Si los megabloqueos se vuelven más frecuentes o prolongados, el daño acumulado para la economía podría ser muy alto, especialmente en los sectores críticos como transporte, manufactura y distribución, lo que provocaría una caída en la inversión extranjera y mayores precios para el consumidor final. Es necesario establecer mesas de diálogo y negociación permanentes entre transportistas, agricultores y gobierno para atender demandas, políticas públicas de apoyo para reducir la presión de estos grupos, infraestructura estratégica para mejorar rutas alternativas o infraestructura para minimizar impactos, garantizar la seguridad jurídica y generar mecanismos de compensación para las empresas afectadas.
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