Desde que inicié mis actividades como servidor público hace ya mas de 30 años, cada día aprendo cosas nuevas, ya sea por las tendencias de las nuevas teorías que van surgiendo o bien por los ámbitos en que me tocado desempeñarme y que han requerido no sólo el conocimiento teórico, también el desarrollo de habilidades prácticas para realizar las tareas encomendadas de la mejor manera.
Recuerdo que a finales de los años 90´s trabajé para un funcionario que siempre me preguntaba cuando le entregaba un trabajo, “¿Cuál es la metodología que usaste?” y trataba de explicar el razonamiento con el que lo había realizado; sin embargo mis palabras eran huecas para quién era un estudioso en la investigación, así que decidí buscar y comprender el significado de la metodología “El término tiene su génesis en el griego meta, el cual significa ir más allá, camino y logos, lo cual significa estudio, razón o análisis” y puede emplearse en cualquier ámbito de la vida, de hecho se aplica la metodología para realizar cualquier tipo de trabajo. Así que me avoqué a comprender no sólo el contexto donde me desempeñaba, sino además cuáles eran las funciones sustantivas que le deban la razón de ser a esa Institución.
Así, decido pasar de la sistematización de información a la organización de las estructuras organizacionales, mismas que me dieron más elementos para ir entendiendo la administración pública desde sus raíces. Cuando me tocó trabajar con uno de los directivos de Cummings, el Ingeniero Salvador Cervantes en el proyecto de los sistemas de calidad para el gobierno que lidereaba la ya extinta Secretaría de Planeación y Desarrollo, aprendí no sólo nuevas metodologías, sino también la importancia de la codificación de los documentos, de la que se carece en los documentos emitidos por la Oficialía Mayor.
En esa época conocí la complejidad de la Administración Pública y las áreas de oportunidad que se presentaban, en un escenario de crecimiento del Gobierno del Estado. Ya en la primera década de este siglo, se presentaban proyectos para fortalecer no sólo las estructuras del gobierno, sino sus pilares, como los estudios que presentaba Miguel Ángel Vega Campos referentes al servicio profesional de carrera y la puesta en operación de la Comisión Mixta de Escalafón que contempla el articulo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, mismas que el Sindicato mayoritario opacó porque estaba en contra de sus intereses.
Al término del periodo de gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, cambié a un ámbito laboral que sólo conocía en la teoría y que me dijera en esos entonces la Juez y hoy Consejera, la maestra Diana Isela Soria Hernández que “sólo con el tiempo, usted conocerá verdaderamente el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí”
Y efectivamente, fui aprendiendo la vida y complejidad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, quien tiene la responsabilidad del gobierno y la administración integral del Poder Judicial , en aspectos tales como la reglamentación de la ley, la planeación, programación y ejecución del presupuesto, la administración del talento humano a través de la Carrera Judicial, programas de formación y capacitación para los servidores judiciales, el control de desempeño de los funcionarios y empleados para garantizar el ejercicio legal de la profesión de abogado.
Si hoy retomáramos las buenas prácticas del Consejo de la Judicatura y de las comisiones con las cuales se desempeña, pudiéramos tener un Gobierno del Estado efectivo, desligado de los cotos de poder y corrupción que nacen desde sus entrañas, con funcionarios públicos profesionales con un conocimiento pleno de la Ley, la norma y reglamentación en los ámbitos en que se desempeñan, desligado de un servilismo al titular en turno y buscar la lealtad a la Institución, hoy caminaríamos diferente, pero para hablar hay que conocer que el Poder Judicial es uno de los tres poderes de acuerdo al artículo 3° de la Constitución del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.