El proceso electoral aún no termina, pero de confirmarse los resultados, se cerrará el ciclo de la transición democrática en México, pues llegan al poder actores políticos que hasta ahora se sentían excluidos; estaremos en un escenario plural, donde las decisiones de política pública serán más políticas que económicas; aun falta conocer con precisión los resultados electorales para identificar quienes y en qué magnitud serán los contrapesos al poder, pero lo que si es evidente es que le corresponde a la sociedad civil monitorear las decisiones de política pública.
Este proceso electoral deja grandes pendientes y desafíos, en lo que se refiere a las campañas electorales éstas sí hicieron una diferencia, ya que desde principio a fin mantuvieron en primer lugar a quien construyó una narrativa de rechazo a las élites del sistema político y el gobierno, sin embargo en lo local estuvieron ausentes espacios entre los participantes para debatir los problemas públicos de la sociedad, los que existieron solo sirvieron para la descalificación personal y hacer propuestas de solución de políticas publicas a partir de sus consecuencias y no de sus causas.
Desde 1996 México ha estado en un permanente proceso de cambio político, sin embargo parece que el régimen de poder local se mantiene intacto ya que seguimos teniendo un fenómeno de clientelismo y corporativismo mucho más que de ciudadanía, el voto se sigue comprando a cambio de ayudas gubernamentales o recursos provenientes de actividades no legales y la autoridad electoral local sigue capturada y controlada por los actores con mayor poder político y gubernamental, siendo incapaces de fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Como electores también hemos fallado, ya que no fuimos capaces de castigar a quienes en los procesos electorales fallaron en hacer propuestas de política pública financieramente viables, políticamente factibles y legalmente ubicadas en cada nivel de gobierno; castigar a quienes hicieron uso indiscriminado de los recursos públicos, tal parece que la mentira, la trayectoria y la contradicción no fue un criterio para tomar decisiones al momento de estar frente a la boleta electoral, pero también estuvo presente la esperanza de cambio.
La corrupción, principal problema de los asuntos públicos, estuvo presente como instrumento de ataque entre candidatos, pero no como un problema de política pública que amerita respuestas técnicas. No se abordó la operación y fortalecimiento de los Sistemas locales Anticorrupción, nadie planteó que estos no operan porque su principal obstáculo es la estructura de poder local; ningún candidato planteó propuestas para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.
Los ganadores del proceso electoral enfrentarán grandes desafíos en términos de política pública: 1) combatir la desigualdad; 2) rediseñar la estrategia de seguridad pública; 3) dotar al gobierno de recursos; 4) transformar la impartición de justicia, principalmente para quienes no cuentan con recursos para defenderse legalmente; 5) hacer efectivo el combate a la corrupción; 6) transparentar los contratos de obra pública en tiempo real; 7) combatir la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público; 8) elevar la calidad en educación, salud y competitividad.
Plantear estos pendientes desde un enfoque de política pública implica entenderlos y definirlos a partir de sus causas y no desde sus consecuencias, lo cual requiere dedicarle tiempo y recursos suficientes para identificarlos como situaciones socialmente problemáticas, hacerlo de manera participativa, involucrando a todos los actores, más allá de sus ideologías y preferencias políticas, utilizando datos estadísticos para la toma de decisiones, pero sobre todo escuchando a quienes serán objeto de las intervenciones gubernamentales.
En este sentido, en San Luis Potosí al 47.8 % de la población no les alcanzan sus ingresos para alimentarse (véase la siguiente gráfica); este porcentaje de la población no le alcanza para tener acceso a un servicio de educación y salud de calidad, por lo que vive en condiciones de precariedad social y laboral, no tienen las condiciones mínimas de movilidad social; en el otro extremo tenemos un reducido grupo que lo tiene todo, el desafío es identificar las causas por la que existen esos dos grupos, y cómo reducir la brecha entre ambos.
En México, en lo global como en lo local tenemos grandes problemas institucionales: leyes que no se aplican; déficit en las finanzas públicas; deficientes mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas públicas; una cultura social que piensa que la causa de todos los problemas públicos es el gobierno y que toda política pública debe ser gratuita; administración pública no profesionalizada; sistema educativo y de salud deficientes; sin resolverlos no se podrá combatir a la pobreza y desigualdad, por lo que permanecerán y se agravarán sus consecuencias.
Por su parte, el sector social que concentra la riqueza en México se formó recibiendo los beneficios de las políticas públicas, ya que desde el gobierno se ha impulsado, protegiendo los monopolios y dejando de lado las externalidades negativas generadas por los mercados, así ha sucedido en telecomunicaciones, energía y en muchos otros sectores donde no se ha impulsado la competencia económica, la comisión de competencias poco ha hecho para enfrentar los monopolios, se requiere superar el capitalismo de cuates.
El balance después de este proceso electoral de 2018 es de pendientes y desafíos, dentro de los primeros se encuentran: el clientelismo y corporativismo, el paternalismo, la captura de las instituciones y la corrupción; dentro de los desafíos se encuentran: la desigualdad, inseguridad, insuficiencia de recursos de la administración pública, su opacidad y ausencia de rendición de cuentas, todo ello se tendrá que enfrentar en un contexto de fragmentación política, por lo que se requiere fortalecer a la sociedad civil organizada como contrapeso del sistema político.
Después de un proceso electoral en el que se disputaron 3,416 puestos de elección popular, el cual ha dividido, confrontado y fragmentado a la clase política y a la sociedad, llega un segundo momento, el del diálogo, la negociación, la cooperación y la cogestión de los diversos actores para diseñar estrategias de solución de los problemas públicos, el instrumento para lograrlo son las políticas públicas ya que este instrumento de gobierno permite unir lo que los procesos electorales polarizaron.
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