Qué puede haber científicos corruptos, sin duda; que puede haber académicos sinvergüenzas, también; qué pueden existir personas que se aprovechan de los fondos de investigación ciencia y cultural para ser uno verdaderos vivales, por supuesto, pero de ahí al empeño que ha puesto el Fiscal General de la República en perseguir científicos hay una gran distancia respecto de la entereza que demuestra en acabar con el narcotráfico, la delincuencia organizada y otro tipo de sinvergüenzas.
De ninguna manera estoy diciendo que si hay datos de pruebas suficientes no se proceda en contra de los responsables de esta sarta de delitos que pretende imputar la Fiscalía General pero, como ciudadano me gustaría también que esto mismo estuviera haciendo en casos como el del señor Ovidio Guzmán, a quién el señor López ordenó poner en libertad, no obstante que estaba capturado y asegurado; o lo correspondiente la prima Felipa Obrador y sus contratos con Petróleos Mexicanos y, por supuesto, el asunto de los hermanos presidenciales a quienes no se les toca ni con pétalo de una rosa, no obstante que circulan en video indicios suficientes para, por lo menos, investigar los hechos que en ellos se denuncian.
En estos y en otros casos más, Gertz Manero demuestra una pasividad alarmante.
No es así, sin embargo, en el caso de la cuñada del propio fiscal general, en dónde se da tiempo para cobrar cuentas personales.
Perseguir al intelecto no es una novedad en las dictaduras; es, de hecho, con lo que empiezan a dar muestras claras de su intención de crear una monolítica percepción de las cosas. Desterrar la libertad de pensamiento, limitar la de expresión y acortar los fondos de apoyo a la ciencia son claras muestras de la dañada intención de controlar al intelecto. ¿Qué mejor pretexto para no dar dinero a la investigación científica que el perseguir por supuestos actos delictivos a quienes hacen de ella su diaria ocupación?
Algo que me ha llamado mucho la atención en los boletines que ha publicado la fiscalía refiriéndose a este asunto es que llaman “empresa” a una asociación civil que, por cierto, puede ser creada en el marco de la ley de ciencia y tecnología sin ningún problema. Más allá de que en lo jurídico la palabra empresa no cabe dentro de esta figura societaria de la asociación civil, no hay que perder de vista que este tipo de personas morales tienen una regulación específica que permite mayor intervención de las autoridades para la vigilancia de las mismas, justamente dado el carácter no económico o lucrativo que tienen y la posibilidad de recibir apoyos externos que finalmente pueden venir a ser fiscalizados de mejor manera y que además no se convierten en dividendos ni en patrimonio liquidable al cesar las actividades de la asociación civil.
También destaca en estos boletines que no es muy clara la razón por la cual el empecinamiento en tratar de configurar delitos de delincuencia organizada, independientemente de que otros ilícitos pudieran configurarse o no, pues para la con figuración criminal de organización delictiva se tienen en la ley características particulares que en el presente caso no se cumplen.
Hay que recordar que el señor Gertz es investigador del sistema nacional nivel tres, con obras que al parecer se encuentran bajo la lupa por no ser de su autoría. No he visto boletín alguno de la fiscalía donde se mencione la carpeta de investigación que deberá estar abierta en contra del fiscal general por este caso.
Me parece que el problema no es investigar delitos, sino la forma en que se pretende configurarlos: se pretende torcer la ley de manera que se guarden en prisión preventiva oficiosa a los treinta y un científicos perseguidos.
Insuficiencia e incoherencia son solo dos de las varias razones por las cuales ya el Poder Judicial ha frustrado la intentona del fiscal Gertz, negando las órdenes de aprehensión. ¿Cuánto tardará don Alejandro en cargar ahora contra los jueces que se niegan a acceder a sus arrebatos y abrirles carpetas de investigación?
@jchessal