“Hay dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad, la otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad”.
Soeren Kierkegaard
Se anunció como un golpe histórico contra el huachicol fiscal. El jueves 17 de septiembre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato dieron a conocer «el hallazgo de 59 millones de litros de hidrocarburo de los cuales no se ha acreditado su origen» en San José Iturbide. No dijeron que el golpe tuvo lugar el 4 de septiembre, ni explicaron cómo un centro de almacenaje perfectamente construido y visible a la distancia no había sido identificado antes. No se enteraron de que la planta reinició operaciones el 10 de septiembre.
Un confundido secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo en la mañanera del 18 de septiembre en Irapuato que en el operativo no hubo arrestos porque no había nadie en el predio, pero añadió que «habrá detenidos». Dijo que los detalles los daría a conocer la FGR, pero hasta el momento el centro de almacenamiento parece haber operado de forma legal.
Gas Natural del Noreste (SIMSA) dio a conocer el viernes 18 un comunicado que decía que el centro «presta un servicio consistente en recibir y almacenar petrolíferos que son propiedad» de otras empresas «permisionarias de la Comisión Nacional de Energía» y que «acreditan ante la empresa la propiedad, procedencia legítima y calidad de sus productos. La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada por las autoridades federales, estatales y municipales». El 19 de septiembre la FGR emitió un comunicado diciendo que sigue investigando la «posible comisión de delitos», o sea, que no los ha comprobado; pero ante «la complejidad del caso» decidió entregar la indagatoria a la FEMDO, la fiscalía de delincuencia organizada.
¿Cómo pudo la FGR cometer una pifia tan grande? Sabemos que el 3 de julio fue detenido el chofer de una pipa que descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato, y que no pudo acreditar el origen del producto. Dos meses después las autoridades llegaron al centro de almacenamiento de SIMSA y lo aseguraron. No sabemos por qué no lo anunciaron hasta el 17 de septiembre, cuando la planta ya estaba operando nuevamente.
La FGR parece estar combatiendo un delito que no entiende y con la intención de buscar a responsables políticamente convenientes. El 16 de julio detuvo a Ernesto Ruffo, primer gobernador de oposición, a quien la fiscal Ernestina Godoy describió públicamente como cabeza de «la más grande red de contrabando de combustible». Nunca explicó como un hombre de 74 años, sin antecedentes penales, gobernador de Baja California tres décadas atrás, tenía en tiempos de la 4T el poder para controlar aduanas y la Guardia Nacional para manejar la mayor red de huachicol. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo es socio minoritario, solo hacía trámites ante aduanas: no importaba ni transportaba combustibles.
Mientras se lanza contra Ruffo, la FGR se niega a investigar al almirante Rafael Ojeda, secretario de marina con López Obrador, cuyos sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, están detenidos. Tampoco indaga a Andrés Manuel López Beltrán, involucrado por testigos en el huachicol.
La Fiscalía parece perdida en esta lucha. Interviene plantas legales y detiene a críticos del régimen, pero se niega a investigar a quienes tienen el poder para manejar un negocio que la procuradora fiscal Grisel Galeano García calculó en 600 mil millones de pesos.
Diferencia
La gasolina regular en Estados Unidos se ubicó en 4.4759 dólares por galón este 19 de septiembre, 20.37 pesos por litro. Ya la diferencia contra los 24 pesos de la gasolina mexicana es de solo 17.8 por ciento, baja para incentivar el contrabando. La diferencia ha llegado a ser de más de 100 por ciento.
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