El poder presidencial en México se resiste a dejar de cometer los excesos que siempre le han caracterizado y que parecía podrían ser cada vez más acotados con sucesivas reformas políticas; sin embargo, “la cabra siempre tira al monte” y allí tienen que, nuevamente, se hace gala de toda la fuerza concentrada en esa instancia estatal que, para bien o para mal, sigue definiendo buena parte del derrotero nacional y, por eso mismo, su disputa es tan enconada como bestial. En ese contexto, el colofón de la llevada y traída “ley de seguridad interior” ha sido la promulgación de dicho instrumento jurídico por el presidente Peña Nieto, aderezada con una curiosa salvedad: que dizque no se aplicará esa controvertida legalidad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su constitucionalidad, algo así como “la excepción del estado de excepción”.
Sin proponérselo, el presidente Peña da a entender que le hace un favor a los ciudadanos dispensando la aplicación del esperpento legal señalado, cuando en realidad evidencia el estilo propio de quienes se sienten tocados por el peso de un poder que consideran personalísimo y, por tanto, con posibilidad de hacer lo que les venga en gana, usando ese poder de manera discrecional, según su leal saber y “ler”, para que si se le hinchan los huecos del cerebro con alguna que otra idea grandota (ideota), pudiera entonces emitir, en cualquier momento, la declaratoria de seguridad interior, a pesar de que prometa que no lo haría mientras el máximo tribunal del país se pronuncie al respecto, aunque ya sabemos que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y el “pudiera” sí existe (el “hubiera” no).
Recurrir a esa “excepción del estado de excepción”, que sugiere el discurso del presidente Peña, deja ver claramente el riesgo de que una eventual tiranía se convirtiera en dictadura, toda vez que la discrecionalidad del poder presidencial podría gozar de una carta de naturalidad que, antes, solamente se tenía como parte de las denominadas “facultades meta-legales”, como un poder invisible que se hacía presente cuando era requerido, pero sin que fuera el sello de la casa. Ahora, el titular del ejecutivo federal se arrogaría la potestad (presuntamente soberana) de resolver qué hacer en el caso de una situación de excepción y no la ley misma (tener un “Estado con Derecho” y no sólo un “Estado de Derecho”, por muy sutil que parezca la diferencia). La discrecionalidad del poder presidencial sería algo así como la “dictadura soberana”, que planteaba Carl Schmitt sobre los excesos y abusos del poder.
Aún antes de considerar la aplicación concreta de la denominada “ley de seguridad interior”, se ha develado el alcance que tendría “normalizar” una situación que debería ser considerada como excepcional: el de institucionalizar plenamente la impunidad (sobre todo de los personeros del poder estatal), toda vez que la discrecionalidad del poder público se desplegaría (paradójicamente) de manera por demás abierta y cínica, como ha ocurrido en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, donde se llegó al extremo de fraguar una “verdad histórica” que no ha terminado por hacer justicia a las víctimas y sigue presente como un agravio nacional.
Hay que recordar que el presidente Peña llegó a pedir a los familiares de los desaparecidos -y a la sociedad mexicana en general- que se diera vuelta a esa página dolorosa de la historia reciente (el famoso “ya supérenlo”), como si se tratara que sus palabras fueran tan “soberanas” como para que, “ipso facto”, se pudieran acatar (algo similar, pero a “contrario sensu”, de las palabras que profería por ejemplo don Porfirio cuando espetaba “mátenlos en caliente”). En ese gesto simple se podía encontrar un esbozo de lo que ahora se pretende ampliar: el despliegue de todo el poder estatal, concentrado en la discrecionalidad de un pequeño grupo encabezado por el titular del ejecutivo federal, cuando se considere necesario declarar una situación de excepción que no termina de cuajar plenamente en la ley. Es la “paradoja del soberano” de que hablaba Schmitt, refiriéndose a esa posibilidad (vuelta lugar común) de que “el soberano esté, al mismo tiempo, afuera y adentro del orden jurídico”.
En suma, luego del golpe político dado, pareciera que la tempestad es precedida por una calma que, empero, ahora no será tan “chicha” porque en este 2018 tendremos en disputa ese poder presidencial del que venimos hablando y que podría ocasionar un peligroso oleaje que, por si las moscas, parece que los personeros del poder estatal se preparan a sofocar con ese engendro legal que hoy es tan cuestionable y que, antes, no se requirió para dañar tanto la seguridad y tranquilidad de los mexicanos, como en estos últimos doce años, los años de la docena trágica que ya casi completamos.