oscar g. chávez
En los ánimos beligerantes del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, el golpeteo contra Enrique Galindo, alcalde de la capital, ya es cosa de todos los días; un día sí y al otro también arremete ofensiva e indistintamente contra el ayuntamiento o contra aquel que en los primeros meses de su gobierno parecía ser el compañero ideal de inauguraciones y cuanto evento se les ofreciera. No obstante, casi desde el principio, un conocedor de la liturgia política de provincia advirtió con sobrada visión que conforme fueran andando los días y acercándose el proceso electoral el cuento de Pili y Mili se acabaría. Ocurrió, se ha acabado.
Dentro de esto hay algo curioso, ya que con todo y lo que pueda decir al gobernador sobre ayuntamiento y alcalde se observa no sólo una falta de consistencia en los datos que externa y con los que busca descalificar sino que también es muy notorio que sólo puede recurrir a dos temas que, por un lado, así como pudieran incrementar también se le agotan y, por el otro, no cae en cuenta de que también es corresponsable de lo que ocurre a mayor escala en el estado que gobierna y del que es parte la ciudad capital.
Sin detenernos en orden de importancia, ya que ambos pudieran tener la misma dependiendo de la perspectiva que se les observe, los desaciertos cometidos por el Interapas y la Secretaría de Seguridad Pública municipal se han convertido en el músculo impulsor de la afilada y soez lengua del gobernador, mientras que el comisario Juan Antonio Villa, con todo y su maestría en seguridad y defensa interamericana no alcanza a darse cuenta que los integrantes de la corporación que dirige se empeñan en dotar de elementos de ataque al gobernador.
Esta semana fue abundante en desaciertos. Los filtros o retenes antialcohol no escaparon del maledicente gobernador quien los mencionó como recaudadores del dinero de los borrachitos (tampoco anda muy alejado de la realidad); luego la extraña balacera a los concurrentes a un baile en la zona contigua al centro del barrio de Tlaxcala (en un predio prestado a un mando de la secretaría); el violento desalojo a unos manifestantes en el Saucito; y por último el joven atropellado en el fraccionamiento Obispado, a quien en un inicio con todo y que fue víctima de un elemento de la misma corporación policiaca se le negó el apoyo por cuestiones relacionadas con el torpe actuar de la aseguradora.
Se podrán argumentar varios pretextos o justificaciones, se podrá decir que los filtros ser retiran, que el mando fue separado de su cargo, que se dio marcha atrás en el Saucito y que finalmente sí se le pagará todo al atropellado con todo y que no otorgue el perdón (que además no lo merecen por infames y ventajosos), pero finalmente no dejan de ser focos rojos que prevalecen en las percepciones de la ciudadanía. Dicho de otra forma, están viendo y no ven; el gobernador ya trae en la mira al comisario Villa al grado de ordenar que ni siquiera se le permita el ingreso a las reuniones matinales de la mesa de seguridad estatal; quiere su destitución a como dé lugar ¡y salen con su batea de babas!, en vez de evitar cualquier posibilidad de ejercicio excesivo e indebido, incluida la recurrente práctica de la extorsión.
Con todo y lo preocupante que sea eso, hay del otro lado un apartado bastante divertido y que pocos perciben: al alcalde le encanta picarle las costillas al gobernador (menos mal que no se llevan como don Alfonso Guerrero Briones y don Antonio Rocha Cordero cuando subían escaleras, si no la cosa estaría grave) y a éste cada vez le resulta más complicado controlar su iracundo carácter, mientras que aquel ni se inmuta y se mantiene en el relajado turismo de egoteca entrevistándose y fotografiándose con cualquier político que se le atraviese.
Y miren, si no le han hecho mella los merecidos reclamos por adeudos económicos contraídos durante la campaña, menos le van a poder los berrinches de un mangurrián por muy gobernador que sea. Finalmente no podemos pasar por alto un pequeño detalle: el policía siempre será policía, el delincuente siempre será delincuente y para ambos la ciudadanía siempre será un botín.
Nota necesaria: el Congreso del estado (y disculpen que no anteponga la H. pero creo que ya no les corresponde) al menos por humanidad debería someter a revisión los alcances de las multas que imponen algunas dependencias. Todavía anda latente el asunto del anciano al que quieren obligar a que entregue un terreno de su propiedad en que se encuentra un basurero. ¿Es el primer acto autorizado de un “cártel del despojo”? Y en Soledad…