En 24 de las 32 entidades federativas del país no está permitida la transferencia o distribución de votos pactada entre partidos políticos que vayan asociados en alguna elección, como tampoco está permitido a nivel federal. Únicamente en ocho estados, entre ellos el nuestro, permiten esta forma de manipulación de la voluntad ciudadana. Con esto, San Luis Potosí mantiene una de las ingenierías electorales más retrogradas y cuestionables de México.
Sacarnos de esa deplorable condición política fue el propósito frustrado a finales del mes pasado por los líderes partidistas Oscar Vera Fábregat, de Conciencia Popular, y Eugenio Guadalupe Govea Arcos, de Movimiento Ciudadano, quienes para ello se valieron de mentiras y argumentos falaces, pero se beneficiaron sobre todo de la complicidad de cinco diputados de Morena, los cuatro del consorcio PRD-PVEM y los de Nueva Alianza, Encuentro Social y El Mijis.
En ocasiones anteriores hemos explicado cómo los votos pactados en convenios firmados meses antes de las elecciones (a espaldas de los electores) han sido claves para que Conciencia Popular y Movimiento Ciudadano hayan logrado conservar su registro y acceder al reparto de las diputaciones de representación proporcional. Hoy queremos subrayar que esos sufragios negociados en la mesa y no ganados en las urnas también son definitivos para incrementar los dineros públicos que se entregan a los partidos, siempre y cuando alcancen mínimo el 3 por ciento de la votación.
El monto del financiamiento público a los partidos se determina multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización. Para determinar el gasto en los partidos este año, hubo que multiplicar 2 millones 24 mil 616 empadronados por 54 pesos 91 centavos, lo que arrojó un total de 111 millones 188 mil pesos. De ese monto, el 30 por ciento (33 millones 356 mil 662 pesos) se distribuye a partes iguales entre cada partido, y el 70 por ciento restante se les entrega en razón de los votos que hayan obtenido en la elección de diputados locales inmediata anterior. En pocas palabras, cada voto significa dinero. No importa que no se haya recibido de los electores en las casillas sino que lo hayan tracaleado las dirigencias partidistas en una mesa de café.
Un dato ilustrativo: en las ultimas elecciones, las del 2018, en la elección de diputados votaron 1 millón 232 mil 624 potosinos. El financiamiento global a las formaciones políticas fue de 131 millones 405 mil 784 pesos, lo que significa que cada sufragio tuvo un costo promedio de 106 pesos con 66 centavos. ¿Sabe usted cuánto nos costó a los potosinos cada uno de los votos “logrados” por el Partido Conciencia Popular? Exactamente 195 pesos 06 centavos. Casi el doble del prome-dio general.
CAUSANTES DE NUESTRAS VERGÜENZAS
En la reforma electoral nacional del 2014, en la legislación federal se suprimieron las llamadas Candidaturas Comunes, que son el equivalente exacto de nuestras malhadadas Alianzas Partidarias (que hasta el 2017 en nuestra ley electoral se llamaban también Candidaturas Comunes). Sobrevivieron tres formas de asociación entre partidos: Frentes, para propósitos no electorales, Coaliciones y Fusiones.
Las Coaliciones tienen como características principales que no permiten la transferencia de votos entre los partidos coaligados, que cada uno de ellos debe aparecer en la boleta electoral con su propio emblema (para así saber con precisión a qué partido destinó su sufragio cada elector), que tienen que presentar una plataforma electoral común y que deben ser uniformes. Es decir, que si el partido A se coaliga con el B en un distrito no puede asociarse con ningún otro en ese tipo de elección. Y si, siguiendo el ejemplo, ese partido A se coaliga con el C en un ayuntamiento, si quiere ir asociado en otros municipios tiene que ser con C, forzosamente.
Las Candidaturas Comunes (San Luis es el único estado donde se les cambió el nombre a Alianzas Partidarias) en cambio, son mucho más flexibles y cómodas: permiten que en un convenio previo las dirigencias partidistas decidan qué porcentaje de los sufragios les va a corresponder a cada aliado, que pueden ser dos o más; pueden ir en las boletas con un único logotipo; no necesitan elaborar ninguna propuesta electoral conjunta y se pueden alianzar en un distrito con un partido y en el del lado con otro, igual que en los municipios (esto produce unos batidillos terribles, que ya platicaremos).
La misma reforma federal del 2014 contempló en los nuevos ordenamientos generales el mandato derivado del artículo 116 constitucional que dispone: “Será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos”. No obstante esta atribución, 23 estados y la Ciudad de México decidieron excluir o transformar radicalmente la figura de las candidaturas comunes o alianzas partidarias en su legislación. Poco menos de la mitad, entre ellos las dos Baja Californias, Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo y Zacatecas, optaron por modificar sus normas electorales para remitir a la Ley General de Partidos Políticos todo lo relativo a formas de asociación y participación de las fuerzas políticas.
Otras entidades, como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Yucatán, dejaron vigente la figura de candidaturas comunes, pero sin permitirles la transferencia de votos ni el emblema común. Hay dos casos singulares, Michoacán y Tabasco, que tienen en sus leyes las candidaturas comunes pero sin ninguna reglamentación, lo que las vuelve inaplicables.
Únicamente nosotros, junto con Colima, Durango, Estado de México, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala, mantenemos viva esa forma de asociación partidista, que ciertamente no es ilegal, pero sí inmoral. Y desde luego que apesta, como lo demuestra que las tres cuartas partes de las entidades federativas hayan decidido o suprimirlas o transformarlas en otra cosa.
Lo que va a ser muy interesante en unos pocos meses será ver aquí que partidos, grandes, medianos o parasitarios, se animan a optar por las tristemente célebres Alianzas Partidarias, firmando convenios en lo oscurito para repartirse los votos (y el financiamiento). Tengo la impresión -que igual pudiera ser más bien un deseo- de que un electorado más despierto, mejor informado sobre la manipulación casi delictiva que implican esas asociaciones, decidan rechazarlas con el vigor suficiente para hacerlas indeseables y contraproducentes en las elecciones del año venidero.
A lo largo de los años, muchos potosinos, yo entre ellos, hemos presumido aquí y afuera nuestra brillante y honrosa historia política. Con verdadero orgullo hemos exaltado ese destacadísimo palmarés: La Procuraduría de Pobres (antecedente de lo que hoy son la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Defensoría Social y otras instituciones nobles) de nuestro prócer Ponciano Arriaga; las iniciativas del visionario gobernador Rafael Nieto que concedió el voto a la mujer 30 años antes que a nivel nacional y la autonomía a nuestra máxima casa de estudios 6 años antes que a la UNAM. Igual, haber creado el primer órgano electoral ciudadanizado en el país; haber sido el primero estado que incluyó en su Constitución la segunda vuelta electoral y las figuras del referéndum y el plebiscito. Y ahora vienen Oscar Carlos y Eugenio Guadalupe a causarnos vergüenzas.
Lo dijo Govea en una de sus intervenciones en la sesión del domingo 28 de junio y lo acabo de leer repetido por uno de sus simpatizantes en los medios de comunicación: que Conciencia Popular y Movimiento Ciudadano son “partidos emergentes”. ¡Hágame usted el favor! Con más de 20 años de existencia y luego de haber participado en siete procesos electorales que han incluido 32 distintas elecciones ¡todavía son emergentes¡
COMPRIMIDOS
La Fiscalía Anticorrupción va dirigida a Felipe Aurelio Torres Zúñiga, que sin duda tiene los conocimientos y capacidades necesarios además de gozar de buena fama pública. Aquí lo interesante es que concretándose su designación, el señor licenciado Alejandro Leal Tovías habrá perdido cualquier posibilidad de ser candidato a gobernador del Estado. La reelección no está permitida. Y al que bien se le podría promover un juicio político por abandono de responsabilidades es a Juan Manuel Carreras. ¿Pos dónde andas, Juan Manuel?
Lo que apunta para ser un soberano desmadre es la ratificación de nueve de los diez magistrados que en octubre cumplen su mandato inicial de seis años. Y si no son los diez es porque Martín Celso Zavala tomó la determinación de cerrar su ciclo. La noche del martes el Ejecutivo turnó al Congreso la propuesta, acompañada de los expedientes individuales. Entre los propuestos para quedarse otros nueve años, hay varios que no pasan las pruebas de honorabilidad, capacidad y eficiencia, pero en Palacio ya se cargan una enorme güeva finsexenal y prefirieron aventarle la papa caliente al Legislativo.
Para aprobar la ratificación se necesita mayoría calificada (18 votos si asisten los 27 diputados), y a fuerza se tienen que hacer alianzas y construir consensos, pero el grave problema es que hay dirigentes partidistas que ya dejaron ver su empeño en acomodar por lo menos un nuevo magistrado, de preferencia para honrar el amor fraternal (habrá dos vacantes, porque también se va Ricardo Sánchez Márquez, pero él porque ya cumplió los 15 años del límite máximo). No olvidemos que para ratificar se necesitan 18 pero para impedirlo bastan 10. El plazo para tener todo resuelto vence el 15 de octubre. Insisto, va a ser un argüende de aquellos.
Ricardo Gallardo Cardona ya se habrá convencido de que no tiene ni tendrá enemigo más formidable que su pasado, no tan lejano. Sus simpatizantes confían en lograr el paraíso político por el gran servicio que le prestó a la 4T cuando abandonó el PRD para irse al PVEM con otros siete diputados federales y luego se sumó al bloque de Morena para asegurarle la mayoría calificada en San Lázaro. Pero como me hizo ver un lopezobradorista muy perspicaz: “El presidente tiene dos maneras igual de eficaces para tener a Gallardo leal y firmemente a su lado; contento, haciéndolo gobernador de San Luis, o asustado, mostrándole algunos expedientes de la FGR y de la UIF”. Pues sí.
Hasta el próximo jueves