En México, la paridad de género no llegó como un regalo del sistema político, sino como una conquista arrancada a pulso por décadas de organización feminista, litigio estratégico y presión social.
Hoy parece natural ver congresos casi paritarios, gabinetes equilibrados y candidaturas obligadas a distribuirse entre mujeres y hombres. Pero detrás de esa normalización hay una historia de resistencias, simulaciones y reformas que avanzaron solo cuando ya no fue posible seguir ignorando la desigualdad estructural.
Durante años, las cuotas de género fueron tratadas como un gesto simbólico. Los partidos cumplían a regañadientes, colocaban a mujeres en distritos perdidos o recurrían a la infame práctica de las “juanitas”, donde una mujer electa renunciaba para ceder su lugar a un suplente hombre.
Aquello no era paridad: era una burla institucionalizada. Y, sin embargo, fue el punto de partida para una transformación más profunda.
La reforma constitucional de 2014 marcó un antes y un después. Por primera vez, la paridad dejó de ser un compromiso moral y se convirtió en una obligación jurídica. Los partidos ya no podían esconderse detrás de excusas logísticas o supuestas “falta de perfiles”.
La ley fue clara: 50 % mujeres, 50 % hombres. Punto. Y cuando intentaron evadirla, el Tribunal Electoral cerró filas con criterios que frenaron las simulaciones. La política mexicana, acostumbrada a operar en clave masculina, tuvo que abrir espacio a la mitad de la población.
Pero la verdadera revolución llegó en 2019 con la reforma de “paridad en todo”. No solo en candidaturas, no solo en congresos: en los tres poderes, en organismos autónomos, en ayuntamientos, en gabinetes.
La paridad dejó de ser un asunto electoral para convertirse en un principio de Estado. Y eso, por supuesto, incomodó. Porque la paridad no solo redistribuye cargos; redistribuye poder. Obliga a cuestionar pactos, inercias y jerarquías que durante décadas se dieron por naturales.
Hoy México es referente internacional en materia de representación política de las mujeres. Sin embargo, sería ingenuo pensar que la batalla está ganada. La violencia política de género sigue siendo una realidad cotidiana: amenazas, campañas de desprestigio, exclusión de decisiones clave, presiones para renunciar.
La paridad formal no garantiza paridad sustantiva. Y mientras la presencia de mujeres crece, también crece la reacción de quienes sienten que el poder les pertenece por derecho histórico.
Además, persisten deudas profundas: la representación de mujeres indígenas, afrodescendientes y de la diversidad sexual sigue siendo marginal.
La paridad no puede limitarse a mujeres urbanas, mestizas y con redes políticas consolidadas. Si la democracia quiere ser verdaderamente incluyente, debe abrir espacio a todas las mujeres, no solo a las que ya estaban cerca del poder.
La paridad ha transformado la política mexicana, pero también ha revelado la fragilidad de nuestras instituciones frente a la desigualdad. No basta con llenar espacios: hay que garantizar condiciones para ejercerlos sin violencia, sin simulación y sin techos de cristal disfrazados de neutralidad.
La revolución paritaria está en marcha. No es estridente, no es caótica, no ocupa plazas públicas todos los días. Es una revolución silenciosa, pero imparable. Y como toda revolución que toca intereses, genera incomodidad.
Esa incomodidad es la mejor señal de que vamos por el camino correcto.
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