Las elecciones del primero de julio de 2018 generaron una transformación de la estructura del sistema político mexicano y de la administración pública federal; a partir del 1 de diciembre del mismo año hay un nuevo estilo de gobernar, se han generado toma de decisiones de política pública donde hay ganadores y perdedores, los primeros se manifiestan expresado su aprobación a las soluciones de los problemas públicos adoptadas, los segundos expresan su inconformidad, por todos los medios, ambos desde sus propios intereses tienen la razón.
En términos de estructura de la administración pública la decisión más polémica ha sido la de los delegados de programas federales y la ley de los salarios de los servidores públicos; en todo el país, los nombrados como delegados en las entidades federativas han sido motivo de ataque y bloqueo por parte de la clase política local, quien en búsqueda de mantener su status quo, tratan por todos los medios controlar a los delegados; por su parte la ley de salarios ha sido motivo de amparos, esperando que sus ingresos no se vean reducidos.
En este contexto hay que entender que hay un reacomodo de los actores del sistema político, por lo que existen nuevas prioridades gubernamentales, lo que se manifiesta en modificaciones, fusiones y desapariciones de los programas de políticas públicas; en la práctica, en política pública es difícil que los actores hablen de problemas públicos, lo que hacen es generar un discurso en torno a los instrumentos, es decir, en las soluciones que buscan satisfacer las necesidades de la sociedad.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2019, desapareció algunos programas gubernamentales, como pueblos mágicos, reformuló otros como el de adultos mayores y estancias infantiles, creó nuevos como el de jóvenes construyendo futuro; si revisamos las evaluaciones realizadas a los programas gubernamentales, encontramos que éstas acciones se justifican, programas que no tienen resultados, recursos mal aplicados, actos de corrupción por parte de los actores de política pública locales.
A partir de estas decisiones políticas se puede identificar un nuevo estilo de gobernabilidad: en primer lugar, en la agenda gubernamental están como prioridad, las personas en situación de pobreza, para lo cual las dependencias gubernamentales actuarán en una red de política pública, conducidos en lo local por un delegado, cuya función es más administrativa que política; durante muchos años, estos programas han sido implementados con criterios electorales, motivo por el cual los delegados son atacados por todos medios al alcance de la clase política local.
En segundo lugar; el instrumento de política pública dominante en el nuevo gobierno son las transferencias monetarias entregadas a los beneficiarios de manera directa, sin intervención de los gobiernos locales; ejemplo de ellos son los aumentos en el monto de los recursos entregados a los adultos mayores, becas a los jóvenes que formen parte del nuevo programa gubernamental, apoyos económicos a personas en situación de discapacidad, becas a la educación y ayudas económicas al campo; la política social es prioridad (véase gráfica).
Tercero, las políticas públicas focalizadas ya no serán la forma organizativa adoptada por las dependencias gubernamental, ahora lo son las políticas universales; ya no se atenderán situaciones sociales problematizadas, ahora en el centro de las políticas públicas estarán personas, en una condición social que para la nueva clase política es un problema público; esto representa toda una transformación en la forma de hacer frente a los problemas públicos, la medición de los resultados de la acción gubernamental, se trasforma.
Cuarto, la señal que se percibe es que se busca transformar la situación en la que se encuentran sectores sociales como: niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, campesinos, para lo cual se les entregará de manera directa las transferencias monetarias; los recursos ya no los recibirán las dependencias gubernamentales locales, quienes los venían administrando con criterios electorales, en opacidad, sin rendir cuentas y con evaluaciones a modo; la autoridad local pierde poder como actor de política pública, motivo por lo cual se están defendiendo utilizando a los medios de comunicación que tradicionalmente han sido sus aliados.
La nueva configuración organizativa de la administración pública es de centralización, la cual es recomendable en un contexto de ineficacia gubernamental y predominio de actos de corrupción; de adopción de políticas públicas universales diseñadas de manera sectorial, lo cual tiene como principal beneficio que impulsa una sociedad más igualitaria; estas situaciones las vive México, por lo cual tendríamos que tener la esperanza de que los problemas públicos podrán ser resueltos con un nuevo estilo de gobierno.
La clase política tradicional y sus aliados están heridos, los intereses dominantes se ven afectados, la nueva configuración organizacional de la administración pública federal y la transformación en los instrumentos de las políticas públicas les afecta, se defienden primero queriendo otorgar beneficios económicos y luego atacando a personas, inventado y magnificando sus acciones, muy lejos están de una discusión que se centre en el proceso de hechura de las políticas públicas, con base en un debate sustentado en las ideas y en evidencia empírica de las intervenciones gubernamentales.
En resumen, las políticas públicas de la cuarta transformación (4T), son políticas universales, diseñadas de manera sectorial, poniendo en el centro de la atención a las personas, utilizando como principal instrumento a las trasferencias monetarias, buscan transformar el status quo que incomoda a la nueva clase gobernante; nuevos actores entran al escenario, los tradicionales no los aceptan, pero la sociedad sí, lo manifestaron en las urnas; quienes ya estaban necesitan aceptar que van a perder parte de sus privilegios y los que llegan, reconocer que tienen mucho qué aprender en el complejo proceso de la hechura de las políticas públicas.
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