Con la alternancia política en el gobierno se espera que las políticas públicas se transformen, las primeras decisiones que se han tomado en el gobierno federal tienen que ver con el tema de la política social; un primer ejemplo es la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar; además se fortalece un área crítica de la administración pública, la descoordinación, con la creación de los Delegados Estatales de Programas Sociales.
La política social en México ha mantenido continuidad; el programa de transferencias condicionadas Progresa, creado en 1997, cambió de nombre a Oportunidades, en 2002, y a Prospera en 2012; esta estabilidad tuvo logros importantes, como la reducción de la pobreza y su diseño orientado a resultados permitió su evaluación; sin embargo en lo local tuvo efectos negativos, como fue su captura por grupos políticos locales, utilizándolo como instrumento de control político y creando beneficiarios inexistentes que impulsaron actos de corrupción.
La transformación más de fondo en la política social es la transición de programas focalizados a programas universales; un característica de los primeros es que están sujetos a reglas de operación, los cuales han tenido una tendencia a la baja entre 2008 y 2019 (véase gráfica); mientras que los segundos solo se apegan a los criterios en materia de ejercicio del gasto público federal; los focalizados buscan atender necesidades de poblaciones perfectamente delimitadas; los universales atienden a amplios sectores de la sociedad, buscando combatir la desigualdad, la exclusión social y la corrupción.
Con políticas públicas universales se estaría fortaleciendo al Estado de Bienestar, el cual ha sido debilitado desde 1983; treinta y seis años después se estaría rediseñando la relación gobierno – sociedad, creando canales de comunicación directa entre gobierno federal y sociedad local, sin la intervención de los gobiernos locales, con lo cual se estaría impulsando la cohesión social, el respeto de los derechos humanos, combatiendo el clientelismo político local y la discriminación.
Las políticas públicas focalizadas tienen la fortaleza de atender necesidades específicas de poblaciones objetivo bien identificadas, pudiéndose medir los resultados y el impacto obtenido después de su implementación. Pero tienen la desventaja que su aplicación es desvirtuado por los implementadores de los gobiernos locales, quienes los aplican con criterios electorales; además su diseño, implementación y evaluación es muy costosa en términos presupuestales.
Las políticas públicas universales tienen la ventaja de no excluir a la población de recibir los beneficios de los programas gubernamentales, se aplican en sectores amplios de la población, delimitándola a partir de que comparten una necesidad que es definida como pública; sus principales desventajas es que se complica la evaluación de resultados y de impacto, al no estar delimitada la población objetivo; además se necesita una gran cantidad de recursos presupuestales para atender a sectores amplios de la población.
La mayor parte de los programas gubernamentales que utilizan a las transferencias monetarias como instrumento de política pública han reorientado la lógica de la confianza, a partir de la cual funcionan estos programas; de una confianza depositada en las organizaciones gubernamentales se pasa a una confianza depositada en el beneficiario. Esto tiene beneficios y riesgos, por una parte, se da mayor libertad a la persona para el uso de los recursos, pero también se corre el riesgo que sean utilizados en otras necesidades personales.
El mayor riesgo que se tiene es que los recursos sean desviados, que no se gasten en salud, educación, vivienda, negocio propio, y se utilicen en la compra de celulares, en la fiesta familiar o en pagar deudas; el riesgo está, sin embargo, los recursos de las políticas focalizadas en algunas veces se quedaron en los intermediarios de los proyectos productivos, en captar simpatizantes para los procesos electorales, en hacer negocio con los recursos públicos; fueron vistos como generadores de recursos que impulsaron actos de corrupción.
Con el impulso de políticas públicas universales, se está impulsando una nueva gobernabilidad centrada en las personas y no en los intermediarios, sean personas u organizaciones, con ello se fortalece la confianza en las políticas públicas, tan debilitada en los últimos años por la percepción ciudadana. Combatir actos de corrupción al interior de las organizaciones gubernamentales y una gobernabilidad centrada en la sociedad sin duda contribuyen a fortalecer la democracia como forma de gobierno.
El mayor reto de la gobernabilidad centrada en las personas es la insuficiencia de recursos en la hacienda pública, por lo que se necesitarán políticas públicas que utilicen pocos recursos del presupuesto público, una opción son las políticas públicas orientadas a modificar comportamientos de la sociedad en situación de pobreza, en la población que tiene problemas de salud, en la población que contribuya a disminuir la inseguridad y que proteja al medio ambiente.
Transitar de un estilo de gobierno que actúa por políticas públicas focalizadas no es tarea sencilla; en el ámbito de los asuntos públicos ya existe una cultura de un gobierno orientado a resultados; se requiere generar conocimiento científico que impulse el diseño y funcionamiento de un gobierno que busca combatir la desigualdad, la discriminación y exclusión social, que fortalezca al Estado Social y no a un estado que solo impulsa el crecimiento económico como prioridad de sus políticas públicas.
En síntesis, una gobernabilidad que opera por políticas universales busca combatir la desigualdad, la cual es un gran pendiente histórico en México; los ganadores de las políticas públicas focalizadas ahora son los perdedores, lucharán con todo lo que esté a su alcance para mantener sus privilegios, pero deben de tener en cuenta que la transformación es la transición de la lógica de confianza depositada en las organizaciones públicas a una confianza depositada en la sociedad.
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